Lo que pasó esta semana en Santa Fe con la ocupación de dos planes de viviendas inconclusos tiene todos los elementos para exponer en toda su crudeza uno de los más agudos dramas sociales argentinos: la falta de vivienda propia y digna que padecen muchos compatriotas.
Seria necio desconocer que, pese a los innegables logros del kirchnerismo en el poder desde el 2003, ésta es una de las mayores asignaturas pendientes; y no porque no se haya avanzado (de hecho, la construcción de viviendas por planes financiados por el Estado en todo el país sólo registra como antecedente comparable la del primer peronismo), sino por es una problemática compleja, que involucra una multiplicidad de actores con intereses muchas veces divergentes.
Porque la carencia de vivienda apta para millones de compatriotas coexiste con un boom inmobiliario vivido todos estos años, como consecuencia de que se volcaron a la construcción los excedentes económicos de muchos de los grandes ganadores del modelo (por ejemplo el sector agropecuario que capta la renta sojera), pero como una inversión más y no con el fin de satisfacer una sentida necesidad social.
Existen entonces en todos lados (en Santa Fe ni hablar) una selva de nuevos edificios con departamentos ofrecidos en alquiler, muchas veces vacíos porque son inaccesibles para la familia promedio, porque los alquileres son exhorbitantes, o no hay acceso al crédito para comprarlos.
Y si ése es el panorama en la clase media (sea ésta todo lo extensa que se la quiera delimitar), imaginen en lo sectores populares: dificultades para el acceso a la tierra, ingresos insuficientes o informalizados, precariedad laboral; por ende allí la acción del Estado para proveer de viviendas es crucial.
La nota a la que corresponde la primera imagen habla de "efecto contagio" porque la ocupación que menciona fue consecuencia de una anterior en el barrio Santa Rita, de la que aquí tenemos otras noticias:
Entre ambos episodios, suman 260 familias necesitadas de una vivienda (cosa de la que nadie puede dudar), que están ocupando las casas que esperan con ansiedad (y desde hace años) otras tantas familias humildes, de los mismos sectores populares: la famosa guerra de pobres contra pobres.
Se podrá decir que los episodios son alentados por ciertas organizaciones que se empeñan en permanecer dentro del lumpenaje político (como la Corriente Clasiste y Combativa), y que con su accionar sólo contribuyen a echar más leña al fuego de una situación de por sí tensa y compleja; y no se estará faltando a la verdad.
Como también cabe preguntarse (como lo hizo hace poco Nilda Garré cuando los cortes de Barrios de Pie en Buenos Aires) cual es en definitiva el vínculo polìtico real que existe entre esas mismas organizaciones y el Frente Amplio Progresista, del cual -al menos formalmente- forman parte o fungen de aliados.
Pero eso es sólo una parte del problema, y no la más importante, ni mucho menos.
Decíamos antes que en la problemática de garantizar el acceso de los sectores populares al la vivienda el rol del Estado es más que fundamental: es crucial y excluyente, porque allí al mercado no le interesará aportar soluciones porque no hay garantías de retorno de la inversión.
Al asumir Antonio Bonfatti su gestión de gobierno planteó que el tema de la vivienda sería una de las máximas prioridades de su gestión, y a tono con el anuncio creó una Secretaría de Estado de Vivienda y Hábitat en su gabinete (a propósito: ¿dónde estará en todo esto el secretario, también cultivando el "bajo perfil" como la Directora de Vivienda y Urbanismo?).
Sin embargo no parece que haya hecho mucho más que eso hasta ahora, ni en los cuatro años anteriores del gobierno de Binner, del que fue parte: los dos planes ocupados están inconclusos (nota: en los Planes Federal la Nación envía el dinero y las provincias ejecutan las obras), y permanecen en esa condición años, sin que desde el gobierno se den señales de cuando se reactivarán las obras y por fin, las familias que esperan, podrán acceder a sus viviendas.
Y no se trata de tirarle al socialismo por la cabeza la totalidad de la responsabilidad en un tema tan complejo de resolver (y que de hecho exige que el Estado en todas sus formas, desde la Nación hasta las provincias y municipios se comprometan con la solución), sino de exigirle que cumpla con la parte que le toca.
Porque además se puede ver que las viviendas no se habilitan (entre otras cosas) porque los carecen de los servicios básicos de infraestructura (agua potable, cloacas, gas natural, desagües); y en la misma nota -como podemos ver acá- se informa que la provincia adjudicó hace diez meses obras de desagüe por más de 25 millones de pesos en los barrios a los que corresponden los planes (otra vez, a la inefable empresa Ponce Construcciones).
Obras que todavía no comenzaron siquiera; con el resultado de que tampoco se pueden continuar y terminar los planes de vivienda.
Por lo que al fin de cuentas hubiera sido preferible que no se aumentara la estructura política del gabinete provincial incorporando otra Secretaría de Estado -que hasta aquí no da señales de vida para que se sepa que hace en definitivas-; sin antes resolver estas cuestiones más urgentes y concretas.
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