PARAPERIODISMO

Este editorial de La Nación de hoy es un claro ejemplo de para periodismo: perfectamente podría haber aparecido en Urgente 24 o Seprin; o peor aún: ser el texto de un mail anónimo de esos que circulan por esots días, o de cualquier panfleto que se tira en la vía pública.

Sin firma, sin fuentes confiables y verificables (algo que en la tribuna de doctrina dejaron de lado hace muchísimo tiempo), esta clara muestra de periodismo cloacal (o paraperiodismo, como dice el título del post), tomando como partida la venta de los medios de Hadad a Cristóbal López, le atribuye al gobierno formar bandas armadas que andan por allí realizando atentados a balazos, derribando helicópteros o antenas de televisión, o provocando incendios; o sea -en definitivas- estar dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr sus propósitos:

Con el escudo de la libertad de expresión, el anonimato de una columna que por ser editorial no lleva firma y la absoluta conciencia de lo que están diciendo (y a quien se lo están diciendo), se autoeximen de aportar el más mínimo elemento de convicción para el lector sobre la veracidad de las gravísimas imputaciones que hacen.

El editorial debe clarificarse, sin medias tintas, como abiertamente golpista: en la triste historia de interrupciones de la vida democrática que arrastramos los argentinos desde 1930 a 1983, no huo un golpe de Estado que no pretendiera a priori legitimarse diciendo que el gobierno al que derribaban cercenaba las libertades públicas, y estaba sumido en una corrupción generalizada.

Y todos sabemos lo que venía cada vez que se derribaba a los gobiernos elegidos por el pueblo: se violaban sistemáticamente todos los derechos y garantías, con persecuciones, proscripciones, represión, torturas, muerte y -por supuesto, como olvidarlo- la forma más grosera de corrupción: la venta del patrimonio público, el desmantelamiento del Estado y la entrega absoluta de los resortes claves de la economía al poder verdadero, ése que nunca se somete a elecciones. 

Como tampoco hubo un golpe de Estado (con la probable excepción del de 1943) que no contara con la anuencia de los sectores de la sociedad que representa y expresa La Nación; que ahora y siempre quiso darnos a los argentinos lecciones de democracia, república y respeto por las instituciones.

Porque da la causalidad (no casualidad) que cada vez que en la Argentina existió de verdad no ya la sensación, sino la certeza de que cualquiera podía ser víctima de persecución por parte del Estado (como en la última dictadura), La Nación no sólo no lo denunció, sino que formaba parte esencial del dispositivo de legitimación cultural de la represión; y obtenía además enormes beneficios en el camino, como Papel Prensa.

Es decir que la columna editorial de hoy es algo así como predicar moral con la bragueta abierta, porque además acá no hay nada de valores morales en juego -como nos quieren hacer creer- sino que se trata, simplemente, de negocios: 

       

Negocios propios o de sus socios, como Clarín, lo mismo da.

Y lo mismo pasa con el reclamo por la publicidad oficial: si el dinero del anunciante estatal condiciona la línea editorial del medio como lo dice abiertamente La Nación, ¿por qué pensar que no pasa lo mismo con los anunciantes privados, que además aportan infinitamente más recursos que la pauta oficial?.

Por no mencionar que nos quieren hacer creer que sólo la publicidad kirchnerista compra opinión: la que con generosidad le dispensa Macri al diario de Mitre es de onda digamos, y nada tendría que ver con el sostenimiento mediático de su impunidad que se hace a diario desde las columnas de la tribuna de doctrina.

Que no tiene un problema con el kirchnerismo sino con el Estado, con la democracia y con lo que votaron el 54 % de los argentinos y más: ahora resulta que supuestamente en la expropiación de YPF se dejaron de lado los métodos previstos por la Constitución, cuando se votó una ley del Congreso (como manda la Constitución) con la inmensa adhesión de los miembros de ambas Cámaras.

Y pretende además La Nación que las empresas periodísticas no puedan ser fiscalizadas por el Estado para ver si pagan impuestos, o tienen todos los papeles en regla, porque eso es un atentado contra la libertad de expresión.

Como tampoco puede el Estado legislar sobre un bien público (las licencias de radio y televisión), aunque también lo haga por una ley del Congreso votada también por amplia mayoría en ambas Cámaras (incluso con votos opositores) y respaldada por un proceso de participación social sin precedentes, nada de eso importa si interfiere con los negocios.

Y además (aunque esto no lo digan con todas les letras) pretenden salir indemnes por su complicidad con los crímenes de la dictadura, ahora que el avance de los juicios por la verdad está llegando a los socios civiles de los genocidas.

El kirchnerismo los pone nerviosos, y cada vez les cuesta más contener con el bozal de la corrección (sobre lo que puede y no puede ser dicho en público) para disimular que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa (y cualquier cosa quiere decir eso: cualquier cosa, como las que escribieron en la editorial) con tal de verlo salir del poder, y si es posible antes del final del mandato de Cristina, mejor. 

El resto (incluyendo los estúpidos cartelitos de los estúpidos que formaron parte de la comparsa de Lanata) es para la gilada.