EL ROMPECABEZAS SINDICAL

El acto de Moyano en Ferro cerrando el Confederal de la CGT que convocó para forzar su reelección, y la reunión de ayer de Cristina en la Rosada con el conjunto de los gremios que impugnaron la convocatoria e impulsan la candidatura del metalúrgico Caló para octubre, terminaron de formalizar la ruptura de la central que venía siendo un secreto a voces, desde que el camionero fue redoblando la apuesta política contra el gobierno; trascendiendo la lógica del reclamo puramente sindical.

Ambas escenografías pusieron de relieve -como en espejo- la naturaleza política del conflicto, con Moyano desafiando el liderazgo de Cristina en un plano inclinado de derrapes (paro lanzado desde los estudios de TN, acto en la Plaza con notorios opositores al gobierno subidos al palco y a la convocatoria, discurso nítidamente político-electoral en Ferro), que lo fueron aislando dentro del dispositivo peronista, dónde no recogió ningún apoyo significativo, y el suyo a Daniel Scioli fue una especie de abrazo de oso que acentuó la fragilidad actual del gobernador.

Si la intención de Moyano era plantear la dispuesta política en esos términos su fracaso fue notorio, y la disputa está saldada claramente a favor de Cristina, no sin tener que pagar costos en el camino: probablemente la reunión de ayer pudo evitarse o diferirse para otra oportunidad, evitando la foto con ciertos personajes desprestigiados (como Lescano, Cavallieri, Daer o Gerardo Martínez); que le da al camionero un argumento fácil para la crítica, aunque él también tenga lo suyo: el “Momo” Venegas, Baldassini, Pedraza o Zanola (por sí por intermedio de al menos parte de sus organizaciones) pusieron el cuerpo en Ferro y lo acompañan en la conducción de “su” CGT.

Y es que allí está el punto: la naturaleza claramente política que fue asumiendo la disputa de Moyano con el gobierno, suele hacer perder de vista que operó sobre un fondo de crisis de representación en el mundo sindical, tanto en el plano de la imagen de la dirigencia del sector (que acumula un lastre difícil de revertir en ese plano, aun para los más consecuentes con una actuación en defensa de los derechos de los trabajadores), como de la fragmentación organizativa que hoy exhibe: cinco centrales sindicales, con diferencias de escalas y representatividad, pero reclamando para sí su condición de aglutinantes de sindicatos y federaciones de distintas ramas de la actividad.

Claro que los diferentes posicionamientos políticos no son ajenos a esa fragmentación, y si no recordemos el traumático proceso electoral de la CTA (planteada en su momento como una forma alternativa de organización sindical) que culminó en su fractura, o lo que intenta expresar Barrionuevo con su fantasmal CGT Azul y Blanca.

Pero sentado eso, tanto como el hecho de que el gobierno (en especial Cristina) no tolerará desafíos en ese plano, subsiste un amplio abanicos de temas específicamente sindicales, que tienen que ver con la situación de los trabajadores en un contexto de crisis, cuyo tratamiento urgente amerita que el Estado establezca vínculos -más o menos fluidos, según la mayor o menor afinidad política- con las organizaciones gremiales.

La aun alta tasa de empleo informal (que requiere de un abordaje conjunto y a fondo entre el Estado y los sindicatos), las diferentes formas de precarización laboral, las reformas al sistema de riesgos del trabajo (la Ley 24.557 tiene muchos de sus artículos tildados de inconstitucionales por la justicia, y se viene discutiendo su reforma con sindicatos y empresarios desde el 2004), la situación de las obras sociales, las políticas de administración del comercio exterior (que protegen las fuentes de trabajo en muchos sectores, pero ocasionan trastornos en el nivel de actividad de otros), y la inminente convocatoria al Consejo Nacional del Salario para reajustar el Mínimo, Vital y Móvil; por mencionar sólo los más relevantes; a los que hay que añadir obviamente los que Moyano vino llevando adelante como disparadores de su escalada: la generalización de las asignaciones familiares y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

