LA FRASE

"MI DECLARACIÓN JURADA VIENE DEMORADA PORQUE LE PEDÍ A MARCOS LAVAGNA QUE ME DIERA UNA MANO PARA HACERLA." (MANUEL ADORNI)

sábado, 9 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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viernes, 8 de mayo de 2026

AMOR NO CORRESPONDIDO

 

Hace un tiempo ya decíamos nosotros en ésta entrada: "Baja de costos, eliminación de retenciones, licitación de la hidrovía, obras en las rutas que van a lo puertos: la similitud de los planteos del gobernador con las demandas de las cerealeras exportadoras con base en Santa Fe es tal, que son lo mismo. Y las empresas consiguieron un lobbista calificado de sus intereses, al que le pagamos el sueldo nosotros. Lo raro es que mientras pide baja de costos (al menos para las exportadoras) Pullaro los aumenta: aumentó la luz y el agua, el transporte interurbano y los peajes de las rutas provinciales.". Y lo que pone como una virtud (que la provincia invierta en arreglar rutas), es un vicio: veíamos acá que compró llave en mano un esquema armado por las propias exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario para arreglar las rutas de acceso a los puertos del sur de la provincia, por el cuál ellas le prestan la plata a la provincia (que se endeuda) para hacerles las obras, y además le cobran los intereses, mientras las obras aun no arrancaron.". 

En éste otro posteo explicábamos el sistema diseñado por la Bolsa de Comercio de Rosario (y comprado como un buzón por Pullaro) por el cual la provincia se endeudó en más de 50.000 millones de pesos de hace más de un año con las cerealeras para hacerles los accesos a los puertos...a las cerealeras. No conforme con eso, tomó un préstamo por la CAF por 150 millones de dólares con el mismo fin; y el 4 de mayo de éste año (o sea el lunes pasado) dictó el Decreto 921 por el cual transfiere de ese financiamiento 111.492 millones de pesos a Vialidad provincial para "...la ejecución del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario”...".

También en ésta misma semana su ex vicegobernadora y actual diputada nacional que ingresó al Congreso en diciembre por "Provincias Unidas", Gisela Scaglia, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para eliminar progresivamente las retenciones hasta su desaparición, y sacarle al Poder Ejecutivo la facultad de reponerlas o modificar las alícuotas; en un contexto en el que los conflictos internacionales hacen subir el precio del petróleo, el gas y los commodities.

Sin embargo, parece que tantos gestos de amor del oficialismo provincial al sector exportador (el verdadero beneficiario de todas éstas medidas) no fueron correspondidos. Leemos en Rosario 12: "El anuncio del secretario de Coordinación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, acerca de la creación por ley de un aporte del sector privado vinculado a la agroexportación para constituir un fideicomiso mixto (con participación estatal y privada) con el objetivo de mantener el circuito vial de acceso a puertos, generó la reacción de exportadores y acopiadores que pusieron el grito en el suelo y hasta prometieron llevar el asunto a instancias judiciales. La Casa Gris piensa en un aporte de los puertos de U$D 1,5 por tonelada enviada al exterior para reparar rutas, cuyo mantenimiento hoy financia el conjunto de los contribuyentes santafesinos.". 

"A esa queja histórica del sector, que no paga Ingresos Brutos en Santa Fe, el dirigente le agregó que “es imprescindible ir a sistemas diferentes para gestionar obras públicas específicas y sin costos para la carga”. El presidente de la Federación de Entidades Acopiadoras, Fernando Rivara, fue un paso más allá para que no le toquen “la suya”, al afirmar que “no hay manera de justificar tanta plata” y adelantó que en caso se ponerse en funcionamiento el esquema que elabora la gestión de Maximiliano Pullaro van a “ir a la Justicia”.".

