A punto de cumplir sus primeros cuatro meses, la gestión de Antonio Bonfatti parece condenada a volver a empezar recurrentemente todos los caminos recorridos hasta acá para ampliar su base política de sustentación, después del ajustado triunfo electoral del año pasado.
Lograda momentáneamente la paz social con el fin de los últimos conflictos sindicales de envergadura en el sector público (subsiste el reclamo de una parte de los profesionales de la salud), asoma en el horizonte del gobierno un problema más complejo: como cumplir a tiempo con los acuerdos pactados en paritarias -para lo que se necesitan recursos-, mientras se ensayan diferentes ingenierías financieras y políticas para que esos recursos lleguen.
La anunciada reforma tributaria es todavía un borrador que circula por los despachos oficiales, pero no se demora por cuestiones técnicas: en la Casa Gris otean el horizonte político y el panorama en la Legislatura, mientras absorben las quejas (por ahora en sordina) de los sectores económicos que verían incrementada su carga impositiva; con el campo a la cabeza, aunque allí sí se empiezan a sentir, a tono con la historia plañidera del sector.
Como prueba piloto de la reforma llegó a la Legislatura el pedido de autorización para emitir letras de Tesorería, y ya deparó novedades: los 456 millones de emisión pedidos por el gobierno se convirtieron en 556, a partir de la presión ejercida sobre los senadores del PJ por los intendentes y presidentes comunales del partido para que -con el excedente sobre lo pedido por Bonfatti- se financien los aportes que tienen que hacer a la Ley de Financiamiento Educativo.
Punto que requiere una disgresión: es muy interesante ver como la dirigencia política que alaba esa norma fundamental de la gestión de Néstor Kirchner (que permitió llegar al 6,47 % del PBI invertido en educación) en público, busca en privado por todos los medios descargar en otros la responsabilidad de cumplirla.
En el Senado provincial (la Cámara elegida por Bonfatti para ingresar todos sus proyectos) se hizo sentir con todo esa presión de los referentes locales, y la emisión de letras se amplió para darle cabida, postergando al mismo tiempo un pedido de informes del senador Calvo (PJ Castellano, del sector de Omar Perotti), reclamando que el gobierno explique cual es la situación real de las cuentas públicas de la provincia, que destino se daría a los fondos y con quien y de que modo se contrataría la emisión de las letras.
Claro que eso no impidió que en la discusión se formularan duras críticas a la gestión socialista, lógica consecuencia además del deslucido papel que le cupo en la semana al Ministro de Economía Sciara a la hora de explicar el asunto: el gobierno anunció un plan "de contención del gasto corriente" (hay prevención a usar la palabra "ajuste" viniendo de un gobierno socialista, y tampoco se quiere apelar al "sintonía fina" de cuño cristinista) del que todavía no se conocen medidas concretas; y del que -según admitió el propio Sciara- tampoco se conoce con exactitud como impactará en los niveles del gasto; aunque ya se adelanta que no resolverá el problema acuciante del rojo provincial, que el año pasado alcanzó los 1665 millones.
Se habla (por ahora a nivel de trascendidos) de recortes en viáticos, viajes al exterior (un rubro caro a los afectos socialistas), combustible y pasantías: nada se dice por el contrario de reducir la abultadísima planta política del Ejecutivo (pudriría la cosa con los radicales y demás socios del socialismo en el FPCyS), o encarar restricciones a los gastos en personal.
Por lo bajo, los funcionarios del gobierno admiten que hay rubros (como los reemplazos en Salud y Educación) que han crecido sin control en los últimos años, pero dudan a la hora de meter allí el bisturí, porque saben que generarán tormentas en un frente sindical que -hoy por hoy- está apaciguado por los acuerdos paritarios.
Mientras tanto en el plano estrictamente político, los intendentes y presidentes comunales del PJ parecen convertirse en un actor de creciente relevancia: a lo dicho sobre sus presiones para que las letras de Tesorería a emitir por el gobierno también les sirvan para financiarse, hay que sumar otros dos hechos que así lo indican.
