viernes, 23 de marzo de 2012

TE ESTOY OBSERVANDO



Hace unas semanas contábamos acá como Bonfatti había sacado un decreto aumentando la alícuota básica del impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas comerciales y de servicios (la industria, la construcción y el campo están exentos del impuesto) que el año pasado facturaron más de 40 millones de pesos.

Con la medida el gobierno provincial aspiraba a recaudar (dice) unos 250 millones de pesos, y obviamente generó repercusiones negativas de todo tipo: desde los propios afectados hasta los que reaccionaron por el método empleado (decreto del PE), igual que lo hiciera Reutemann en 1993.


Resulta que ahora nos enteramos que el decreto ordenando el aumento del impuesto fue observado por el Tribunal de Cuentas, aunque con algunos matices interesantes.

Como señalábamos hace un tiempo, el socialismo fue conformando progresivamente en el órgano de control una nueva "mayoría automática" adicta, para neutralizar las numerosísimas observaciones legales que tuvo la gestión de Binner.

Y en éste caso (al igual que en otro que revelaremos en breve) esa mayoría automática había decidido "fondear" el trámite de análisis del decreto para dejar vencer los plazos que tiene el Tribunal de Cuentas para observarlo; hasta que el único vocal que sobrevive de la gestión anterior a Binner (Esquivel) solicitó su  tratamiento.

En ese marco se produjo la observación, con votos divididos: la mayoría automática inclinada por una "observación parcial" (admitiendo que el gobernador tiene competencia para dictar el decreto, y objetando las alícuotas de 3,8 y 4,2 % establecidas, según el nivel de facturación), y Esquivel en disidencia, planteando que -lisa y llanamente- el decreto debe ser observado totalmente, porque Bonfatti no tenía delegadas facultades por la Legislatura para aumentar el impuesto; opinión unánime además en los organismos técnicos y jurídicos del propio Tribunal.

Todo lo cual añade otro condimento a la reforma tributaria en ciernes; porque seguramente Bonfatti insistirá en la ejecución del decreto observado (prerrogativa que le confiere la Ley 12.510), y la cosa entonces pasará a ser discutida en la Legislatura. 

Así están las cosas en tierras santafesinas, templo de la transparencia y la calidad institucional.

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