Desde hace mas de un mes los trabajadores no docentes de la Universidad Católica de Santa Fe viene realizando medidas de fuerza que son reflejadas por los medios santafesinos siempre desde el mismo lugar: las molestias que ocasionan a los estudiantes y profesores, o a las autoridades de la casa.
Autoridades que concurrieron a la justicia, y que obtuvieron de la misma en tiempo récord una orden de desalojo, y del gobierno provincial el despliegue de un impresionante operativo de seguridad, como si los trabajadores estuvieran por asaltar o destruir su lugar de trabajo, y no simplemente reclamando por sus derechos.
Porque ahí está el punto: nadie dice cuales son los reclamos, ni les pregunta a los trabajadores por qué protestan, y la cobertura sesgada y anti sindical de los medios locales es ya costumbre: un par de días antes del derrumbe del edificio en Buenos Aires, y mientras en Rosario se registraba una increíble seguidilla de muertes por accidentes de trabajo de obreros de la construcción, el diario "El Litoral" titulaba un editorial "Inadmisibles exigencias de la UOCRA"; ante los reclamos del gremio por la falta de medidas mínimas de seguridad en muchas obras en construcción (públicas y privadas) en Santa Fe.
Del mismo modo que, por ejemplo, cuando los docentes o empleados públicos reclaman aumentos salariales les preguntan cuanto ganan y cuanto quieren ganar; pero en pleno conflicto agrogarca por la 125 entrevistaban a los piqueteros V.I.P. de la Mesa de Enlace y les preguntaban "¿cómo se siente?", o cosas por el estilo.
Sesgo clasista de las patronales de los medios, aceptado obedientemente por muchos periodistas, que olvidan que también son trabajadores, aunque muchos ya se han convertido en empresarios.
En esta nota de Sin Mordaza (encabezada con el titular que ilustra el post) se cuentan las razones del conflicto: la negativa de las autoridades de la Universidad Católica de sentarse a discutir con los representantes del SOEME (el gremio que nuclea a los empleados) en paritarias, salarios y condiciones de trabajo.
Un derecho elemental reconocido a los trabajadores argentinos desde 1953, con la sanción de la Ley 14.250 durante el gobierno de Perón, pero que las autoridades de la Católica (una asociación civil, pero con la conducción del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Arancedo) se niegan a reconocer.
Como sucede con los docentes de las escuelas privadas: tampoco tienen paritarias donde sentarse a discutir salarios y condiciones de trabajo con sus patrones; y por lo menos en Santa Fe, se integran a la paritaria de los docentes estatales de Amsafe, porque la Ley 6427 equipara sus salarios, y la provincia los subsidia en la mayoría de los casos.
Los trabajadores de la Universidad Católica y los docentes de los colegios privados comparten entonces con los trabajadores agropecuarios el dudoso privilegio de ser de los pocos laburantes que no pueden sentarse a discutir en el marco del régimen de convenciones colectivas de trabajo.
Por algo será, ¿no?
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