DISIDENTE

En una entrada anterior señalábamos que el gobierno de Binner llevaba acumuladas más de 100 observaciones legales del Tribunal de Cuentas, y que los actos observados eran sistemáticamente insistidos en su ejecución, decreto del gobernador mediante.

Al 13 de este mes, Binner levaba firmados exactamente 106 decretos de insistencia frente a otras tantas observaciones del Tribunal de Cuentas, lo que equivale a 2,52 por cada mes que lleva en el gobierno, o uno cada doce días más o menos.

De ese total, 35 fueron dictados en lo que va de este año hasta la fecha señalada, con lo cual el promedio en el 2011 es de un decreto de insistencia cada menos de cinco días; lo que indica que el asunto se está agravando, lejos de resolverse.

Alguien podrá decir: ahora abundan las observaciones legales, porque el Tribunal de Cuentas está cooptado políticamente por los gobiernos anteriores, y por ende actúa como un brazo de la oposición al Poder Ejecutivo; y en parte tendría razón: Reutemann y Obeid, a su turno, metieron mano en el organismo y designaron personas de su confianza como vocales.

Pero los mandatos de esos vocales se fueron venciendo, y ninguno de ellos fue renovado por Binner; a lo que hay que agregar que, desde que fue sancionada la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado 12.510 (2006), no existe más la prórroga automática del mandato vencido hasta la designación de un nuevo vocal, que estipulaba su antecesora la Ley 6592, en franca oposición al artículo 81 de la Constitución provincial.

Precisamente cuando la Ley 12.510 se sancionó, Obeid dictó este decreto reglamentando el mecanismo de consulta a las instituciones profesionales y académicas sobre los potenciales postulantes a ocupar cargos en el órgano de control, en el marco de lo dispuesto por el artículo 193 de la ley. El sistema era similar al instaurado por Néstor Kirchner para seleccionar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por este decreto.

Al asumir Binner, reemplazó el sistema mediante este otro decreto, por el cual se estableció un sistema de concursos a llevarse a cabo a través de un Consejo de Selección, con miembros designados por los Colegios Profesionales (la Ley 12.510 incorporó por primera vez abogados al organismo); y presidido por el Ministro de Economía Angel Sciara, actuando como Secretario el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación.

Hagamos aquí un alto: si bien es un avance que se realicen concursos para la cobertura de estos cargos (en los que cualquiera que cumpla los requisitos exigidos por la Constitución se puede presentar), no se puede pasar por alto que el organismo evaluador es presidido por el responsable de manejar todo el Presupuesto provincial y los dineros públicos (cuyo control está a cargo justamente del Tribunal de Cuentas), y por el encargado de manejar la firma del despacho del gobernador, que es quien puede dictar actos que merezcan objeciones; y además cuenta en exclusiva con la facultad de insistir.

En ese contexto y como se dijo, se fueron venciendo los mandatos de los vocales que provenían de la gestión anterior hasta que, de los 5 que prevé la Ley 12.510, sólo quedaba uno en funciones, con lo cual el cuerpo estaba virtualmente impedido de funcionar, o debía hacerlo integrándose con suplentes ad hoc provenientes del personal de carrera del organismo, situación harto irregular.

El gobierno de Binner estrenó el sistema de concursos cubriendo una vacante con la designación de la contadora María del Carmen Crescimanno,  que casualmente (o no) provenía del Tribunal Municipal de Cuentas de Rosario.

Esta situación de demorar el gobernador dos años (la mitad de su mandato) en producir el primer nombramiento de su gestión en el Tribunal de Cuentas (pese a existir vacantes) hay que relacionarla con otras: la acefalía total en que llegó a funcionar durante casi dos años de su gobierno el ENRESS (ente de control de la prestación de servicios sanitarios) hasta que se designaron sus directores; o el casi año y medio que el propio Binner tardó en designar a la titular de la Sindicatura General de la Provincia, es decir el órgano de control interno. La Sindicatura Adjunta continúa aun vacante. 

Pero volvamos al Tribunal de Cuentas: una vez designada la contadora Crescimanno, el gobierno modificó el sistema de selección de los futuros aspirantes a ocupar cargos de vocales en el cuerpo, mediante este otro decreto de Binner. 

La modificación consistió básicamente en disminuir el  peso de los antecedentes laborales, profesionales y académicos de los candidatos, aumentando correlativamente el asignado a la entrevista personal que los mismos deben mantener con el Consejo de Selección, integrado como ya dijimos: con la presencia preponderante del Ministro de Economía -un hombre de tanta confianza de Binner que lo llevaría a las mismas funciones en la nación si fuera presidente- y el Secretario Legal y Técnico; o sea el que le cuida la firma.

