Hace un par de meses atrás les contábamos en esta entrada lo que estaba pasando en el Ministerio de Salud de la provincia con los gastos derivados de los tratamientos de diálisis y hemodiálisis que se derivan a efectores de salud privados.
Decíamos entonces: "Un ejemplo típico de lo expuesto es el caso de los tratamientos de diálisis, que se canalizan a través de la asociación de prestadores del rubro, mecanismo al cual se sumó luego el Ministerio de Salud de la provincia, para los pacientes que se atienden en los hospitales públicos; como lo muestra el decreto que encabeza el post. Un decreto que aprueba un convenio con la asociación que nuclea a los prestadores de servicios de diálisis, modificando otro del 2016 por el cual el IAPOS les pagaba a ellos los servicios de los pacientes derivados desde los hospitales provinciales para ese tipo de tratamientos, y luego el Ministerio de Salud les reintegraba los importes: evidentemente la situación financiera de la obra social (que tuvo que ser asistida por el Tesoro con adelantos de la contribución patronal del Estado empleador) ya no permitía sostener ese mecanismo."
"Lo que no cambia, sin embargo, es el hecho de que la provincia sigue sin hacer valer la enorme “cartera” de pacientes que deriva a efectores privados de salud, sea a través del IAPOS o desde los hospitales provinciales del Ministerio de Salud, parta obtener mejores condiciones financieras a cambio de las prestaciones: por el contrario, ahora el Ministerio está adoptando para los hospitales el nomenclador de tarifas que ya viene aplicando la obra social, que no son otras que las impuestas por los prestadores.".
"Y en el caso particular del Ministerio de Salud, hay que añadir otra cuestión: no se entiende por que razón una gestión que ha invertido en infraestructura para construir nuevos hospitales en distintos puntos de la provincia, no los haya invertido en generar en ellos o en otros efectores de salud sus propios servicios de diálisis, sin necesidad de tener que derivar a los pacientes a efectores privados.".
"No se trata de una inversión menor: como lo muestra el decreto, se gastan casi 98 millones de pesos en este rubro, solo para los meses de octubre y noviembre de éste año; lo que supone unos 600 millones de pesos al año en un servicio que la provincia podría brindar a través de los efectores públicos de salud.".
Pues bien, tal parece que nos quedamos cortos: el convenio del que hablamos generó su aplicación retroactiva, y el pago de diferencias a los prestadores privados, que demandaron un refuerzo de partidas de casi 116 millones de pesos para el Ministerio de Salud, exclusivamente destinados a ese fin (ver decreto de apertura). Para contrastar, recordemos que hace poco el mismo ministerio transfirió a todos los hospitales y SAMCO de su dependencia a lo largo y a lo ancho de la provincia, apenas 75 millones de pesos como refuerzo de sus partidas de gastos de funcionamiento.
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