Tan evidente fue que el conflicto con Moyano se deslizó al plano político que se desacopló temporalmente de la negociación en paritarias, y terminó estallando cuando la mayoría de los gremios mayoritarios (incluyendo los propios camioneros) habían cerrado los acuerdos salariales por lo menos hasta fin de año; pero esa circunstancia no quita que la fragmentación sindical y la disputa por la captación de organizaciones gremiales entre los diferentes sectores termine generando ruido allí donde hubo acuerdo, a lo que hay que sumar obviamente lo que pase con la evolución de los índices inlacionarios.

Es allí donde habrá de verse si el escenario de fragmentación sindical dificulta las cosas, las simplifica o es irrelevante a los fines de determinar los niveles de conflicto sindical, porque hay que tener en cuenta además que, más allá de los alineamientos globales, muchas organizaciones están atravesadas en su interior por contradicciones en el plano de los delegados de fábricas o sectores, o las comisiones internas: el ejemplo de la UTA y los metrodelegados del subte porteño es el más conocido, pero no el único.

Y como si todo eso fuera poco, un problema no menor: el conflicto legal por la conducción de la CGT que se avizora largo y complejo, con ramificaciones judiciales.

El sistema de la Ley 23.551 de asociaciones profesionales de 1988 (pleno alfonsinismo) es una transacción entre la legislación de la dictadura (que prohibía directamente las entidades de tercer grado como la CGT) y los compromisos del gobierno radical con el sindicalismo peronista luego del fracaso de la reforma promovida por Mucci, de modo que la central sindical tiene un diseño gris, que incluso puso obstáculos al reconocimiento de la personería gremial de la CTA (asunto hoy relegado por su conflicto interno y fractura).

De tal suerte que la central tiene escasas o nulas atribuciones para actuar sobre las entidades que la conforman (sean sindicatos de base, uniones, federaciones o confederaciones), que tienen por eso una gran autonomía, que sus dirigentes se esmeran en mantener para preservar justamente su margen de maniobra para ir resolviendo los alineamientos en el complejo mundo sindical según sus intereses puntuales en cada caso; circunstancia a la que obviamente no son ajenos los alineamientos políticos como se dijo al principio.

Son los gremios que forman la CGT y no ésta, los que participan de la discusión en paritarias y suscriben los convenios colectivos, administran las obras sociales y perciben los reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE), por citar algunos tópicos caros a los intereses del sindicalismo.

La CGT tradicionalmente ofrecía una estructura que podía potenciar los reclamos globales del mundo del trabajo ante el Estado (la representación sectorial del empresariado, en cambio, siempre estuvo mucho más fragmentada) para influir en las políticas públicas, a condición de tener una relación aceitada con quienes lo conducen; y ése es justamente el punto que hoy está en discusión entre Moyano y los contertulios de Cristina ayer en la Rosada, y que seguramente consagrarán a Antonio Caló el 3 de octubre.

Pero el gobierno no puede obviar el detalle de que -más allá de sus preferencias políticas- el Ministerio de Tabajo acaba de prorrogar el mandato del propio Moyano y del Consejo Directivo de la CGT anterior al Confederal de Ferro, hasta tanto se zanje la disputa legal con los que impugnaron la convocatoria; asunto que -como se dijo- va para largo, y seguramente con capítulo judicial incluido.

En ese contexto, y con la disputa política abierta entre Moyano y el gobierno como telón de fondo, con seguridad el camionero intentará hacer valer sus títulos (aun el mandato prorrogado por Tomada) para reclamar por los espacios reconocidos institucionalmente por el Estado a la CGT; por caso los lugares en el Consejo Nacional del Salario o el Consejo Asesor de la ANSES para administrar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), formado con los activos transferidos del sistema de las AFJP; con la previsible oposición de los demás sectores, lo que supone para el gobierno otro frente de conflictos a corto plazo.