"Durante el evento en la Bolsa, Idígoras destacó que “el año pasado tuvimos 98 millones de toneladas de granos comercializadas de manera fluvial y marítima” mientras que “este año serán de 120 a 125 millones”. Y arremetió: “Las tasas municipales no pueden ser punitivas sin prestación alguna, hay que eliminarlas de por sí”, y agregó que “también deben eliminarse los derechos de exportación”. En ese punto hizo hincapié Cunha. “Si volvieran cuatro puntos de retenciones no tendríamos que pensar en un fideicomiso para hacer las obras”, dijo el funcionario a Rosario/12." (las comillas son del texto y las negritas nuestras, en todos los casos) 

Un sistema posible para financiar obras públicas (en especial en la red vial) aunque no sin costos para la carga, sería cobrar un impuesto sobre los combustibles líquidos -porque son los vehículos que lo cargan los que destrozan las rutas, en especial el tránsito pesado- y destinar su producido a financiar su mantenimiento. Algo como lo que ya existe desde la Ley 23966 de 1991; y que el gobierno de Milei (al que apoyan las cerealeras, la Cámara de la Industria Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario) viene embolsando para disfrazar un superávit fiscal trucho, mientras deja que se destruya la infraestructura vial del país sin poner un solo peso en repararla o mantenerla.

También se podría probar con las concesiones viales con cobro de peaje, como las que está licitando el gobierno nacional en estos momentos, o la que busca imponer en las rutas nacionales que les quiere transferir a las provincias por el Decreto 253 de Milei, analizado acá. Claro que en esos casos no sería "sin costos para la carga" como pide el sector, al que no se lo oyó protestar por esas medidas del gobierno nacional.

Otro sistema posible (y éste sin costo para la carga, como piden las cerealeras y exportadores en general) sería -como parece sugerir el funcionario provincial- que un porcentaje de lo recaudado por el Estado nacional en concepto de derechos de exportación (retenciones) se coparticipe a las provincias, con la expresa afectación a obras de infraestructura (gastos de capital, inversión pública), incluyendo en ellas el mantenimiento y reparación de las rutas. 

Algo así como el Fondo Federal Solidario (vulgarmente denominado fondo sojero) creado por Cristina en 2009 mediante el DNU 206, coparticipando a las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados (como recordaba hace poco Máximo Kirchner en su discurso en Cañuelas). El tema es que el Fondo fue suprimido por Macri mediante el DNU 756/18, y nunca repuesto después, tampoco por Milei. Macri y Milei, los dos presidentes que la UCR y Pullaro apoyaron, y de cuyos gobiernos -directa o indirectamente- fueron parte. 

Tuits y video relacionados: 

 

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jueves, 7 de mayo de 2026

PRIVATIZARON LA EPE Y NO NOS AVISARON

 

El pasado 28 de abril el directorio de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) dictó la Resolución 186, por el cual aprueba el balance de la distribuidora correspondiente al ejercicio 2025. De sus números surgen varios datos de interés para el análisis, que permiten comprender el rumbo de gestión que le ha impreso el gobierno de Pullaro, y el contexto en el que esa gestión se desenvuelve.

Señala el documento que "Las Cuentas por cobrar a clientes constituyen el 75,91% del Activo Corriente en 2025 en tanto que, en 2024, representaban un 65,69%. Además, en 2025, el rubro en cuestión constituye el 25,80% del Activo Total de la Empresa mientras que, en 2024, representaba un 20,99%. En su integración se observa que el principal componente lo constituye el ítem Deudores por Ventas de Energía (Nota 2-2), el cual experimentó un aumento del 36,99% respecto del saldo del ejercicio anterior.". Al mismo tiempo agrega que la Previsión para Incobrables tuvo un aumento en relación al año pasado del orden del 44,37%, y en el "Otros Ingresos de Explotación" se constata un aumento en término reales (por encima de la inflación) de los Recargos por mora del 24,82%.

Esos números denotan claramente que a la la gente le está costando cada vez más pagar la luz, o hacerlo en tiempo buena parte de la mejora del Activo No Corriente de la empresa obedece a que tiene cada vez más cuentas por cobrar de los usuarios, porque aumenta la morosidad, y por eso también aumenta la Previsión para Incobrables: números que abren alertas a futuro si el proceso no se revierte.

Luego aparece otro dato impactante: señala el documento que “La Venta de Energía Eléctrica, alcanzó los $1.380.405,74 millones presentando un aumento del 32,35% respecto de las ventas del ejercicio anterior actualizadas al 31/12/2025 mediante la aplicación del coeficiente de reexpresión anual. A título ilustrativo, en el cuadro que sigue se muestra la Venta facturada de Energía Eléctrica de los años 2025 y 2024 a valor histórico, con el solo fin de ver su comparación sin los efectos de la inflación ocurrida. En este supuesto, las Ventas se incrementan el 83,68%.”.