Por un lado plantearon en la Legislatura (más concretamente en el Senado, donde por estos días se centran las discusiones) una especie de "contrareforma tributaria": que se aumente la participación de los municipios y comunas en la distribucion del Fondo Soja del 30 % al 50 % excluyendo a Santa Fe y Rosario (ambas con administraciones del FPCyS), que se les permita utilizar todo el Fondo de Obras Menores (y no sólo el 50 % como hasta hoy) para gastos corrientes, y que se aumente el porcentaje que perciben del Impuesto a los Ingresos Brutos del 13,42 % actual al 16 %.
Algunos incluso plantean que de ese modo se mejorarían las cuentas de los gobiernos locales sin necesidad de una reforma tributaria (de la cual tendrían que pagar el costo político si -por ejemplo- se aumenta significativamente el Inmobiliario Rural), que sólo sería funcional a las necesidades del socialismo; afirmación vista por la gestión de Bonfatti en espejo: sin reforma tributaria no hay ningún acuerdo posible con el PJ.
El segundo hecho que marca a las claras el ascendente protagonismo de los jefes territoriales locales del PJ es el lanzamiento del intendente de Venado Tuerto José Freyre como candidato a presidente del partido de cara a las internas del 27 de mayo: la postulación -originariamente lanzada por el Movimiento Evita- recibió el rápido apoyo de Agustín Rossi y Jorge Obeid (confirmando los acuerdos que por lo bajo se tejen entre los dos sectores), y de la totalidad de los senadores provinciales, con la excepción del citado Alcides Calvo.
Del otro lado, los sectores de Omar Perotti y María Eugenia Bielsa tantean el terreno, evaluando con que fuerza cuentan para generar una candidatura alternativa competitiva para las internas; y mientras tanto guardan silencio en relación a Freyre.
La complejidad del panorama político (dentro y fuera de la coalición oficialista: los radicales le reprochan a Bonfatti tener mejor diálogo con los senadores del PJ que con ellos) se suma a las propias de la gestión del gobierno provincial; y la balcanización del peronismo -que en un primer momento el sucesor de Binner pudo entender como un activo a su favor- se está convirtiendo en un problema creciente con el paso de las semanas.
Dentro del archipiélago en que se convirtió el PJ tras su segunda derrota electoral a manos del FPCyS para intentar retomar el control de la Casa Gris, todos reclaman el derecho a tener pista con Bonfatti para convertirse en interlocutores, y canalizar sus propios reclamos.
Razón por la cual un cierre "ordenado" de las internas del PJ no sólo podría ser interés para la dirigencia peronista, sino para el propio Bonfatti: por lo menos podría saber a que atenerse en futuras negociaciones, y no tener que andar constantemente haciendo las primeras letras, recomenzando a labrar acuerdos que ya parecían cerrados.
Como los que vino enhebrando desde que asumió con el núcleo de senadores sobrevivientes del reutemanismo (criatura mítica hoy en vías de extinción), y que se revelaron insuficientes para concretar los proyectos más apremiantes para su gobierno: de ese marco depende tambien la suerte de la reforma tributaria, y de ésta el oxígeno que necesita su administración para poder pensar en algo más que sufrir la coyuntura; como ha sido hasta ahora.
Y para terminar, el otro hecho resonante de la semana fue la vacancia producida en la Procuración General de la Corte Suprema por el fallecimiento de su titular: genera para el gobierno de Bonfatti la oportunidad de estrenar el mecanismo de designación aprobado por Binner en el 2007 (copiando al pie de la letra el decreto de Néstor Kirchner que dio origen a la renovación de la Corte Nacional) para elegir a su sucesor; y decimos estrenar porque su antecesor en el cargo no hizo ningún movimiento en sus cuatro años de mandato para promover cambios en el máximo (y cuestionado) tribunal.
También genera la oportunidad de demostrar si -como viene sosteniendo el socialismo- la reforma judicial votada por la Legislatura en el 2006 (gobierno de Obeid) está virtualmente paralizada por la resistencia que genera en ciertas estructuras del Poder Judicial que expresaba Bassó, y no porque además hay morosidad del gobierno.
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