És muy frecuente leer en los diarios opositores que el gobierno nacional prepara o realiza un "manotazo" a tal o cual caja, cuando el Estado busca financiar sus gastos apelando a los recursos disponibles de organismos como la Anses o el Pami, o emitiendo títulos de deuda de corto plazo (generalmente Letras de la Tesorería General de la Nación), a cambio de fondos aportados por esos organismos; títulos que -conviene aclarar- devengan su correspondiente interés cuando se presentan para el cobro.
No es tan frecuente en cambio leer o escuchar lo mismo cuando se trata de analizar situaciones aprecidas en Santa Fe, y sin embargo suceden todo el tiempo.
Existe en nuestra provincia desde 1982 la Ley 8973 que creó el llamado FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), creado por el hoy senador Mercier cuando era Ministro de Hacienda y Finanzas de la última dictadura.
El FUCO le permite al Poder Ejecutivo utilizar hasta el 80 % de los saldos disponibles de las cuentas corrientes oficiales (cualesquiera sean los fondos depositados en ellas, y su origen) para hacer frente a necesidades financieras transitorias, fruto de los pagos que debe afrontar la Tesorería General.
Eso significa por ejemplo que si el gobierno tiene que pagar a proveedores o sueldos, o realizar cualquier otro gasto importante en una fecha determinada y no tiene recursos suficientes en las propias cuentas habilitadas al efecto de acuerdo al Presupuesto, puede echar mano de cualquiera de las que conforman el Fondo (usando hasta el 80 % de sus saldos), así sean las tarifas de la EPE, o los aportes a la Caja de Jubilaciones; con la obligación de reintegrarlos luego cuando se normaliza la situación.
En el año 2005 se sancionó (también a instancias de un proyecto del entonces diputado Mercier) la Ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, que replica en la provincia el modelo de la ley de Administración Financiera impuesta en la Nación en 1992 por Domingo Cavallo.
Esa ley contempla nuevamente al FUCO, y prevé que el Poder Ejecutivo puede reglamentar su uso para disponer de todas las existencias y saldos de cuentas oficiales, en un porcentaje que no podría ser menor al 80 % que establecía la Ley 8973.
Como también es sabido, el gobierno de Binner viene arrastrando todo este año un abultado déficit en las cuentas públicas como consecuencia de que en el transcurso de este ejercicio los gastos han sido mayores que los recursos.
Aquí pueden ver las cifras oficiales de la ejecución del Presupuesto al 31 de octubre de este año; de las que surge que el déficit a esa fecha era de 713,6 millones de pesos, pendientes aun dos meses del año y en el último (diciembre) el pago de la segunda mensualidad del Sueldo Anual Complementario a los agentes estatales; lo que con toda certeza hará trepar el déficit global del ejercicio a más de 1000 millones de pesos.
En ese contexto, no es de extrañar este decreto firmado por Binner, por el cual se reglamenta el uso del FUCO aumentando la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de echar mano a los saldos de cualquiera de las cuentas corrientes oficiales para atender necesidades financieras del Tesoro, hasta el 100 % de sus disponibilidades: hay que tapar los agujeros, como sea.
Lo que sí sería de extrañar es que, leyendo La Capital, El Litoral o Notife, nos encontráramos con un titular como el que nosotros le pusimos a este post.
No hay comentarios:
Publicar un comentario