Para que se entienda: las facturaciones por ventas de la EPE aumentaron un 32,35 % por encima del nivel general de la inflación, en un año en el que la empresa puso en práctica la indexación mensual del VAD (Valor Agregado de Distribución), es decir lo que la distribuidora provincial agrega al servicio por encima de la compra de electricidad en el mercado mayorista. La conclusión es muy clara: los tarifazos dispuestos por la gestión Pullaro han sido brutales, muy por encima de la inflación general. Comparemos si no ese 83,68 % que aumentaron los ingresos por tarifas de un año al otro en términos nominales, con los porcentajes de aumento que la misma gestión Pullaro otorgó en sus salarios a los distintos sectores de trabajadores estatales santafesinos. 

Sigue señalando el balance: “Por su parte, el Costo de Producción (Anexo II) representa un 79,64% del total de los Gastos y registró un aumento de 9,98% respecto del año anterior ajustado, siendo su principal componente la Compra de Energía Eléctrica (79,17%), la cual experimentó un aumento del 11,33% en comparación con el ejercicio 2024 ajustado. La compra de energía se registra por lo devengado en el período facturado correspondiente. El segundo componente con mayor incidencia en dicho costo lo constituye el Gasto en Personal (14,91%) presentando una disminución respecto del año anterior ajustado de 0,39%.”. Queda claro una vez más que los sueldos del personal no son el problema de la empresa ni su principal costo, ni de cerca. De hecho los ajustaron en términos reales, lo que significa que perdieron contra la inflación.

“Como consecuencia de lo anterior, el Resultado Bruto de la Explotación en el ejercicio 2025 es positivo ($ 422.716,77 millones) y presenta un aumento del orden del 162,83% respecto al ejercicio anterior ajustado, dado que los Ingresos por Servicios aumentaron un 32,91% y los Costos de Producción aumentó un 9,98%.”

Es decir que aumentaron los ingresos por tarifas tres veces y media lo que aumentaron los costos de producción del servicio, en términos reales. O sea que estuvieron haciendo un colchón colosal de recursos, que no se emplearon en mejorar los servicios en la misma proporción; con niveles de tarifas que incrementan los costos de producción y funcionamiento de empresas y negocios, y también incrementan la carga sobre los ingresos de los usuarios residenciales. No obstante eso, igual hubo aportes del Tesoro a la EPE en compensación por tarifas diferenciales por más de 51.000 millones de pesos, lo que sugiere que mucho análisis de costos reales de prestación de los servicios de la empresa no están haciendo que digamos en el gobierno provincial.  

“En el rubro Resultados Financieros generados por Pasivos se observa un aumento del 2,82% en relación al año anterior ajustado. La principal causa de esta variación se origina en el incremento de los Intereses por Mora a Proveedores y Contratistas (394,47%), de los cuales el 99,66% corresponden a CAMMESA y el 0,34% al resto de proveedores. Éste Rubro es el de mayor incidencia (59,03%) dentro de Resultados Financieros Generados por Pasivos.”

Esos números suponen que sigue creciendo exponencialmente la bola de nieve de la deuda con CAMMESA por la compra de energía en el mercado mayorista, aun teniendo la empresa considerables mayores ingresos por tarifas. Hay algo que no cierra, o el colchón que acumula por la diferencia entre ingresos y gastos, tiene otro destino. Pero veamos el siguiente cuadro: 

“III) INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores de Rentabilidad

Al 31/12/25

Al 31/12/24

EBITDA1

$ 233.712.146.233,29

$ 68.247.854.186,66

EBIT2

$ 196.665.380.293,57

$ 32.165.928.943,58

EBT3

$ 134.143.225.910,44

$ -28.641.851.527,96

EBITA cómo % de Ingresos por servicios

15,75%

6,11%

EBITA cómo % de Venta de Energía

16,93%

6,54%

EBIT como % de Venta de Energía

14,25%

3,08%

1Resultado de explotación antes de amortizaciones, intereses e impuestos.

2Resultado de explotación antes de intereses e impuestos.

3Resultado de explotación antes de impuestos.”

Los indicadores de gestión que expone el cuadro precedente son consecuencia lógica de los números analizados antes: crecen en forma exponencial la facturación de la EPE por sus servicios y sus ingresos como consecuencia de los aumentos de tarifas, aun creciendo la morosidad (que en un punto alimenta los ingresos por el cobro de intereses). Y los niveles de rentabilidad de la empresa medidos de diferentes modos y considerando distintas variables se triplican o cuadruplican de un año a otro, de un modo en que, si fuera una empresa privada y no una administrada por el Estado, se cuestionarían como excesivos; más en un contexto de crisis económica.

