TAREAS PENDIENTES

 

Por Raúl Degrossi

El 54,11 % de Cristina la da el derecho de gobernar el país fijando su rumbo por los próximos cuatro años sin la obstrucción sistemática de la oposición, pero también le crea la obligación de profundizar el modelo, abordando todos los grandes temas pendientes del proceso político iniciado el 25 de mayo del 2003.

Más aun: diría que lo observado desde el 23 de octubre para acá -intento de golpev económico vía presión para devaluar y fuga de capitales mediante- indica claramente que, si el modelo no se profundiza, tendremos problemas; porque los poderes que no se someten nunca al escrutinio de la voluntad popular no están dispuestos a ceder ninguno de sus privilegios, ni los arredra el contundente respaldo popular al gobierno, y todo titubeo será interpretado -sin dudarlo- como claudicación.

Los temas pendientes o donde no se ha avanzado lo suficiente aun en estos años son muchos, y cada uno podría fijar su propia lista de prioridades: la ley de entidades financieras, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, el combate al empleo en negro, la reforma del sistema de salud o la reforma tributaria.

Pero me quiero detener hoy en dos, que están vinculados al tratamiento de las inversiones extranjeras en el país: la adhesión del país a la jurisdicción del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), aceptada en 1994 por la Ley 24.353, y el tratamiento de la remisión de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras radicadas en el país.     

En la reunión que tuvo hace pocos días Cristina con Obama en el G 20, el tema de la ejecución de los laudos del CIADI contra el país tuvo un protagonismo central: el presidente yanqui haciendo lobby por empresas que fueron concesionarias de servicios públicos en las privatizaciones de los 90´, empujado por los fondos buitres que no aceptaron ingresar en ninguno de los dos canjes de deuda hechos por la Argentina desde el 2003; Cristina sosteniendo la postura del Estado argentino: reconocerá los laudos (que condenaron al país) siempre y cuando las empresas soliciten su ejecución ante los tribunales argentinos.

El artículo 54 del convenio del CIADI es muy claro al respecto, y al país le asiste la razón: las empresas deben reclamar ante los tribunales argentinos el cumplimiento de los fallos del amañando tribunal del Banco Mundial, armado para favorecer sistemáticamente los intereses de las empresas multinacionales de los países del primer mundo para garantizar sus inversiones en el resto.

Pero eso no quita que mientras continuemos aceptando su jurisdicción seguimos encerrados en la trampa: baste señalar que el leading case que motivó el reclamo de Obama a Cristina es el de Azurix, una compañía norteamericana controlada por la tristemente célebre Enron, y que formaba parte del consorcio Aguas Argentinas; que explotaba los servicios de agua potable y saneamiento en la Capital Federal y el conurbano bonaerense por la concesión otorgada durante el menemismo, rescindida en el 2006 por Néstor Kirchner por gravísimos incumplimientos contractuales (por caso, sólo cumplió el 5 % de las inversiones previstas para la expansión de los servicios).

Formaba parte del mismo consorcio el llamado Grupo Suez, que explotaba acá en Santa Fe la concesión de los mismos servicios, y que también fue expulsado en el 2006 por incumplimientos contractuales  tan graves como los de Azurix; pero no obstante eso, también obtuvo un fallo favorable del CIADI.

El artículo 71 del mismo convenio constitutivo del CIADI contempla que los países firmantes lo pueden denunciar, y en un plazo de seis meses, la denuncia provoca que ya no se les aplique la jurisdicción del cuestionado tribunal.

Si bien el artículo 72 deja a salvo la subsistencia de la jurisdicción del CIADI para los casos de empresas e inversores ingresados al país antes de la denuncia, nos permitiría evitar que en el futuro tengamos otros laudos similares, máxime considerando el altísimo grado de extranjerización de vastos sectores de nuestra economía.

En esa línea, el proyecto de ley de tierras que está en el Congreso enviado por Cristina precisamente apunta a excluir la jurisdicción del CIADI en las controversias, sobre la base de que se trata de un recurso natural y no una inversión extranjera stricto sensu. 

El otro asunto tiene candente actualidad estos días, como que está directamente vinculado a las presiones sobre el dólar, como podemos ver acá:  

El tema es conocido: las casas matrices de las empresas extranjeras radicadas en el país les exigen que remitan cada vez más utilidades, para compensar en sus balances las pérdidas que les genera la recesión en los países del primer mundo; y esa es la principal fuente de fuga de capitales, y más concretamente, de dólares, que alimenta la presión devaluatoria sobre el tipo de cambio.

Pero es una fuga legal: la Argentina tiene uno de los regímenes más liberales del mundo, en lo que se refiere a facilidades otorgadas a los inversores extranjeros para remitir utilidades o dividendos (ganancias) al exterior, como consecuencia de la convergencia de la ley de inversiones extranjeras de Martínez de Hoz (Ley 21.382 de 1976), y la ley de emergencia económica del gobierno de Menem (Ley 23.697 de 1989), que no hizo sino empeorarlo. 

