Dejemos de lado toda teoría conspirativa y supongamos que toda ésta movida es simplemente un reclamo salarial, y que después de todo prefectos y gendarmes son (en la mayoría de los casos) laburantes que dependen de su sueldo para mantenerse ellos y su familias.
Y que tienen todo el derecho del mundo de reclamar por lo que creen justo, sobre todo si fuera cierto que a algunos de ellos la aplicación del Decreto 1307 les significa una rebaja de sueldos; siempre claro está, que no estemos hablando de que pasen a pagar Ganancias, porque ahí les caben las generales de la ley, como a cualquier hijo de vecino, si llegaron a cierto nivel salarial como consecuencia del decreto.
Lo cual sería raro si se tratara de gente que no estaba pagando Ganancias y pasa a hacerlo, porque en esos casos la alícuota es la menor y la incidencia del impuesto es pequeña, no dan las cifras de las que se está hablando.
Como también es muy raro que haya disminuciones de haberes (no decimos que no, tratamos de entender a que se deben), porque justamente el decreto dispone un reordenamiento de los salarios de Prefectura y Gendarmería, eliminando adicionales salariales y reemplazándolos por otros.
El artículo 2 del decreto lo dice concretamente: "Art. 2° — Créanse, para la GENDARMERIA NACIONAL y para la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, los suplementos particulares “de responsabilidad por cargo”, “por función intermedia”, “por cumplimiento de tareas específicas de seguridad” y “por mayor exigencia del servicio”, que serán percibidos en el monto y según las condiciones e incompatibilidades que se detallan en las Planillas Anexas al presente artículo. ".
Y lo más interesante, el artículo 6 establece una suerte de garantía de que no habrá rebajas salariales: "Art. 6° — El personal que por aplicación de las medidas contenidas en el presente Decreto, percibiere una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiera correspondido por aplicación del escalafón vigente a la fecha de su entrada en vigencia, sin considerar el efecto de ninguna medida judicial y en tanto se mantengan las condiciones previstas en dicho escalafón para su percepción, percibirá una suma fija transitoria que se determinará por la metodología y con los efectos contemplados en las disposiciones del artículo 1°, inciso b), del Decreto Nº 5592 del 9 de septiembre de 1968.
Dicha suma, que no podrá estar sujeta a ningún tipo de incremento salarial, permanecerá fija hasta su absorción, la que se producirá por cualquier incremento en las retribuciones, incluyendo los correspondientes a los ascensos del personal. ".
Cualquiera que conozca el funcionamiento de la Administración Pública (y aun de las propias empresas privadas) sabe que cuando se toman medidas de éste tipo (igual que cuando por ejemplo se acuerdan los aumentos salariales en paritarias) se simulan liquidaciones de haberes, incluso para estimar el costo de las mejoras; y ese procedimiento permite detectar situaciones puntuales que puedan provocar conflictos o reclamos.
Algo parecido sucedió hace poco cuando se anunció el aumento de la AUH y las modificaciones en las escalas y topes de cobro de las asignaciones para los trabajadores formales: la ANSES tuvo que instrumentar resoluciones adicionales para redondear las medidas que estaban contenidas en el decreto de Cristina.
La referencia a medidas judiciales (concretamente cautelares obtenidas por algunos oficiales y suboficiales en otros años) que hace el decreto nos sitúa en un contexto en el cual algunos lograban por esa vía salarios por fuera de la escala (astronómicos en algunos casos), y con prescindencia incluso de su grado dentro de la estructura de cada fuerza.
Es posible (no probable, porque hace un año que se viene trabajando en el tema) que en el intento de corregir esas distorsiones se haya cometido algún error tirando el niño junto con el agua digamos, y generando el caldo de cultivo para la protesta, el paso de las horas dirá si es o no así.
Pero dicho esto y volviendo al principio, no se puede desconocer el clima y el contexto políticos en los que la protesta se desarrolla, y las reacciones que dispara: basta ver el encuadre que le dan los medios (ver la captura de pantalla de La Nación), y como replica en los comentarios digitales o en las redes sociales, para advertir que, si la medida no tiene intenciones desestabilizantes, rápidamente se la intenta capitalizar para ése lado: cualquiera sabe que no es lo mismo un paro o protesta de gendarmes y prefectos (a la cual están alentando a sumarse a los militares, que con el Decreto 1305, casi contemporáneo al anterior y con un esquema similar, tuvieron su recomposición salarial), que un paro de un sindicato común.
La protesta por otro lado y su disparador (la revisión de adicionales salariales de larga data, que incluso creaban situaciones de privilegio y discrecionalidad hacia el interior de las propias fuerzas de seguridad) tiene una escalofriante similitud con la revuelta de la policía ecuatoriana contra el gobierno de Rafael Correa; lo que no hace sino aumentar la inquietud.
Sobre todo porque el reclamo aceleró las pulsiones destituyentes de ciertos sectores que fogonean los cacerolazos y la convocatoria para el 8 de noviembre, sectores que del mismo modo que ya no pueden disimular su intencionalidad y definición política bajo el disfraz de reclamos legítimos de ciudadanos independientes sin representación política (o por lo menos no parece que estén haciendo el esfuerzo por disimularlo, o desmarcarse de los núcleos más activos), tampoco pueden disimular (o les cuesta cada vez más) que el verdadero propósito que persiguen es la interrupción del mandato de Cristina, por el mecanismo que fuere: anda por allí una convocatoria a impulsar el juicio político.
Sin caer en el síndrome de la fábula del pastor mentiroso anunciando a cada rato movidas destituyentes, habrá que estar atentos a éste tipo de cuestiones.
Y si en el gobierno hay algunos funcionarios que no terminan de entender lo que está en juego y ayudan a pegarse tiros en el dedo gordo del pie (como sugiere acá Oscar Cuervo), será hora de que apaguen los espirales y se pongan las pilas o desocupen el despacho, porque el horno no está para bollos.
Como fuere, todo el asunto suena raro, muy raro, demasiado raro se diría.
Las autoridades de prefectura y gendarmería no representan a los que conducen?. Es necesario que prefectos y comandantes salgan a cacerolear para que sus haberes no sufran descuentos?. Hay que estar muy atentos a estas movidas que no son casuales.
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