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miércoles, 6 de mayo de 2026

CRISTINA LIBRE

 

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TWEETS POLÉMICOS

 

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martes, 5 de mayo de 2026

COMO ARMAR DESARMANDO

 

Este lunes apareció publicado en el Boletín Oficial el DNU 314 (completo acá), por el cual Milei aprueba el "Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino "; cuyos fines son "...el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional,...".

A esos fines, el DNU dispone destinar el 10 % del producido de la venta de inmuebles del Estado nacional que el gobierno está llevando adelante en el marco de la ley bases, porcentaje que podrá elevarse hasta el 70 % si los bienes vendidos estaban afectados al uso de las Fuerzas Armadas. En el decreto se mencionan tanto la Ley 24948 (1998), cuyo artículo 19 dispuso diferentes alternativas para su reequipamiento, como la Ley 27565 de 2020, que creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); y se señala que lo que dispone no excluye lo que establecen esas normas, sino que las complementa.

Lo que está haciendo Milei por el DNU -firmado a la vuelta de hacer cosplay de Top Gun en un portaaviones yanqui que navega el Mar Argentino sin autorización del Congreso nacional como manda la Constitución- es establecer una fuente contingente de recursos (que depende de que se vendan bienes del Estado, que salen de su patrimonio), para atender una necesidad permanente (el reequipamiento de las Fuerzas Armadas).

Vistas así las cosas en el contexto de un gobierno que mantiene a los uniformados con sueldos paupérrimos, desfinanció hasta quebrar y vaciar su obra social y está comprando chatarra estadounidense de rezago (como los F16) como si se tratara de tecnología de última generación, el DNU parece más dirigido a validar el remate del patrimonio público de los argentinos, que a modernizar y equipar a nuestras Fuerzas Armadas. 

Es decir está hecho más pensando en los negocios de Elsztain o Costantini, que en las necesidades de la defensa nacional; considerando además que la venta de terrenos y edificios de las FFAA están entre las operaciones más cuestionadas de la gestión libertario, incluso por opositores "razonables" como Pichetto.

Y ya que el decreto menciona a la ley que creó el FONDEF durante el gobierno de Alberto Fernández, recordemos que ésta dispuso en su artículo 3° distintos criterios a tener en cuenta en la adquisición de equipamiento para las fuerzas, siempre que fuera posible: "1. Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; 2. Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; 3. Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado (y) 4. Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.". 

Ninguna salvedad hace al respecto el DNU, con lo que cabe suponer que en caso de llevarse a la práctica sus disposiciones, con esos recursos se seguirá comprando chatarra extranjera, sin transferencia de tecnología ni utilización acorde nuestras reales necesidades de defensa, o posibles hipótesis de conflicto.

Pero la mayor trampa del DNU está en lo que no dice, y es que a fines del año pasado, al aprobarse el Presupuesto nacional para éste año por la Ley 27798, se derogó el inciso a) del artículo 4° de la Ley 27565 de creación del FONDEF. Esa norma establecía el principal componente de los recursos del Fondo, que se debían destinar al reequipamiento de las Fuerzas Armas: un porcentaje del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional, que desde 2023 era del 0,8 %; aporte que -según la misma norma-es independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional.

Es decir que además del dato objetivo que desde éste año esos recursos los embolsa Caputo para hacer con ellos lo que se le antoje (como hace con el producido del impuesto a los combustibles líquidos que debía destinarse al mantenimiento de las rutas, o el Fondo de Educación Técnica), hay una diferencia cualitativa muy grande entre la ley del FONDEF y el DNU: una creaba una fuente permanente de recursos para atender una necesidad también permanente, el otro crea una fuente que el día que no queden inmuebles para vender se agota, y el reequipamiento militar que lo financie Magoya (muy posiblemente tomando deuda), si es que se hace.

Eso sin contar que estamos ante un gobierno que deja de lado la discusión sobre la prioridad entre gastar en la defensa del país u otros fines, porque decidió de entrada no gastar en nada que no sea pagar la deuda; como lo pueden comprobar los jubilados, las universidades nacionales, los que andan por las rutas del país, los investigadores científicos o las personas con discapacidad y sus familias. 
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lunes, 4 de mayo de 2026

LAS COSAS POR SU NOMBRE

 

El video de apertura corresponde al discurso completo de Máximo Kirchner en un acto en Cañuelas, el pasado sábado 2.

