En la edición de la corneta de hoy destacan la visita de funcionarios del gobierno nacional a la planta de Siderar, la empresa principal del Grupo Techint en la Argentina, y que hace un tiempo fuera eje de la disputa entre el gobierno y la multinacional del acero, ante la negativa de ésta a permitir la participación de directores en representación del Estado; que cuenta con aproximadamente el 26 % del capital de la sociedad, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que maneja la Anses.
La discusión no era -como lo planteaban los medios hegemónicos- para conseguirle conchabo a un par de muchachos de La Cámpora, sino algo más profundo: aprovechar la participación estatal en un conjunto de empresas que tienen posiciones dominantes en sectores estratégicos de la economía (y vaya si la fabricación de acero lo es), para orientar sus actividades en beneficio del país en su conjunto, y no sólo en virtud de los planes empresarios, mas cuando son firmas multinacionales; como sucede en el caso de Techint.
En ese contexto se inscribe la discusión por la distribución o no de más de 6500 millones de pesos de utilidades de Siderar provenientes de ejercicios anteriores; es decir si se reparten entre los accionistas, se capitalizan o se reinverten para expandir la capacidad instalada de la empresa y su producción.
De allí el interés del gobierno por forzar la producción (vía Siderar, empresa dominante en el rubro del acero en el país) de acero inoxidable: no es sólo un capricho de ama de casa de Cristina por ver con qué se fabrican las ollas de coina, tiene que ver con una idea estratégica de país: con desarrollo industrial, fabricante y proveedor de insumos extendidos (utilizados por otras industrias), y de paso, sustituir importaciones y ahorrar divisas, agregando valor a la producción.
En un punto es comprensible que Clarín no entienda esto: al igual que su socio en la AEA, el Grupo resiste la ingerencia del Estado socio, como se puede ver con conflicto permanente que plantea junto a La Nación en Papel Prensa; llegando al extremo de pretender impedir la actuación de los directores en representación del Estado argentino, aunque éste tenga el 28 % del capital accionario de la sociedad.
Y el hecho está relacionado (en cuanto a la perspectiva que tienen Clarín y otros grupos económicos del rol del Estado) con esta otra noticia:
Es claro que el decreto que dictó Cristina el pasado miércoles (aunque minimizado originariamente en sus efectos) ha pisado algunos callos, y los afectados empiezan a hacer lobby para sus intereses: cuentan para ello con la benevolencia de los grandes medios, que tienen además intereses empresariales bien concretos.
Y cuentan también con las usinas del pensamiento neoliberal que están entre las principales responsables de la crisis financiera internacional: las famosas "calificadoras de riesgo".
Hablábamos antes de Papel Prensa, y el caso del decreto que impone a petroleras y mineras la obligación de liquidar todas sus divisas provenientes de exportaciones en el país tiene similitudes con el de la papelera.
Cuando las empresas comprendidas en la medida señalan que con ella se incrementa la capacidad del Estado de aumentar su potencial de controlar el mercado de divisas, están diciendo "a contrario sensu" que antes eran ellas las que tenían cierta capacidad de control allí (haciendo escasear las divisas liquidadas acá, podían incidir en la cotización del dólar).
Lo mismo que dicen Clarín y La Nación cuando resisten la ingerencia del gobierno en Papel Prensa con el sincericidio de decir que el gobierno quiere controlar el papel, porque el que lo controla, controla la información. Confesión palmaria de que ahora la controlan ellos.
Parece que toda esta gente añora los tiempos del Estado bobo, socio pavote que ponía plata, créditos o subsidios, o licuaba y estatizaba deudas sin preguntar, sin ingerir, sin dirigir, sin controlar.
Tiempos que afortunadamente se han ido, y -54 % de Cristina mediante- no volverán.
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