CURSO ACELERADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PARA CACEROLOS, PERIODISTAS Y OPOSITORES

Antes había pasado con Esteban Bullrich, el ministro de Educación de Macri; como lo señalamos acá. 

Después fue la diputada Ciciliani, (a) el patito feo del socialismo, como vemos acá:

Y ahora es Rosendo Fraga en ésta columna de La Nación de hoy, a la que corresponde la imagen que encabeza el post, ya haciéndole decir lo que él cree que dice, nada menos que a la misma Constitución.

A ver niños, presten atención para que se entienda bien: tanto un funcionario de Macri (para más precisiones, nada menos que su ministro de Educación) como una legisladora que responde a Binner dicen que se debería hacer una consulta popular o plebiscito sobre la re-reelección presidencial; algo que hoy por hoy, requiere de la reforma de la Constitución.

Y Rosendo Fraga (considerado por el periodismo hegemónico una de las lumbreras intelectuales de la derecha si de analistas políticos se trata) dice que el FAP (el conglomerado progresista que conduce Binner) está haciendo una campaña para recolectar un millón de firmas, porque ése sería el número que establece la Constitución para convocar a una consulta no vinculante sobre la reforma de esa misma Constitución.

Y que el gobierno la quiere impedir (a la consulta popular sobre la reforma de la Constitución) porque sería una oportunidad para la oposición, porque se supone que la mayoría de la gente se opone.

Bueno, para que vean lo seria que es toda ésta gente (que dice defender la Constitución), acá les dejamos el artículo 40 de la Constitución, que es el que regula la consulta popular:

Repasemos entonces: la Constitución no exige ni un millón de firmas, ni número alguno para hacer una consulta popular; y dice que el Congreso por una ley reglamentará las materias y los procedimientos de la consulta: o sea, que cuestiones se pueden consultar a la ciudadanía, y mediante que procedimientos.

Y esa ley del Congreso (como lo explicamos cuando el caso Bullrich) es la Ley 25.432, que se dictó en el 2001, y tiene dos artículos (el 1 y el 6) que nos van a servir para entender de lo que estamos hablando:

El artículo 1 dice: "ARTICULO 1º — El Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá so meter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. ".

El artículo 6 dice: "ARTICULO 6º — Puede ser sometido a consulta popular no vinculante, todo asunto de interés general para la Nación, con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación. En este tipo de consulta el voto de la ciudadanía no será obligatorio.".

Vemos entonces que los dos (uno para la consulta vinculante, el otro para la no vinculante) dicen lo mismo: si la Constitución establece para una ley un procedimiento especial, por ejemplo exigiendo una mayoría calificada (más amplia) para que esa ley se apruebe; nada vinculado a esa materia puede ser objeto de una consulta popular.

Veamos ahora que dice la Constitución sobre su propia reforma, que es lo que haría falta para que la actual presidenta pudiera optar por competir para un nuevo mandato; acá tenemos entonces el artículo 30, que es el que trata el tema:

Repasemos entonces: reformar la Constitución exige una mayoría calificada (dos tercios, se entiende que del total de los miembros de cada Cámara, esa fue la polémica en 1949 entre Sampay y Lebensohn), por ende todo lo vinculado a la reforma constitucional (como habilitar una nueva reelección presidencial) no puede ser materia de consulta popular.

Y si a Rosendo Fraga se le cruzaron los cables, y en realidad a lo que se quiso referir fue a la iniciativa popular (o sea el derecho de la ciudadanía de presentar proyectos de ley), entonces nos tenemos que remitir al artículo 39 de la Constitución, que acá lo dejamos:

Si es así (que se le entreveraron los tantos) está más complicado el amigo Rosendo, porque desde el vamos es la propia Constitución la que dice en éste artículo que todos los temas vinculados a la reforma constitucional, no pueden entrar en una iniciativa popular (ni a favor ni en contra de la reforma: no se puede plantear una iniciativa popular para eso).

¿Y por qué suponemos nosotros que le pudieron haber cruzado los cables?

Porque es en éste artículo 39 (y no en el 40, que refiere a la consulta popular) en el que se establece un número o porcentaje, o referencia en ése sentido: es cuando dice que la ley que reglamente la iniciativa popular no puede exigir a los ciudadanos que la presenten, más del 3 % del padrón electoral.

Aun así, no sólo nada tiene que ver con la consulta popular que es de lo que habla Fraga (el artículo 40 no dice nada de números ni cantidades, y la Ley 25.432 que lo reglamenta tampoco, salvo que exige que vote al menos el 35 % de los empadronados para que la consulta sea válida), sino que tampoco establece cantidades concretas (un millón de firmas por ejemplo), sino un porcentaje máximo del padrón que se puede exigir (ese 3 %) por la ley reglamentaria.

Ley reglamentaria que se dictó en 1996, y es la Ley 24.747, cuyo artículos más importantes son el 3 y el 4, que transcribimos:

El 3 dice: "ARTICULO 3 º-No podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.".

El 4 dice: "ARTICULO 4°-La iniciativa popular requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior al uno y medio por ciento (1,5 %) del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales y deberá representar por lo menos a seis (6) distritos electorales.".  

Por un lado reitera lo que ya dice la Constitución (no podría decir lo contrario), y por el otro rebaja la exigencia de firmas para viabilizar una iniciativa popular al 1,5 % del padrón, porque ya dijimos que el 3 % que establece la CN es el máximo.

Además sería ridículo presentar un proyecto de ley (por ésta vía) pidiendo que la Constitución quede igual, o sea que no se la reforme, para que no haya posibilidad de re-reelección: aunque la reforma constitucional pudiese ser objeto de iniciativa popular (o sea si el artículo 39 no lo impidiera), la reforma (aunque parezca una estupidez, pero hay que aclararlo ante tanto disparate) es para reformar la CN, no para dejarla como está.

Y ya que estamos, del propio texto del artículo 39 de la Constitución surge que no pueden ser objeto de iniciativas ciudadanas los proyectos de ley que refieran a materia presupuestaria; lo que nos lleva a recordar que en el 2010, al vetar Cristina el proyecto de 82 % móvil para las jubilaciones que no tenía financiamiento, el senador Giustiniani amenazó con juntar firmas para presentar un proyecto de ley que lo imponga.

Todavía lo estamos esperando.