Sabido es que el famoso "ajuste de cuentas" es una muletilla a la que suele apelar la policía cuando no puede dar una respuesta concreta sobre los autores o los móviles de un delito (generalmente un homicidio); o no quiere hacerlo, porque tirar del hilo de las preguntas que el caso plantea puede llevar a otras preguntas más incómodas, vinculadas generalmente a la complicidad de las propias fuerzas de seguridad con el crimen organizado.
Dicen "ajuste de cuentas" y clausuran el debate y los interrogantes, y pasemos a otra cosa; como si el problema estuviera resuelto, al menos hasta el próximo "ajuste de cuentas".
Algo parecido sucede con la respuesta del poder político cuando el delito es directamente cometido por los propios policías, como pasó el fin de semana en Santa Fe con la fuga de un sospechoso de una violación que conmocionó a la ciudad semanas atrás: en ese caso (cuando los policías se convierten en delincuentes) los funcionarios políticos a cargo de la seguridad (en este caso el ministro Corti) atribuyen los hechos a supuestos intentos desestabilizadores, dirigidos desde dentro de la fuerza policial, contra la dirección política de las políticas de seguridad.
En general, se podría decir que algo de razón no les falta: cuando desde el poder político se intenta meter mano en la policía o tenerla bajo rienda corta, empiezan las cosas "extrañas", por así decirlo: esta propia gestión de gobierno provincial empezó su mandato con un incendio intencional del depósito de autos secuestrados de la Jefatura (a dos días de haber asumido Bonfatti) , y lo mismo dijo entonces el ministro Corti: "son bolsones de la fuerza que resisten los cambios que estamos introduciendo en la policía, y nos quieren mandar un mensaje mafioso que no vamos a permitir, ni cederemos a la extorsión, bla, bla, bla...".
Pero la realidad es que -a la larga o a la corta- terminan cediendo: con papelones como ascender con más de veinte años de retroactividad a un policía retirado (pero con fuertes vínculos dentro de la fuerza aun hoy), que fuera nada menos que Jefe de Policía de la provincia durante el gobierno de Obeid (antes fue Subjefe por más de tres años, compartiendo la conducción de la fuerza), en una gestión tristemente recordada por lo desastrosa; tanto que el propio Obeid debió cesarlo en funciones apenas seis meses después, en medios de escándalos de corrupción policial, inoperancia y grave complicidad con el delito.
O vienen cediendo desde el 2007, entregando llave en mano a las tristemente célebres Juntas de Calificaciones los ascensos del personal policial, violando la ley vigente (que es como si no existiera), y permitiendo que los premios y castigos hacia el interior de la fuerza sean resueltos con la lógica corporativa de los azules, con total oscuridad y sin ningún tipo de contralor político: a nadie se le escapa que episodios como la fuga del fin de semana del presunto violador, o los gravísimos hechos denunciados por el propio gobierno en el área de Drogas Peligrosas en Rosario, están íntimamente vinculados a pases de factura internos de la propia Policía; buscando tirar gente por la ventana y así empezar de vuelta con la tómbola de los ascensos y pases a retiro, hasta el infinito.
Acá apunta certeramente lo mismo "Pirucho" Acuña, fundamentando su pedido de interpelar al ministro Corti; y se podrían añadir otros hechos, como poner al frente del Instituto de Seguridad Pública (organismo encargado de la formación de los futuros policías) a un policía retirado, que fuera sub jefe de la fuerza casualmente con el ascendido con 21 años de retroactividad; o darles la plata a los policías para que se compren los uniformes, porque no tuvieron la decisión política de cortar de cuajo con los curros en las licitaciones, armados desde la propia Jefatura.
La gravedad de la situación ya no tolera más diagnósticos, ni declaraciones altisonantes que terminan en la bruma por parte de los funcionarios: si Corti está siendo objeto de aprietes mafiosos o presiones extorsivas para dar marcha atrás en alguna medida (efectiva, no efectista como las que anunciaron hace pocos días con Bonfatti sobre las TOE, Drogas Peligrosas y la unidad de trata de personas), que vaya hasta el hueso: que diga nombres y apellidos, que exponga con toda crudeza a que se enfrenta; y entonces todos (ciudadanos comunes, fuerzas políticas) tendremos la obligación de respaldarlo, para sanear definitivamente a la fuerza policial, sin la cual es impensable que se pueda ejecutar política alguna de seguridad.
De lo contrario, si es todo jarabe de pico, cosas que se dicen para distraer confiando en que -en unos días- todos nos olvidaremos del asunto, si el desafío le queda grande, que dé un paso al costado; aunque eso no signifique nada en términos de solución del problema; que sólo podrá comenzar cuando el poder político se ponga los pantalones largos y deje de aceptar mansamente ser rehén de los que de verdad manejan a la Policía.
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