El que crea que en esta nota de La Nación de ayer, en la que se expresa tanta preocupación por la ilegalidad, va a encontrar alguna referencia al dólar blue, a las cuevas financieras de la City, o a las operaciones falsas de comercio exterior triangulando con paraísos fiscales, se va a llevar una desilusión.
Como podrán ver al leerla, todo gira en torno a la defensa de los derechos de propiedad intelectual contra la piratería que reproduce CD's, películas o diseña ropa de marca igualita a la original.
No vamos a defender acá a las organizaciones -que las hay- que lucran con eso y muchas veces explotan mano de obra esclava para montar sus operaciones, pero también es cierto (como lo apunta la nota) que es un fenómeno cultural complejo y muy extendido, que incluso se produce a partir no sólo de las dificultades de acceso a ciertos bienes culturales (o de tener ingresos formales por otra vía), sino de debates que se dan al interior de las sociedades respecto de los alcances, justamente, del respeto a la propiedad intelectual, o lo que debe socializarse.
Nuestra propia ley en la materia data de 1926, y fue obviamente pensada para otros productos culturales como los libros y -más adelante- los discos u otros medios de reproducción del sonido, pero además concebida en el marco cultural de la sociedad previa a la explosión de la tecnología digital.
Sin embargo lo que nos interesa acá es destacar otras aristas de la cuestión: más allá de lo que puedan ser legítimos intereses de las industrias "legales" afectadas por éstas formas de piratería (que en muchos casos funcionan con mano de obra esclava o explotada -sobre todo en el rubro indumentaria- al igual que las "ilegales"), siempre aparecen exponiendo su queja por el fenómeno y amenazando con sanciones, los organismos oficiales de los EEUU (y La Nación se hace eco), que obviamente defienden los intereses de sus empresas; pero que han hecho también de la expansión ad infinitum del concepto de propiedad intelectual (en su caso, "royalties", por ejemplo) una poderosísima estrategia de presión política para los países dependientes.
Y si no pensemos en lo desarrollos de la biogenética o la poderosísima industria farmacológica, y la famosa cuestión de las patentes.
Por otro lado siempre son dudosos los límites de protección del bien jurídico tutelado, en éste caso la propiedad intelectual: no es lo mismo la creación de una obra artística (un disco o una película) de la que su autor vive (aunque muchas la propia industria que le da difusión es la que se apropia de la mayor parte de las rentas que éste genera), que la cantidad y la ubicación de las tiras que tienen que figurar en una remera, un gorro o una zapatilla.
Sin embargo los apologetas de la defensa del "diseño" (generalmente de los países del norte) defenderán igual unas y otras, tratando además de captar en exclusividad los beneficios que generan transmitiendo esteoritipos culturales y pautas de consumo.
Pero además hay en todo esto un inocultable tufillo clasista y con nítida alineación política: si se repara en los sectores en los que se pone el foco como los "piratas", y en las embajadas (o la Embajada) que siempre están detrás de los reclamos, quedará claro de lo que hablamos.
Del mismo modo que estos mismos medios (como La Nación o Infobae) que se alinean decididamente en defensa de ciertos intereses empresariales con el pretexto de la "ilegalidad" o la protección de la propiedad intelectual, reclaman otras reglas de juego cuando los Estados (en este caso del patio trasero yanqui, como puede ser el nuestro) intenta imponer regulaciones o restricciones a los movimientos de capital, o las operaciones financieras.
¿O no son acaso estos mismos medios, preocupados por la ropa trucha de "La Salada" los que nos cuentan todos los días la cotización del dólar blue", o nos explican en detalle las maniobras que se pueden hacer para evadir los controles oficiales para la compra de dólares?
O intentan justificar el por qué en el mercado inmobiliario las operaciones funcionan mejor si se toleran ciertas cosas (como declarar precios menores a los de las ventas reales, o no pedir precisiones sobre el origen de los fondos con los que se hacen las operaciones), o los elevadísimos niveles de informalidad que hay en toda la cadena de comercialización de los productos del campo.
Si La Nación por ejemplo llegó hasta a ensayar una defensa de Nidera cuando los procedimientos de la AFIP detectaron trabajo esclavo en sus explotaciones.
Ahí no les preocupaba tanto la piratería o la ilegalidad.
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