Se entiende que no siempre es fácil disponer de 40 minutos para ver algo con detenimiento, pero en éste caso vale la pena.

Un poco para desmentir el lugar común del gordito jugando todo el día con la play que se ha construido en torno a su figura (creación de Lanata que hasta algunos compañeros terminaron comprando), y otro poco porque Máximo es lo más parecido que se puede encontrar a un vocero del pensamiento de Cristina, quien siempre prefirió ser su propia vocera, al menos en otros tiempos.

Se podrá o no estar de acuerdo con todo o parte de lo que dice en su discurso, pero vale la pena escucharlo, porque hay cosas que no son simples opiniones suyas, sino datos concretos de realidad, que algunos prefieren olvidar a menudo, por conveniencia.

Un recordatorio -si se lo quiere ver así- y hasta un encuadre político de la realidad que -al menos a nosotros- nos parece necesario para los tiempos que se vienen, en la política y en el país. 

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EL GOEBBELS SANTAFESINO

 


Decir tantas mentiras en un video de 2 minutos 25 segundos de duración debe ser un nuevo récord mundial. Más cuando los primeros 34 segundos los gasta el periodista amigazo que -casi pidiendo disculpas por preguntar- le dice a Pullaro que a Santa Fe no le caben las críticas que se hacen desde el gobierno nacional a otras provincias, porque acá el 60 % de la industria no paga Ingresos Brutos, y la actividad agropecuaria está exenta: esto último es cierto pero pasa desde 1993 (o sea que no tiene nada que ver Pullaro con eso), y lo otro, en fin, el muchacho debe tener su propia versión del Código Fiscal. En caso de duda, que les pregunte a los industriales santafesinos.

Pero vamos a desmenuzar las afirmaciones que hace Pullaro tratando de responder a las críticas plasmadas en el informe del CEPA que se conoció a principios sobre la evolución de la planta de personal ocupado de la provincia; y -más importante pero olvidado por el periodista en la entrevista- sobre la evolución del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos provinciales de todos los sectores.

1) Dice Pullaro "Nos comprometimos a bajar la planta de personal de la provincia y cumplimos, porque tenemos 5000 empleados públicos menos". Es difícil saber si dice o no la verdad, porque (cosa que veremos más abajo) no hay información oficial actualizada disponible al respecto, al menos en Internet.

De hecho, según los últimos datos la provincia tenía (en sus tres Poderes y todos sus organismos ty reparticiones) 155.717 empleados en diciembre del 2023 (teniendo en cuenta que la mayor parte de ese mes corresponde a la nueva administración que iniciaba su mandato), y 157.427 a marzo de 2025 (último dato disponible). O sea, no solo no tenía menos, sino que tenía 1710 más; de modo que para que lo dice Pullaro sea cierto debería haber habido un montón de despidos, renuncias, fallecimientos o jubilaciones, y en ese caso, su gobierno habría contribuido a aumentar el déficit de la Caja de Jubilaciones (aun habiéndoles metido la mano en el bolsillo a los trabajadores activos y pasivos de la provincia), al disminuir el número de aportantes y aumentar el de jubilados.

2) Dice Pullaro que los contratados de la Administración Pública que permanecen dos años en esa condición adquieren por ese solo hecho el derecho a ser pasados a planta permanente. Si eso fuera así (que no lo es) su gobierno violó las normas al dejar sin efecto más de 800 designaciones de contratados en planta permanente hechas por el gobierno de Perotti en el marco de los acuerdos en paritarias con los distintos sectores de gremios estatales. Al hacerlo violó las leyes de paritarias, pero ese es otro asunto: pasar a los contratados a planta permanente es una decisión política que cada gobierno puede o no tomar, de hecho al hacerlo Perotti benefició a contratados que venían en esa condición desde los gobiernos del socialismo, por mucho más tiempo que dos años.

3) Frente a ese problema (que reiteramos, es político y no jurídico) dice Pullaro que "le encontraron un formato" para que nos les pase, designando como "empleados de gestión" a los AT (Asistentes Técnicos), que cobran menos o lo mismo que los contratados pero no quedan en planta, porque llegaron con ellos y se van con ellos. Eso último no se puede refutar, simplemente porque no se fueron y todavía están en el gobierno, veremos en su momento que hay de cierto en sus dichos.