Tal fue el cambio que, conforme a la nueva reglamentación, la entrevista personal pasa a ser virtualmente la llave del concurso; algo parecido a lo que el gobierno del Frente Progresista hizo con los concursos para cargos de jueces que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.

Con la reglamentación modificada, acaba de ser designado como nuevo miembro del Tribunal de Cuentas el abogado Gerardo Gasparrini, que al igual que Crescimanno y los restantes vocales, obtuvo acuerdo legislativo como lo exige la Constitución; mientras se anuncia la realización de otros concursos para cubrir las restantes vacantes. 

Lo que implica que en un eventual  gobierno de Antonio Bonfatti o de Agustín Rossi, el socialismo habría logrado durante el gobierno de Binner colocar a todos los miembros del Tribunal de Cuentas.

Dijimos antes que, hasta tanto eso se produzca,  el órgano de control completaba sus cinco miembros con suplentes ad hoc designados del personal de carrera, y así sucedió aun después de la asunción de la CPN Crescimanno: ella y Alfredo Esquivel (el único sobreviviente de los gobiernos anteriores), junto a tres vocales suplentes (personal de carrera), vienen deliberando en plenario para adoptar las decisiones más transcendentes del TC, como por ejemplo observar un acto administrativo, o considerar la Cuenta General del Ejercicio.

Y aquí vienen las curiosidades con Crescimanno: de las 70 observaciones del Tribunal formuladas desde que ella está en funciones, en 16 manifestó su disidencia con el criterio adoptado por el cuerpo; y en todas ellas su opinión fue invariablemente que el acto dictado por Binner o por alguno de sus funcionarios que era objeto de examen, no merecía reparo u objeción legal algunos.

Y de esos 16 casos, salvo uno en que se objetaba la asignación de subsidios a las personas que se vieron privadas de su vivienda por el famoso sorteo anulado en un plan de Rafaela, y otro caso de una contratación directa (sin licitación pública) de mobiliario con destino a las oficinas de Elida Rasino, la ministra de Educación, todas las demás disidencias de Crescimanno (las restantes 14) estuvieron referidas a un único tema: contratos de locación de servicios de profesionales, consultores, técnicos o especialistas.

En todos esos casos la mayoría del Tribunal de Cuentas (integrada al efecto por Esquivel y personal de carrera) entendió que esos contratos eran objetables, porque no se cumplimentaba las exigencias básicas que imponen la Ley 12.510 y la Ley de Contabilidad para efectuarlos: no se acreditaba que se tratase de personal altamente especializado, o de relevante capacidad especial en la materia, de modo tal que se autorice a la Administración Pública a contratar a una persona determinada, sin hacer alguna forma de compulsa o cotejo de antecedentes.

La contadora Crescimanno entendió en todos esos casos lo contrario, y por eso votó por no observar los actos administrativos que aprobaban los contratos.

La mayoría del Tribunal, por el contrario, sentó un criterio (que viene siguiendo hasta aquí incluso en casos en los que Crescimanno votó en el mismo sentido) que implica cuestionar esos contratos, porque se desnaturaliza la figura del contrato de locación de servicios, disfrazando con ella nombramientos encubiertos de personal.

No hay que olvidar que hace pocos días, la Legislatura acaba de sancionar la Ley 13.179, por la  que se crean 3772 cargos en la planta de personal, para designar como personal permanente a contratados en las diferentes áreas del Estado provincial. No menos de 678 de esos casos (con otros tantos en los que no se puede establecer el origen de la relación contractual) corresponden a contratos celebrados por los funcionarios del actual gobierno provincial.

Dentro de los 14 casos que venimos señalando de locaciones de servicios observadas por el Tribunal de Cuentas con disidencia de Crescimanno, hay dos que merecen destacarse, y que escapan un poco a la regla: la contratación con dos personas distintas (invocando en ambos casos la calidad de productor del artista) de Vicentico Fernández (el ex de los Fabulosos Cadillacs), para los festejos del Día Internacional de la Mujer en Rosario y otra presentación; por un monto superior a los $ 600.000.

Curiosas las disidencias de la nueva vocal, estaremos atentos para ver como se comporta el recientemente designado Gasparrini.

¿Binner estará conformando en el Tribunal de Cuentas una nueva mayoría automática?