AMENAZAS

 

Leemos en esta nota de El Litoral declaraciones del inefable ministro Ciancio (ratificado por Bonfatti para su futuro gobierno, por sus brillantes méritos) sobre la quita de los subsidios con que el gobierno nacional "amenaza" (tal el título del diario de Víttori) a las distribuidoras provinciales de energía (como la EPE) que aumenten sus tarifas.

Dice allí Ciancio que "El Estado nacional subvenciona “entre un 80 y un 90 por ciento” la generación de energía eléctrica, es decir, el valor del kilovatio a nivel mayorista", o sea el precio de compra de la energía, algo que ya se explicó acá.      

Pero eso no evitó los aumentos de tarifas dispuestos por el gobierno provincial, sino todo lo contrario: desde diciembre del 2007 para acá el costo de comprar la electricidad creció un 68,31 %, pero los ingresos de la EPE por vender electricidad aumentaron un 196,54 %, o sea casi el triple.

Dice también Ciancio: (que el anuncio del gobierno nacional) “Es una forma más de intentar unir una realidad como la nuestra con la de Capital Federal”, lamentó el funcionario. Advirtió que durante años los usuarios porteños bonaerenses gozaron de un subsidio que no existió para el interior del país.

“Hubo un tratamiento diferencial, con subsidios enormes: no es el mismo que se ha hecho con las empresas del interior”, y agregó:Dijo que en Santa Fe, “es el gobierno provincial quien subsidia a la EPE porque parte de las grandes obras que está haciendo la EPE son con sus fondos; cosa que no ocurre en Buenos Aires”.

"Si se cumpliera la amenaza de la Nación, dice el texto que estudian funcionarios y técnicos del sector eléctrico santafesino, se perjudicará el plan de $ 370 millones para invertir en 2012.

“Por este camino se puede llegar al absurdo de que los usuarios de una determinada provincia deban soportar, además del mayor costo de la distribución por la mayor dispersión de su área, precios de compra en el Mercado Eléctrico Mayorista superiores a los de Capital Federal, es decir, menos subsidiados por la Nación”, leyó por teléfono una fuente confiable a El Litoral.

El texto compara la dispersión de usuarios que sirven las empresas del interior con la fuerte concentración (que ahorra costos) del mercado eléctrico de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires."

Vayamos por partes: la diferencia en los subsidios que plantea Ciancio no existe, el costo reconocido a las generadoras por CAMMESA es exactamente el mismo, las diferencias están en los costos de transmisión (sobre todo) y distribución, en menor medida; y los primeros (las grandes obras de tendido e interconectado nacional) son solventadas por el Estado nacional, y favorecen por igual al conjunto de las provincias, sobre todo a las más alejadas de los centros de generación.

Por otra parte en la misma nota Ciancio se contradice a sí mismo: afirma por un lado que la provincia (el Estado) debe subsidiar a la EPE costeando parte de sus obras, y por el otro afirma que esas obras se harán con el nuevo aumento de tarifas, algo que nosotros ya demostramos que no es tan así. Pero es una cosa, o la otra, amigo Ciancio.

Y el argumento de los mayores costos provinciales por la distribución del fluido (que los propios números oficiales desmienten: el año pasado, la compra de energía más los costos de distribución apenas pasaron el 40 % de los gastos totales de la EPE), obvia lo dicho respecto al aporte nacional para las obras de transmisión, y se invierte en el otro caso que el propio Ciancio menciona en la nota: el del servicio de agua potable y cloacas.

Sobre eso, dice Ciancio: "Miremos (la empresa de aguas porteña) AySA que recauda 700 millones de pesos , pero gasta 2.700: el Estado Nacional le aporta 2 mil millones de pesos para que la empresa siga funcionando... Aquí el aporte es del gobierno provincial, sobre todo en las grandes obras”, señaló.".

No queda claro si las "grandes obras" de las que habla Ciancio son en la EPE o en Aguas Santafesinas, pero si fuera éste el caso, hay que recordar que la empresa presta el servicio de agua potable y saneamiento (cloacas) en sólo 15 localidades de la provincia, muchas separadas entre sí y sin vinculación física (por ejemplo a través de un sistema de acueductos), con sistema de captación y tratamiento del agua independientes entre sí; por esa dispersión geográfica.

Vemos aquí en la página de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. que la empresa (propiedad del Estado nacional) presta el servicio en un área de 1752 Km2, poblada por 9.698.000 habitantes, con una extensión de la red de agua de 17.225 kilómetros (casi la misma distancia que hay entre Buenos Aires y Moscú por ejemplo); y 1.657.914 conexiones domiciliarias. 

O sea: mucha gente, en poco espacio, pero cercana entre sí; lo que obliga a realizar obras de captación, tratamiento y distribución muy importantes.

Por el contrario, en el caso de Aguas Santafesinas -como podemos ver en su página- en las 15 localidades en que presta el servicio viven poco más de 1,8 millones de personas, o sea menos de cinco veces menos que las servidas por AYSA.

Pese a esas diferencias de escala, el Plan Director encarado por el gobierno nacional desde la creación de AYSA en el 2006 permitió a 1.198.552 personas acceder al agua potable, y a 772.533 contar con el servicio de cloacas. 

Sería bueno saber cuantos santafesinos accedieron a los mismos servicios, como consecuencia de la gestión del Frente Progresista.

Mientras tanto, el gobierno de Binner no puso un metro de caño de acueductos (para hacer llegar el agua potable a los más de un millón de santafesinos que no la tienen de fuente segura), y Aguas Santafesinas hizo trepar el gasto en "Personal" más de 13 puntos porcentuales desde el 2007, cuando el socialismo asumió el gobierno; convirtiéndose por lejos en el mayor gasto de la empresa.

Empresa en la que el Estado santafesino invertirá el año próximo 287 millones de pesos del Tesoro y del Fondo Solidario Federal (Fondo Soja), y a la que -si prospera el tarifazo planteado por Binner y Bonfatti- le sumaría otros 336 millones de pesos. 

El problema entonces no es subsidio sí o subsidio no, ni tampoco la discriminación: es simplemente de eficiencia en la gestión pública, y cuentas claras para poder exhibir, dos cosas de la que el socialismo carece.