SUBSIDIOS, DESINFORMACIÓN Y TRÁFICO DE IDEOLOGÍA

 

Ya desde el título esta nota de La Nación de hoy mete miedo: uno se imagina una enorme caja de zapatos con seis mil trescientos palos que le entregan a De Vido, para que el tipo la gaste como se le antoje.

La nota contiene tantas inexactitudes (o tergiversaciones) que es difícil decidir cual puntualizar primero, pero lo vamos a intentar.

Dice textualmente la nota: "En la mayor parte de los casos se trata de aumentos en el gasto, no de reasignaciones presupuestarias" y luego agrega: "Según un documento elaborado por ASAP, el incremento de gastos, de 6331 millones de pesos, impactará en el resultado negativo del ejercicio."  (ASAP es la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pùblica).

Pero hete aquí que en esta edición del Boletín Oficial de ayer pueden ver las Decisiones Administrativas 892 y 893 del Jefe de Gabinete;  de las que surge con claridad que no fueron mayores gastos sino reasignaciones de partidas (modificaciones compensadas al presupuesto), hechas en el marco del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera 24.156: los famosos "superpoderes".

Si se hubiera tratado de un incremento neto del Presupuesto, hubiera sido necesaria una ley, o un DNU de la presidenta (de paso: acá en Santa Fe Binner lo puede hacer por un simple decreto, de acuerdo a la Ley 12.510); y si el aumento de partidas en algunas áreas se compensa con reducciones en otras, no se advierte como se afectaría el resultado del ejercicio.

La mayor parte de los fondos son asignados al ministerio de De Vido, y de ellos, 1928 millones de pesos van a CAMMESA (Compañia Administradora Mixta del Mercado Mayorista Eléctrico), para solventar la diferencia de costos entre la producción, transporte y distribución de energía (no solo y no tanto para la importación de combustibles como dice la nota), y las tarifas que pagamos los usuarios, sean residenciales, industriales o comerciales.

La nota enfatiza lo de que "Las empresas receptoras son integrantes del elenco estable de compañías que necesitan subsidios del Tesoro y que continuamente reciben asistencia de la Casa Rosada", pero omite dos cuestiones: la primera es que -si no lo pagara el Estado- lo deberían pagar los usuarios con mayores tarifas, y -la más importante- que CAMMESA es una empresa mixta, conformada por el Estado nacional (que tiene un 20 % del capital accionario, la presidencia del directorio y designa al vicepresidente), y las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de energía (un 20 % cada una de las acciones, nucleadas en sus respectivas asociaciones), y el restante 20 % en manos de los grandes usuarios (empresas).

Dentro de algunos de los sectores (por ejemplo las distribuidoras) participan otros entes públicos como las provincias: Santa Fe tiene parte de las acciones a través de la Empresa Provincial de la Energía.

En la nota se menciona a Yacyretá (ente binacional de dos Estados: Argentina y Paraguay), a la Administración de Infraestructura Ferroviara (Sociedad del Estado creada por la ley 26.352), a Ar Sat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Sociedad Anónima creada por la ley 26.092, de íntegra propiedad del Estado nacional), al Ente Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, la nota dice CONAE que es otra cosa: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT); y hasta la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo internacional al que la Argentina adhirió en 1949 por la Ley 13.528, y al que -como país miembro- debe aportar.

Dice el artículo: "El Ministerio de Defensa obtuvo un crédito de 44,1 millones de pesos (39,4% del presupuesto vigente del área)", pero el problema es que el Presupuesto 2010 (prorrogado para este año) de la cartera de Nilda Garré es de $ 12.210.311.371 (como lo puede averiguar cualquiera en la página web del Ministerio de Economía), de modo que el aumento de partidas (destinadas además a la campaña antártica, donde Duhalde ganó las elecciones) es del 0,36 %, bastante menos de lo que dice La Nación. 

Pero el corazón de la nota (su verdadero propósito) está en este párrafo: "Las empresas públicas generalmente funcionan con fuertes gastos operativos y, al igual que lo que ocurría en épocas anteriores a las privatizaciones, son auxiliadas por fuertes transferencias del Estado.".

Ese es el verdadero problema para La Nación, no los subsidios, ni la caja de De Vido, ni las empresas amigas del gobierno: no deben existir empresas públicas, y -salvo para un puñado de cuestiones como la seguridad- no debe existir un Estado fuerte.