SUSTITUCIÓN

La política previsional ha sido sin dudas uno de los puntales del kirchnerismo, tanto medida en términos de lo que aportó al crecimiento económico verificado en el país desde el 2003, como a los triunfos electorales del 2007 y el 2011; que estuvieron en línea con los logros de esa política.

Al mismo tiempo el comportamiento de la ANSES como organismo de ejecución de esa política es uno de los ejemplos más contundentes de la recuperación de la capacidad de acción estatal en los gobiernos de Néstor y Cristina.

Sin embargo, la implementación de esa política previsional no estuvo exenta de tensiones y no sólo por el emblemático caso de la liquidación de las AFJP, poniendo punto final al oprobioso sistema de jubilación privada diseñado en el menemismo; o por los demás roles institucionales que se le asignaron a la ANSES en la ejecución de las políticas públicas, como es el caso del manejo del Fondo de Garantía de SAustentabilidad (FGS), el plan Conectar Igualdad o el programa de viviendas Procrear.

Aun dentro del conjunto de las fuerzas políticas que adhieren a la idea de un sistema previsional público de reparto (aunque algunas de ellas, como el radicalismo, no votaron la disolución de las AFJP), no existe un consenso unánime respecto a los principios centrales que deben sustentarlo.

Desde el kichnerismo y en el marco de las políticas macroeconómicas implementadas en la post convertibilidad, se puso el acento en la ampliación de la capacidad de cobertura del sistema de seguridad social (tendiendo a universalizar sus beneficios tanto como fuera posible), y en paralelo con eso, en su sustentabilidad financiera.

Desde la oposición en cambio (en espejo con la instalación del tema en la agenda de los medios hegemónicos, y con los planteos de la corporación judical) se pone el acento en la discusión sobre la tasa de sustitución, es decir el porcentaje que cobran los jubilados, medido sobre el sueldo que percibe quien desempeña en actividad su misma función, o corresponde al mismo sector de la fuerza laboral: a esa lógica responden la cuestión del famoso 82 % móvil (que el Grupo A impulsara en el Congreso sin atender a ninguna fuente cierta de financiamiento) y los juicios por el reajuste de los haberes previsionales.

La diferencia no es menor en términos de sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social, y (sobre todo) de equidad distributiva de los recursos disponibles; como tampoco de lectura del impacto de las políticas neoliberales de los 90' en el entramado social.

En efecto, si al diseñar la política previsional se pone el acento (como lo hizo el kirchnerismo) en la ampliación de la capacidad de cobertura, se está reparando en parte el desmadre que produjeron en la sociedad los altísimos niveles de desempleo, informalidad y precarización laboral de las políticas neoliberales, sea al permitirle acceder a un beneficio jubilatorio a quien no podría lograrlo en condiciones ordinarias (programa de inclusión previsional, con 2,5 millones de nuevos jubilados), u otorgándole los beneficios de la seguridad social a los excluidos del sistema o informalizados (3,7 millones de beneficiarios de la AUH, por ejemplo).

Si por el contario, se pone el acento en la tasa de sustitución (como lo hace la oposición al plantear el 82 % móvil), por más loables que sean las intenciones, se está congelando y perpetuando la inequidad laboral, salarial y distributiva con la que la sociedad argentina emergió de los 90' y de la crisis de la convertibilidad; y además se está poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera del conjunto del sistema.      

Y sin embargo y aun expuestas así las dos posturas que han primado hasta acá al respecto, vemos en Página 12 -a través del informe de Diego Bossio en el Congreso- como las políticas previsionales del kirchnerismo pudieron también recomponer progresivamente la tasa de sustitución, o sea la relación entre el haber jubilatorio y el salario de los trabajadores en actividad.

El informe de Bossio revela que esa tasa llegó al 73,88 % en el caso de los trabajadores en relación de dependencia que no accedieron al beneficio por los programas de inclusión previsional; y si se incluye a los autónomos, la tasa pasó del 43,2 % en 1997, al 62 % en la actualidad.

Para el conjunto del sistema (es decir incluyendo a las nuevas jubilaciones fruto de la inclusión previsional) la tasa de sustitución pasó del 45,2 % en el 2006 al 52,9 % el año pasado

Y además también se ha logrado bajar la tasa de litigiosidad del sistema; que es otro caballito de batalla con el que la oposición y los medios cuestionan al gobierno: una lógica consecuencia de la mejora en la tasa de sustitución, para lo cual ha aportado además decisivamente el régimen de movilidad de las prestaciones aprobado en el 2008 por la Ley 26.417, con el voto en contra de la mayoría de la oposición.

Régimen de movilidad que aplica una fórmula que le viene ganando desde su instauración a la inflación (aun a la medida por las consultoras privadas, o los índices provinciales), y al promedio de aumento de las remuneraciones de los trabajadores en actividad, pactados en paritarias; y que a su vez tiene una base de sustentabilidad, en tanto incorpora a la fórmula los recursos con los que se alimenta el sistema, además de la cantidad de beneficios que paga, y la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, como se explicó acá.    

Lo que nos lleva al famoso caso del reclamo hecho por Binner cuando era gobernador, para que se deje de afectar el 15 % de la masa coparticipable global a la financiación de la seguridad social; reclamo que demuestra la inconsistencia del discurso opositor: por un lado plantea la mejora en la tasa de sustitución y la cancelación más acelerada de los juicios previsionales, pero por el otro -a partir de un federalismo trasnochado que encubre la falta de decisión de captar otras rentas en sus propios distritos-; reclama que al sistema se le resten recursos con los que hoy cuenta.

Y recursos de los que no puede prescindir, como lo demostramos con números acá.