EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL

Este lunes Antonio Bonfatti cumplirá su primer medio año de mandato como gobernador de Santa Fe, en el marco de la crisis más profunda del Frente Progresista Cívico y Social desde que la coalición política desplazara al peronismo del poder tras 24 años.

Las disidencias en la alianza gobernante se hicieron públicas con la frontal oposición del conjunto del radicalismo (con las solitarias excepciones del vicegobernador Henn y el intendente de Santo Tomé Palo Oliver) a la reforma tributaria impulsada desde el Ejecutivo, y cuya suerte (al menos como fue originariamente pensada) parece sellada.

Al planteo original de los senadores radicales (todos, incluyendo a Hugo Marcucci del Departamento La Capital) se terminó sumando el propio presidente del partido a nivel nacional, Mario Barletta, con la altísima exposición mediática que acostumbra; y pretendiendo disimular la fractura del FPCyS con sus habituales críticas al gobierno nacional.

Lejos de calmarse las cosas luego del plantón de los legisladores radicales a Bonfatti en una reunión programada en la Casa de Gobierno, sobre el fin de semana el propio Marcucci y el ministro de Economía Sciara se cruzaron durísimo: a la afirmación del ministro de que insistir en lo revaluar las propiedades rurales para el pago del inmobiliario era una forma de legalizar la evasión, le siguió la respuesta del senador radical recordándole que justamente eso (no ajustar el avalúo fiscal de los campos) es lo que el propio Sciara y su equipo vinieron haciendo desde la primera propuesta de reforma, ingresada en el 2009 a la Legislatura.

El radicalismo propone (además de no tocar los avalúos, avalando los argumentos de la Mesa de Enlace para no pagar Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta) gravar con el 0,5 % de Ingresos Brutos a las industrias que facturan más de 50 millones de pesos al año; una propuesta que despertará polémicas (aunque podría tener consenso en algún sector del peronismo, en especial del kirchnerismo en Diputados) porque fue justamente la que hizo naufragar los anteriores intentos de reforma impulsados por el socialismo en la gestión de Hermes Binner.

Más allá de la discusión puntual sobre la reforma (donde según sea el rumbo que se adopte, serán los sectores que aporten más carga contributiva, y el reparto de recursos entre la provincia y los municipios y comunas), lo cierto es que todo indica que, si ésta llegara a aprobarse, de acuerdo a los tiempos parlamentarios de la Legislatura y al clima político imperante en la coalición de gobierno, no lo sería antes del último trimestre del año; con lo que las proyecciones sobre su impacto en las finanzas provinciales que hiciera el gobierno de Bonfatti, deberán revisarse a la baja, al menos para éste año.

Pero a las dificultades concretas para la gestión que eso conlleva, hay que sumarles los evidentes problemas de construcción política que atraviesa el Frente Progresista: el senador Felipe Michlig (UCR San Cristóbal) fue particularmente crítico en éste punto, acusando al socialismo de hegemonizar la alianza, e impulsar iniciativas sin haberlas consensuado previamente con el radicalismo, lo que en el caso puntual de la reforma tributaria y el revalúo de los inmuebles rurales es desmentido desde el Ejecutivo provincial.

Las disidencias entre radicales y socialistas no terminan allí, porque por caso el paro de la CTA de ayer los encontró en veredas completamente opuestas: el socialismo que hegemoniza el Ejecutivo provincial anunciando que descontará el día a los maestros estatales de la filial rosarina de Amsafe (que tributa al sector de Pablo Michelli que organizó la protesta) que adhieran a la medida; y la conducción nacional de la UCR (con el propio Barletta a la cabeza) visitando a la conducción sindical encabezada por Michelli para manifestarle su apoyo a la medida. 

¿Un intento por ampliar las bases políticas del radicalismo, o una intencionada mojada de oreja a sus socios provinciales en el gobierno, mostrando un acto público de autonomía?. Como sea, una diferencia de tal magnitud que se termina reconduciendo en una esplendente muestra de incoherencia política. 

A las penurias de la administración de Bonfatti se le sumó la renuncia del ministro de Seguridad Leandro Corti, para quien aun hoy el gobernador no encuentra reemplazante: resulta poco creíble que (tal como se dijo desde el gobierno) el alejamiento del responsable de la seguridad provincial haya sido consecuencia de la decisión de autorizar la realización del partido entre Patronato y Rosario Central en Santa Fe, algo a lo que él se opuso con firmeza.

Con innumerables hechos de inseguridad que impactaron en la opinión pública por la ineficacia del accionar policial, reiteradas purgas en las fuerzas policiales por denuncias de corrupción y una interpelación inminente votada en la Legislatura para exigirle respuestas a Corti, la causa aducida por el gobierno para justificar su renuncia no parece creíble.

Y si lo fuera, y el ministro verdaderamente tuvo que irse por ceder a la presión del llamado "lobby canalla"  (la presión de varios dirigentes encumbrados del socialismo como el hoy senador y ex intendente de Rosario, Miguel Lifschiz, para que Rosario Central no jugara como visitante con Patronato en Paraná y sin público visitante), la conclusión es más preocupante: no es tranquilizador que un gobierno tome decisiones en un área tan sensible como la seguridad, basado en ese tipo de cuestiones.

Para redondear el análisis de la semana que se fue, diremos que se produjo un cambio en el rol de "prima donna" mediática dentro del propio Frente Progresista, donde un locuaz (y por momentos desorbitado) Mario Barletta desplazó a un silente Hermes Binner, en el rol de crítico feroz de la gestión del gobierno nacional.

Dicho ya las razones a las que atribuimos la fuerte exposición mediática de Barletta, el silencio de Binner (luego de varias semanas de alta exposición mediática) puede obedecer a dos factores: las pocos claras circunstancias en su esposa (a la sazón, funcionaria del gobierno provincial) habría sido contratada por la Federación Agraria para diseñar el monumento conmemorativo del centenario del Grito de Alcorta (justo cuando la entidad desata un nuevo lock out patronal en conjunto con las demás que conforman la Mesa de Enlace); y la incómoda posición en que lo deja (como líder del FAP) la actitud represiva del gobierno de Bonfatti hacia la protesta de la CTA en Santa Fe, más concretamente hacia Amsafe (gremio docente) Rosario.

No parecen circunstancias para insistir públicamente en la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión de la cosa pública, y atender a los reclamos que se expresan a través de la protesta  social; como el propio Binner enfatizó el fin de semana pasada en la cumbre del progresismo en Córdoba.