En Página 12 de hoy se toma nota del asunto, y vean como sólo mencionar la posibilidad de modificar las normas que rigen la inversión extranjera en el país le pone al diario La Nación los pelos de punta: 

Por que digo que la ley del menemismo empeoró a la de la dictadura: porque la Ley 21.382 reservaba algunos sectores de la economía en los que la llegada de inversiones extranjeras estaba sujeta a autorización del gobierno (cito tres: empresas de servicios públicos, energía y medios de radiodifusión), y permitía en ciertos supuestos restringir o suspender la remisión de dividendos al exterior, por ejemplo por problemas en la balanza de pagos; y la Ley 20.575 (del último gobierno de Perón) a la que reemplazó) fijaba un plazo mínimo de permanencia en el país de las inversiones para que se pudieran remitir utilidades al exterior, y un tope a éstas, obligando a reinvertir parte de las ganancias en el país .

La reforma introducida en 1989 (Ley 23.697) hizo tabla rasa con todos esos límites, incluso con la trampa de introducir la absoluta libre disponibilidad de las utilidades para que las empresas extranjeras las remitieran a sus casas matrices, al aprobar el texto ordenado de la ley de la dictadura en 1993; y la aceptación por la Argentina de la jurisdicción del CIADI complica aun más la cosa: las empresas tienen allí palenque donde rascarse, como diría Hernández en el "Martín Fierro".

El decreto dictado por Cristina hace poco en relación con las petroleras y mineras (aunque está en el camino correcto) no afecta este aspecto del problema (la remisión de utilidades), sino la liquidación de las divisas provenientes de la exportación; y en breve el Congreso empezará a discutir la prórroga de la Ley 25.561, que faculta al Poder Ejecutivo a establecer regulaciones cambiarias: sí, aunque parezca ridículo, fijar el tipo de cambio es atribución del Congreso de acuerdo a la Constitución, por lo que fue necesario que lo delegara en el PE en los términos del artículo 76 de la CN, para salir del esquema de convertibilidad al de flotación sucia administrada por el BCRA.

Pero para imponerles límites a las multinacionales con inversiones en el país para remitir utilidades a sus casas matrices (sea suspendiendo los giros por un tiempo, o fijándoles un límite o imponiéndoles la obligación de hacerlos en pesos, u obligándolos a reinvertirlas en el país), la Ley 25.561 podría no ser suficiente; por lo que parece imperioso propiciar una modificación del régimen de inversiones extranjeras, en el sentido indicado.

Esa sería un verdadero cambio estructural, que propenda a modificar la vulnerabilidad de nuestra economía como consecuencia del proceso de extranjerización de tantos años; y obviamente que afectaría intereses considerables, como toda medida estructural.

Porque en el país que viene no alcanzará con parches, como llamarlas por teléfono a las empresas para pedirles que retrasen los pagos, del mismo modo que -para combatir la inflación- no alcanzará con Moreno o los acuerdos de precios, y habrá que ir a fondo con los mecanismos de la Ley 25.156 de defensa de la competencia, contra los formadores de precios.   

Anticipándome al argumento del previsible despelote que se armaría, traigo a colación otra noticia publicada en los diarios esta semana:    

Un ejemplo concreto de que -cuando existe decisión política- se pueden emprender transformaciones: si el gobierno no hubiera tomado en el 2008 la decisión de liquidar las AFJP y volver a tomar el control de los fondos de jubilaciones y pensiones, no habría podido parársele de manos al grupo Techint para discutir su participación en Siderar; y muy probablemente esos 4170 millones de pesos en utilidades hubieran sido convertidos a dólares (representan casi mil millones en billetes verdes), y se hubieran fugado del país.

Y el kirchnerismo tomó la decisión de poner punto final a las AFJP en su momento de mayor debilidad política (tras la derrota en el conflicto del campo y el voto "no positivo" de Cobos), teniendo enfrente a los bancos (principales beneficiarios del curro), y a los socios principales de la AEA (Techint y Clarín) que participaron de la fiesta del sistema diseñado por Cavallo, y que veían de ese modo como el Estado recuperaba una herramienta clave para meter la nariz en sus negocios.

Con esa misma firmeza y decisión, sin tirarse a piletas vacías como con la resolución 125, preparando el terreno en la opinión pública y haciendo valer las mayorías que el gobierno tendrá en el Congreso a partir de diciembre, midiendo la correlación de fuerzas, pero dándole para adelante, hay que encarar estos temas pendientes.

En el mejor estilo kirchnerista: redoblando la apuesta bajo presión, en lugar de descansar haciendo la plancha, confiados en el amplio  respaldo popular obtenido el 23 de octubre.

Porque de ese modo se logrará la tan famosa calidad institucional (en serio, no con berretadas como el Consejo de la Magistratura o el INDEC), la sintonía fina y la profundización del modelo de que tanto se habla.