DÓLAR, DEUDA Y DEVALUACIÓN: UNA BATALLA POLÍTICA Y CULTURAL

No es ninguna novedad que la preocupación por la cotización del dólar es una constante cultural de nuestra historia económica, que los años de la Convertibilidad no hicieron sino reforzar: leer al respecto esta interesante columna de Raúl Dellatorre en Página 12 de ayer.

Como tampoco es una novedad que hay sectores del poder económico que cabalgan sobre esa constante, y tratan de utilizar los movimientos del billete verde para llevar agua para su molino; generando el terreno propicio para provocar desequilibrios macroeconómicos de los que siempre terminan -de algún modo u otro- sacando provecho.

En estos nueve años de kirchnerismo la política de administración del tipo de cambio (variable clave de cualquier modelo macroeconómico) a través de un sistema de flotación sucia, manejado con la acumulación de abundantes reservas en el Banco Central, coexistió con la firme decisión del poder político de no dejarse torcer el brazo por "los mercados", ni resignar el manejo de una herramienta tan crítica.   

La corrida contra el peso inmediatamente después de las elecciones y las tensiones sobre el dólar en los mercados informales (en su mayoría ilegales, como el dólar blue) producidas desde entonces representan menos un problema económico que una pulseada política: se trata de doblegar la resistencia del gobierno para forzarlo a hacer un ajuste simultáneo con la aceleración del ritmo de devaluación del peso; lo que supone una brutal transferencia de ingresos a favor de los sectores más concentrados de la economía, en perjuicio de los de ingresos fijos.

Es decir como si luego del 23 de octubre hubiera habido balotaje, y Cristina hubiera perdido en la segunda vuelta.  

Esos movimientos (que persiguen además el objetivo de debilitar políticamente al gobierno para ponerlo a la defensiva y poder imponerle otras concesiones), son concomitantes con el hecho de que comienzan a hacerse sentir en el país los efectos de la prolongación de la crisis, con una desaceleración del crecimiento y la necesidad de adoptar medidas de administración del comercio exterior, para preservar la industria nacional, sus puestos de trabajo y el superávit comercial.

Pero además hay otro dato central que atraviesa como trasfondo todo el asunto, y de lo que hay cierto pudor en hablar en los propios sectores que adhieren al gobierno nacional: la presión que generan los servicios de la deuda externa de éste año que caen en el segundo semestre, en especial el último pago del Boden 2012 y el cupón atado al PBI, éste último hacia fines de año.

El gobierno necesita dólares para hacer frente a esos vencimientos, y necesita que esos dólares no se encarezcan (si se acelerara la devaluación), porque entonces además de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central (definidas según el esquema aprobado hace unas semanas al modificar la Carta Orgánica) necesitaría recursos extras provenientes del Tesoro, que habría que sacar de otros gastos; o sea: hacer un ajuste.

Alguno podría decir por qué el gobierno no defoltea esa deuda (es decir, no pagar los vencimientos), o la cancela contrayendo nueva deuda.

Lo primero no fue siquiera materia de discusión en las elecciones del año pasado (de hecho, ningún partido lo propuso, excepto el PO con Altamira y sacó el 2,48 % de los votos), y no debe perderse de vista que, en el caso del BODEN 2012 (el vencimiento más importante del año), son acreedores radicados en el propio país; a los que se les entregaron esos títulos para compensar sus ahorros atrapados en el "corralón".  

Lo segundo es ciertamente inconveniente en el actual contexto internacional, y forma parte de una disputa teórica saldada cuando en el verano 2009-2010 se discutió el uso de las reservas del BCRA para pagar deuda.

Por cierto, si el gobierno sembrara la más mínima sospecha de que va a defoltear esa deuda, o tiene problemas para cancelar los vencimientos (lo que hasta acá no se vislumbra: por el contrario, aun medios adversos a la heterodoxia económica como Ambito Financiero reconocen que no hay nada que temer al respecto), lo único que lograría es acrecentar las corridas al dólar marginal, la fuga de depósitos bancarios y las presiones devaluatorias, con los resultados que ya todos conocemos. 

Esos sectores que van a cobrar en agosto el BODEN 2012 ciertamente tienen capacidad de ahorro para volcarse al dólar si fuera una inversión atractiva (o si pensaran que lo es, inducidos por ese condicionante cultural del que antes hablábamos), y se puede presumir en líneas generales (con los riesgos de toda generalización) que no votaron en gran medida por Cristina el 23 de octubre.

Aunque termine siendo el kirchnerismo quien les pagó rigurosamente la deuda que el Estado argentino reconoció tener con ellos, por haber permitido que los bancos se quedaran con sus ahorros: hay ahí otro factor de obnubilación cultural de cierta clase media que -estafada por los bancos, en su mayoría empresas privadas y muchas de capital extranjero-, siempre está enojada con el Estado que es el paga los platos rotos, con la plata de todos: los que tienen ahorros en los bancos y los que no, los que especulan con el dólar, y los que nunca vieron ni verán uno en su vida.

Esos sectores también fueron beneficiados con las inequidades de la política de "sintonía gruesa" seguida hasta acá en materia de subsidios a las tarifas de los servicios públicos (cosa que jamás reconocerán); y cuando el gobierno se propuso empezar a corregirla (primero erráticamente, como con el mecanismo de renuncia voluntaria, luego con más precisión, empezando por lugares donde vive gente con alto poder adquisitivo), obviamente protestaron.