Sobre los salarios, otro tanto: no solo que no hay información disponible para comprobarlo, sino que su nivel depende de cada contrato individual (no hay escalafones), o de cada designación individual de AT (Asistente Técnico). Lo que sí hubo (no en éste gobierno, precisamente) es un monto mínimo garantizado para el personal contratado, y (esto si en éste gobierno) "ascensos de categoría" (y de salarios) para los AT.

Tampoco es cierto que "le encontraron un formato": los AsistentesTécnicos (AT) son una figura creada por el Decreto 154 firmado en diciembre de 2003 por Jorge Obeid. Lo que sí hizo Pullaro (por los Decretos 45/23 y 458/24) fue modificarlo, creando doce (12) categorías de "Asistentes Técnicos" (AT), como si tuvieran su propio escalafón (el del personal de planta permanente tiene solo 9 categorías). Y los AT vinieron a reemplazar al Personal de Gabinete (Clase 08 en el presupuesto), que existía desde 1984. De hecho, si las palabras de Pullaro sobre "buscarle la vuelta" se tomaran en forma literal, significarían que está admitiendo que cometió fraude laboral .  

4) Dice Pullaro que "todas las administraciones anteriores dejaron capas geológicas de empleados públicos", y es prematuro aun saber si la suya no lo hará, porque aun le queda un tercio de mandato. Pero entre esas administraciones que engrosaron el plantel estatal están las del Frente Progresista entre 2007 y 2019, de las que la UCR y el propio Pullaro como funcionario, fueron parte. De hecho, los empleados de la provincia pasaron de 110.962 en diciembre de 2007 (cuando Obeid fue sucedido por Binner) a 142.363 en diciembre de 2019, cuando Perotti sucedió a Lifschitz.

Después podemos discutir como se desglosa ese aumento y cuantos de los nuevos cargos corresponden a policías, médicos, enfermeras o docentes, pero aportamos las cifras porque Pullaro no discrimina (o sí), y habla de "capas geológicas"; cosa que además siendo como es (radical, y por ende compuesto en un 30 % de agua y un 70 % de empleo público), debería ser un poco más prudente.

5) Dice Pullaro -en un tramo un poco confuso- que los AT (Asistentes Técnicos) son "empleados de gestión", pero que funcionarios políticos, lo que se dice funcionarios políticos, ellos tienen menos que el gobierno anterior. Miente, por supuesto: los funcionarios políticos (técnicamente llamado Autoridades Superiores, clase 01 en el presupuesto) comprendiendo en tal categoría los ministros, secretarios de Estado, secretarios ministeriales, subsecretarios, directores provinciales, miembros del directorio de las empresas y sociedades del Estado, representantes de la provincia en otro entes, etc, eran 419 durante el gobierno de Perotti, y son 560 con el gobierno de Pullaro: un incremento del 33,65 % de un gobierno al otro. 

6) Tratando de refutar al CEPA, dice Pullaro que el informe es engañoso, y que los datos reales están, y ellos saben donde buscarlos. Que nos cuente a todos, así vamos y nos fijamos, porque como pueden ver acá su gobierno -que lleva 29 meses de mandato- dejó de publicarlos desde diciembre del 2023, solo publicó los datos de marzo del 2025 (ninguno del 2024, ni del resto del 2025, ni de éste año).

¿Acaso para que no se notara que no es que triplicaron el plantel político en relación al que tenía Perotti (como dice el informe del CEPA y Pullaro desmiente), sino que lo quintuplicaron? Porque al momento de subir estás líneas, Pullaro contaba (designaciones vigentes con sueldos liquidados) con 2503 cargos políticos, fruto de sumar 560 funcionarios (Autoridades Superiores) y 1943 Asistentes Técnicos (Personal de Gabinete o AT); contra 534 de Perotti (419 funcionarios y 115 AT). 

4,69 a 1 sería la relación de un gobierno al otro; que ojalá la tuviera la Caja de Jubilaciones y Pensiones entre aportantes y jubilados, así no hubiera hecho falta bolsiquear a los empleados públicos y jubilados provinciales con la reforma previsional que impulsó el actual gobernador.

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domingo, 3 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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