Desde el domingo a la noche -cuando se empezaron a conocer los primeros cómputos de las primarias- estamos pensando en las consecuencias posibles de una victoria amplia de Cristina; que no pueden ser otras que la ratificación del rumbo y la profundización del modelo puesto en marcha desde el 25 de mayo del 2003.
En esa idea, lograr la efectiva aplicación de la ley de medios sancionada por el Congreso de la democracia argentina, ocupa un lugar primordial; de cara a la democratización de la comunicación, y a la limitación del poder que detentan los medios hegemónicos (con Clarín a la cabeza), y que jugaron con todo en la campaña que culminó con las elecciones del domingo.
En eso estábamos, cuando aparece el presidente de la AFSCA y virtual vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, exigiendo a la justicia que apure una definición sobre la aplicación de la cláusula de desinversión (artículo 161 de la Ley 26.522) en la causa promovida por el grupo Clarín, para forzarlo a desprenderse de la enorme cantidad de licencias de radio y televisión que tenía en exceso ya de las admitidas por la ley de la dictadura y el menemismo; ni hablar si se las compara con las pautas desmonopolizadoras de la LSCA.
En su momento en este blog explicamos en detalle las implicancias jurídicas del caso, en el que deberá emitir opinión más tarde o más temprano, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Invitamos a releer el post anterior al cual conduce el enlace, para entender de que se trata el asunto.
Justamente la inevitable intervención de la Corte en la causa fue el disparador de la lamentable operación pergeñada en contra de Zaffaroni por la entente Fontevecchia-Magnetto (otros dos grandes derrotadosdel domingo); con la cual se buscaba disciplinar no ya al juez de la Corte que suponen más cercano a las posiciones del gobierno, sino amedrentar a los demás miembros del tribunal con un mensaje mafioso: sabemos que todos tienen esqueletos en el placar, estamos dispuestos a buscarlos, encontrarlos y difundirlos, y si no existen a inventarlos, ojo con lo que fallan, sería el texto.
Y todavía tienen cara para decir que es Mariotto el que presiona a la justicia.
Y todavía tienen cara para decir que es Mariotto el que presiona a la justicia.
Hace muy bien Mariotto en decir lo que dice, porque no es más que traducir uno de los sentidos del voto popular del domingo: la gente votó de un modo amplio, categórico y rotundo la ratificación y profundización del rumbo emprendido, entre otras cosas, al promover la ley de medios. Por eso no es casual que el contraste entre el país que los medios hegemónicos relatan a diario, y el país real que se expresó en las urnas, sea tan grande.
El poder judicial goza del privilegio -raro en democracia- de ser el único que no debe someterse a la voluntad popular para revalidar títulos, lo cual no implica que no tenga naturaleza política, ni adopte decisiones con ese parámetro, todo lo contrario: sus fallos suelen estar acompasados a los tiempos electorales, si no en el fondo de las decisiones, en la oportunidad y el contexto en que se alumbran.
Por esa razón el 50 % de Cristina el domingo es también un reclamo fuerte por la aplicación del artículo 161 de la LSCA, que no puede seguir dilatándose indefinidamente sin constituirse en una burla para los demás poderes del Estado: el Congreso que sancionó la ley, y el Ejecutivo que la promovió y que el domingo fue abrumadoramente respaldado en las urnas.
Ni siquiera estamos planteando que los jueces que deben fallar en la causa (incluyendo los de la Corte) traicionen sus convicciones intelectuales sobre el asunto, fallando a favor del gobierno porque obtuvo un triunfo rotundo en las elecciones: simplemente exigimos que cumplan con su función de impartir justicia, sin dilaciones, chicanas ni subterfugios.
Porque además el fondo de la cuestión (esto es si la cláusula de desinversión es o no constitucional) es muy claro y sencillo de abordar desde el punto de vista jurídico, sea cual sea la parte de la bibilioteca que se elija para resolver: no es justamente la complejidad del asunto lo que ha venido dilatando su decisión.
Si la justicia pensaba en seguir parando la pelota y demorar el partido para que corra el reloj esperando a ver que pasa, el pueblo argentino el domingo le dijo claramente que va a empezar a silbar desde la tribuna, reclamando que se juegue.
Y esperamos también que se sumen al reclamo de Mariotto todas aquellas fuerzas políticas de la oposición que acompañaron en el Congreso la sanción de la ley, a menos que -como el socialismo- finjan un progresismo que no existe, porque por caso votaron a favor en general, pero puntualmente en contra la cláusula del artículo 161; que es justamente el corazón del asunto, y la condición de posibilidad de una política de democratización de la palabra en el país.
De todos modos, están a tiempo de rectificar el pasado con un pronunciamiento claro en el presente, si es verdad -como dicen- que quieren constituirse en una alternativa de centroizquierda progresista (cualquier cosa sea lo que signifique eso) al kirchnerismo; sin dobleces, sin falsos discursos, y sin ataduras derivadas de negocios extraños con los mismos que mantienen dominada la comunicación en la Argentina, desde la dictadura y el menemismo.
El pueblo habló el domingo, ahora tiene la palabra la justicia, y ellos también.
Los escuchamos.
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