La política de rebaja de subsidios a las tarifas direccionada con "sintonía fina" también tenía por objeto evitar que sectores con capacidad de ahorro se volcaran al dólar (contribuyendo en cambio a financiar el costo de prestación de esos servicios, sin aumentar generalizadamente las tarifas); pero hubo que dejarla de lado en el marco de la desacaleración de la economía por el impacto de la crisis: una baja sensible del gasto público se podía terminar convirtiendo en un factor que retroalimente el ciclo negativo de la economía.    

Así como el gasto público en todos estos años (destinados tanto al consumo como a la inversión) fue uno de los pilares en que se sustentaron los espectaculares índices de crecimiento económico; en un contexto de menor crecimiento resulta crucial mantenerlo en ciertos niveles para evitar un proceso recesivo, como política contracíclica que ayude a sostener el nivel de actividad, y evitar la destrucción de empleo.

Por esa razón el gobierno lo sostiene (en la medida que lo permite la evolución de la recaudación y las cuentas públicas), mientras trata de hacerse de la mayor cantidad de dólares posibles (vía el control de las importaciones para aumentar el superávit comercial, los controles al mercado cambiario y flujo de divisas, y las restricciones a la distribución de utilidades al exterior de las multinacionales con sede en el país); tanto para atender sin sobresaltos los vencimientos de la deuda, como para mantener intacto el poder de fuego de las reservas del BCRA y prevenir ataques especulativos contra el peso. 

En ese marco, junto a los grandes jugadores del mercado que presionan (de un modo directo o indirecto)  por una brusca devaluación que recomponga los extraordinarios márgenes de ganancias del crack del 2001-2002 (que siguieron siendo muy elevados todos los años posteriores), coexisten en la búsqueda obsesiva del billete verde los pequeños jugadores (entre los que perfectamente pueden estar los tenedores del Boden, que ayudarían así a dificultar el cobro de su propia acreencia); y otro sectores que buscan simultáneamente objetivos económicos y políticos, en este caso golpear al gobierno en su frente hasta acá más sólido: la economía.

Este último es sin dudas el caso de las patronales agrarias; que resisten con sus métodos patoteriles de siempre cualquier intento de hacerles pagar más impuestos, mientras presionan por una devaluación cruzada con baja o eliminación de las retenciones, y son los principales jugadores del mercado inmobiliario; el principal reducto remanente de la dolarización en nuestra economía. Como se puede ver, nada es casual en todo ésto.    

Como tampoco es casual que el gobierno se mantenga firme en su decisión de no soltar el timón del rumbo económico e impedir que le impongan un ajuste; algo que muchas veces algunos (por caso Moyano y el sector que encabeza en la CGT) parecen no entender cuando reclaman cosas en abstracto justas, como el  aumento del mínimo no imponible de Ganancias, o más discutibles, como la generalización de las asignaciones familiares; ambas solventadas con recursos del Estado, o a su costa.

Cuando el gobierno se impone como meta no ajustar, está pensando en cosas más estructurales, como financiar la AUH, el régimen de movilidad previsional, la inversión en educación (este año el Presupuesto renovó la cláusula de afectación de recursos de la ley de financiamiento educativo), en obra pública (como Atucha II o Yaciretá, o las líneas de interconexión eléctrica) o en el aumento de la capacidad de producción de YPF; cuya expropiación fue también decidida en el contexto descripto.

Por eso aunque éste parezca un post sobre economía, en realidad es sobre política: porque todos los militantes que bancamos al proyecto nacional tenemos que ser capaces de dar la batalla cultural para explicar y  defender (donde nos toque) las medidas que viene adoptando el gobierno de un tiempo a ésta parte, sobre todo en los controles al comercio de divisas, que pueden provocar trastornos a gente común, cuya bronca puede ser usada por los vivos de siempre para acumular masa crítica a favor de sus reclamos; que obviamente no se exteriorizan.

Algo parecido a lo que hicieron los agrogarcas en el 2008 en su cruzada contra las retenciones móviles, cuando lograron alinear detras suyo a la mayoría de la gente común; hasta que andando el tiempo se le vieron las patas a la sota.

Porque además en la segunda mitad del año, superado el cuello de botella de los vencimientos de la deuda, es muy probable que el gobierno tenga mayor margen de maniobra para terminar de planchar el reducido (en volumen) pero influyente culturalmente (por el inapreciable servicio que le prestan además los medios hegemónicos al difundirlo) mercado marginal del dólar; y termine descargando el poder de fuego del BCRA para hacerles perder bastante plata a los que compraron por esto días dólares "blue" a $ 6,00, y los tengan que vender más adelante a mucho menos, y rápido antes de que siga bajando.

Hay que encontrar la forma (si conocemos a gente que quiere prenderse en ésa) de disuadirlos, con astucia e inteligencia; y si no dejarlos que pisen el palito; porque si sucede lo que pensamos que sucederá más tarde o más temprano y que decíamos antes, podremos decir que el kirchnerismo encaró una mini reforma tributaria: la diferencia entre lo que algunos pagaron el dólar éstos días, y lo que lo tengan que vender en unos meses, bien podría titularse como el impuesto al boludo.