El jueves pasado Daniel, del blog amigo El Aguante Populista se preguntaba en ésta entrada si los opoxitracios o los medios que les bajan línea se iban a oponer o encontrarle reparos a una serie de medidas tomadas ésta semana por Cristina alentando la contratación de bienes y servicios por parte de las reparticiones del Estado nacional en empresas públicas y organismos del propio Estado o que éste controla, como el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF.
Por la nota de Clarín a la que corresponde la captura de pantalla vemos que (como no podía ser de otra manera) sí lo hicieron, y apelando a la opinión (en realidad queja) de partes interesadas, como presuntos proveedores del Estado que pierden negocios; y que además mienten a sabiendas.
Las medidas fueron instrumentadas por cinco decretos de Cristina publicados el mismo jueves en el Boletín Oficial, a los que pueden acceder acá en la edición digital; y que refieren -respectivamente- al pago de sueldos de los empleados del Estado nacional (que será siempre en el Banco Nación, sin excepción), la compra de automotores para las reparticiones públicas, no para los empleados com erróneamente informa Clarín (que se hará a través de Nación Leasing S.A.), la compra de combustibles para los vehículos oficiales (de ahora en más, exclusivamente a YPF S.A. salvo excepciones justificadas autorizadas por la Jefatura de Gabinete), los servicios de telefonía celular, radio y transferencia de datos (a través del sistema de acuerdos marco establecido un mes atrás por el Decreto 893/12) y pasajes aéreos (de ahora en más, exclusivamente con Aerolíneas Argentinas, Austral u Optar S.A., propiedad de ambas).
Medidas inteligentes, tendientes a optimizar el uso de los recursos del Estado orientando su poder de compra en primer lugar hacia el propio Estado y sus empresas: ¿o acaso no se quejan todo el tiempo de que Aerolíneas pierde plata y debe ser subsidiada?, en éste caso se le arriman recursos genuinos, producto de la venta de sus servicios; y lo mismo sucede con YPF.
En el caso del Banco Nación, las medidas son por demás lógicas, porque además es el agente financiero del Estado nacional; aquí en Santa Fe por ejemplo todos los sueldos de los agentes estatales (y los de los docentes privados que paga el Estado, vía subsidios) se liquidan por el agente financiero del gobierno provincial, que es el (privado) Nuevo Banco de Santa Fe S.A. del grupo Eskenazi.
Los proveedores consultados por Clarín para la nota (si es que verdaderamente hubo proveedores consultados, porque hace rato perdieron la costumbre de identificar a sus fuentes) mienten cuando dicen que lo decidido por Cristina vulnera el régimen de contrataciones del Estado nacional, o la ley de contrataciones públicas.
En todos los decretos firmados el jueves (con excepción del que refiere a los servicios de telefonía celular y transmisión de datos, donde el Estado no tiene empresas propias), se menciona al Decreto 1023/01, que es el régimen de contrataciones del Estado nacional, más específicamente a su artículo 25 Inciso d) Apartado 8), que dice textualmente que podrán efectuarse por contratación directa (sin licitación o concurso de precios): "Los contratos que celebren las jurisdicciones y entidades del ESTADO NACIONAL entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también con las empresas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado, siempre que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud. En estos casos, estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato"
El problema entonces es que hay muchos (los proveedores estatales, el propio Clarín al que no le molesta que no se haga licitación pública cuando se trata de imprimir las boletas únicas o contratar los stands de Expoagro, gastos ambos completamente prescindibles además), que siguen prefiriendo el Estado bobo.
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