HISTORIA DE NUNCA EMPEZAR

Leemos en el diario del Loco Lindo lo que pasó en la "mesa del diálogo" entre la justicia y el Poder Ejecutivo para seguir el proceso de implementación de la reforma procesal penal, con las quejas que -a su turno- expusieron tanto el Fiscal General De Olazábal, como el Defensor General Ganón.

Por si alguno no conoce en detalle el tema, tiene que ver con el proceso de transformación de la justicia provincial (en especial el fuero penal) a partir de lo que se dio en llamar el Plan Estratégico Judicial (2006), y la sanción del nuevo Código Procesal Penal (Ley 12.734) en 2007, para dar paso a la oralidad.

En Nestornautas nos hemos ocupado en reiteradas oportunidades de la reforma, y en especial en éste post de hace bastante más de un año decíamos: "Por más Defensores y Fiscales Generales que se designen (con amplio despliegue publicitario), sin edificios, sin empleados, sin equipamiento, ¿de qué reforma judicial estamos hablando?.".

Más o menos lo mismo que está diciendo el titular el Ministerio Púlico de la Acusación De Olazábal, sólo que en este caso agravado por el transcurso del tiempo, y las sucesivas prórrogas de la entrada en vigencia del nuevo Código, sancionado como se dijo hace más de cinco años.  

En materia de infraestructura, la reforma presupone la construcción de al menos cinco Centros de Justicia Penal en cada una de las cabeceras de las circunscripciones judiciales (Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto), que de acuerdo por lo planteado por el gobierno al asumir Binner, deberían haber estado finalizados al concluir su mandato en diciembre del 2011. Allí deberían funcionar los nuevos juzgados, las fiscalías y las defensorías que demanda la implementación del nuevo sistema.

La realidad está bastante lejos de eso, y de hecho el único que registra algún grado de avance es el de Rosario, pero siempre hablando de la estructura de hormigón armado, es decir la "cascara" del edificio, tal la costumbre del socialismo ya observada en el caso de los hospitales, el CEMAFE y el Puerto de la Música (en éste caso, ni siquiera empezado). 

El cartel que ven en la foto está en la esquina de la manzana de los tribunales santafesinos,  nos muestra como debería ser el Centro de Justicia Penal Santa Fe, y fue colocado el 21 de octubre del año pasado.

La siguiente foto muestra como está la obra hoy, exactamente un año después:

Sí, exactamente igual y sin que se haya colocado un sólo ladrillo; los restantes Centros (Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista) ni siquiera fueron adjudicados, porque tampoco fueron licitados, y no figuran en el Presupuesto.

Por el lado del equipamiento informático, pasa lo mismo: hay en realidad un programa de equipamiento informático del Poder Judicial (no estrictamente del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la defensa, que son los órganos creados por la reforma) ejecutado por el Ministerio de Economía con financiación del BIRF, comenzado mucho antes de la sanción de la reforma; y no concluido todavía (le restaría algo más de un 20 % del proyecto total).

La realidad marca entonces que -al menos en estos aspectos- la implementación de la reforma judicial es bastante más que un problema de trabas burocráticas como planteó Bonfatti en la reunión: no existió nunca (desde que el Frente Progresista llegó al gobierno) la decisión de implementarla en otro punto que no fueran los nombramientos de fiscales y defensores afines. 

Una bolsa de trabajo para la militancia recién egresada de la UNL y la UNR, radicales y socialistas, respectivamente; cosa ya advertida acá cuando el Ministro de Justicia Lewis decía (hace poco más de tres meses) que el nuevo Código se implementaría en el 2013.

Ya hubo 14 leyes de prórroga desde su sanción, y todo hace suponer que habrá otra más; ¿o no fue el propio Bonfatti el que dijo en la misma "mesa de diálogo" cuando asumió -parafraseando a Galtieri- que la reforma "no tenía plazos sino objetivos"?    

Claro que entre esos objetivos estaba en un plano preponderante acomodar amigos en la justicia; como lo comprueba no sólo el caso hoy conocido a nivel nacional (gracias al escándalo Tognoli) de la designación del hijo de Barletta en el máximo cargo administrativo del Ministerio Público de la Acusación; sino éste otro decreto (también revelado en su momento en Nestornautas):

Decreto por el cual, de los cuatro cargos cubiertos durante el gobierno de Binner (sobre un total de cinco) de Fiscales Regionales (los que están inmediatamente por debajo del Fiscal General en la estructura del Ministerio), dos fueron asignados a reconocidos dirigentes del radicalismo, con paso por la Franja Morada primero, y en el funcionariado de la UNL después, uno de ellos con antecedentes de sumarios y pedidos de enjuiciamiento en sus anteriores cargos en la justicia:  

Con esos antecedentes, no debería sorprender que del escaso presupuesto asignado al Ministerio Público de la Acusación ($ 38.941.000) y al Servicio Público de la Defensa ($ 31.059.000), la mayor parte se la lleve el pago de sueldos: exactamente el 80,91 % de las partidas en el primer caso, y el 87,87 % en el segundo.

Sueldos que se vienen cobrando desde hace meses sin trabajar, porque los fiscales y defensores no tienen jueces, ni edificios, ni empleados, ni computadoras, ni nada. Y no lo decimos nosotros, lo dijo hace poco el propio Defensor General Ganón:

Y nada de todo lo dicho impidió que el año pasado (en plena campaña electoral presidencial) Binner hiciera conferencias en Buenos Aires y recorriera los medios nacionales mostrando entre los logros de la gestión del Frente Progresista (así como hizo con el 82 % móvil) la implementación del proceso de reforma de la justicia santafesina. 

Estas cosas también pasan con la gestión progresista que designó a Tognoli como jefe de la policía santafesina.