TEROS

Clarín pone hoy en tapa el escandalete en el Consejo de la Magistratura al tratar el concurso para cubrir la vacante que dejó el juez Carbone, en el juzgado que tiene a su cargo fallar la demanda del Grupo contra la ley de medios.

Acá el propio Clarín en su edición de hoy y acá en La Nación le dan amplia cabida al asunto, que generó el consabido "rechazo opositor" del que habla del tapa: en realidad y como siempre, los opositores fueron a la zaga de lo que les marcó el ex gran diario argentino con sus artículos, defendiendo los intereses empresariales del Grupo. 

Porque lo interesante del caso es que el grado de desesperación de Clarín es tal, que ni siquiera se toman el trabajo de disimular la embestida para poner un juez que les guste a ellos (porque de eso se trata), bajo el rótulo de la defensa de la independencia de la justicia.

Por el contrario, aun teniendo por cierto que el gobierno trata de imponer un juez afín para que resuelva la causa de la ley de medios, lo que queda muy en claro es que Clarín actuó en éste caso (con la claque permanente de políticos opositores a su servicio) en defensa de sus intereses empresariales, amenazados por las cláusulas de desinversión de la ley de medios.

Poco le importaba a Clarín -cuando presentó su demanda original- que Carbone fuera un juez impresentable, que resolviera una cautelar autónoma con fundamentos ridículos (que en cierto modo la propia Corte dejó expuestos como tales en su fallo, cuando señaló por ejemplo que el Grupo no aportó ningún argumento para demostrar que la ley de medios vulnerara la libertad de expresión); porque por el contrario por entonces era completamente funcional a sus intereses.

El mismo Clarín que por ejemplo allá por los tiempos del gobierno de Duhalde movió los hilos en el mismo Consejo de la Magistratura para echar en tiempo récord al juez Marquevich, por haber tenido el descaro de procesar y detener a Ernestina Herrera de Noble en la causa por la presunta apropiación de sus hijos adoptivos.

Consejo de la Magistratura dijimos: un engendro surgido de la reforma del 94' (como una de las concesiones de Menem a Alfonsín en el Pacto de Olivos), con la supuesta finalidad de mejorar el proceso de selección y destitución de los jueces, y que a 18 años de su creación, lejos está de haber logrado algo en esa materia. 

Porque cualquiera que haya estudiado un poco el tema (o prestado atención a lo publicado por los propios medios) caerá en la cuenta de que no es éste concurso (el del juzgado que dejó vacante Carbone), ni por mucho, el único de los que está cuestionado entre todos los que sustanció el Consejo: han existido casos en que hasta se comprobó que algunos postulantes tenían acceso antes a los exámenes, y cosas por el estilo.

En ésta entrada nosotros analizábamos el asunto demostrando además que, cuando desde la oposición y los medios se critica la reforma impulsada por el kirchnerismo en el 2006, en realidad lo que se está queriendo consagrar es el predominio de las corporaciones tribunalicias (jueces y abogados) y de los poderes económicos en el Consejo, por encima de los órganos surgidos de la voluntad popular, como son los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Los consejeros que se opusieron y se oponen a la candidata propuesta por el Ejecutivo (los radicales y los representantes del Colegio de Magistrados, uno de los cuáles -Recondo, el recusado por el kirchnerismo- se reivindica como radical) forman parte de un bloque que se comporta siempre como tal: son los mismos que por ejemplo hace un tiempo protegieron al camarista mendocino Otilio Romano (acusado por complicidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura), o que querían sancionarlo a Oyarbide por haber cantado con la "Mona" Giménez.         

Y para que se vea que en todos lados se cuecen habas (y en casa a calderadas) acá tienen varios ejemplos de lo que pasa en Santa Fe con el Consejo de la Magistratura y los manejos políticos del gobierno del Frente Progresista para imponer sus candidatos a cargos en la justicia; algo seguramente mucho menos conocido a partir de lo que publican los medios hegemónicos. 

Porque de eso se trata todo esto: nos quieren vender un mundo irreal que no existe, en el que los jueces caen del cielo como criaturas angelicales, sin vínculo alguno con las propias corporaciones judiciales (o como si éstas no defendieran intereses, privilegios, ideas, visiones del mundo), sin favores políticos que pagar; y una vez llegados a sus cargos, simplemente administrarán justicia sin mirar a quien, sobre todo cuando las causas que tienen a su cargo son picantes o involucran intereses importantes.

Y que el único que vino a romper con esa paz idílica fue el kirchnerismo, para imponer un juez adicto en la causa del Grupo Clarín contra la ley de medios.

Causa que, yendo al fondo del asunto, no reviste complejidad jurídica alguna: se trata de establecer si el Estado puede o no dictar una legislación antimonopólica en materia de medios de comunicación (y no sólo puede, sino que debe hacerlo, se lo impone la propia Constitución Nacional en sus artículos 42 y 75 inciso 19), y en caso de hacerlo, si esa legislación afecta o no derechos constitucionales como el de propiedad o libertad de expresión; y en tal caso si hay obligación o no de indemnizar a los supuestos perjudicados.

Que puede no hay dudas, que la libertad de expresión no tienen nada que ver con desmantelar monopolios (lo dice implícitamente la Corte en su fallo) tampoco, y que haya que indemnizar es cosa opinable (las licencias al fin y al cabo son del dominio público, porque el espacio radioeléctrico es un bien administrado por el Estado), y en todo caso será cuestión a discutir entre las partes y el juez, una vez dejado en claro lo anterior.

Del mismo modo que tampoco es labor del juez establecer si los límites que pone la ley de medios a la acumulación de medios (las 24 licencias en total, el 35 % de los abonados al cable, los límites de licencias por cada área primaria de servicios) son o no razonables: establecido que el Estado puede regular al respecto, y que esa regulación no vulnere derechos constitucionales, lo demás es un arbitrio de los poderes elegidos por el pueblo, y está vedado al análisis de los jueces.

Es decir que no es que el reemplazante de Carbone (sea quien sea) pueda establecer por un fallo un punto medio entre las 24 licencias que el Grupo Clarín puede tener de acuerdo con la ley, y las 240 que tiene, sólo en sistemas de cable; para poner un ejemplo que se entienda.

Por otra parte sea quien sea el reemplazante de Carbone en el juzgado, si a una de las partes en la causa de la ley de medios (el Estado o el Grupo Clarín) no les gusta lo podrá recusar si media causa, o impugnar sus resoluciones para que otros jueces las analicen y vean si las confirman o revocan; es decir que tienen todas las garantías del debido proceso para defender sus intereses.

Acá el asunto es otro y es una lucha de poderes, entre el poder democrático del Estado que trata de ejecutar una ley que expresa una política pública gestada con amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil, y un grupo empresario que defiende con uñas y dientes sus privilegios obtenidos por décadas, al amparo de las claudicaciones de numerosos gobiernos, incluido el propio kirchnerismo. 

Y ese grupo económico está actuando como el tero, que pega los gritos en un lugar y pone los huevos en otro.

Porque lo que Clarín trata de hacer en realidad acá es conseguir para la causa no un juez independiente, sino uno afín a sus propios intereses, como ha tenido tantos a través de los años, en todos los casos en que ha tenido que defender sus negocios en la justicia, como Papel Prensa, Fibertel o la fusión de los cables.

Y gritando contra la candidata del Ejecutivo, lo que trata de ocultar es que quiere amedrentar -con el poder de fuego que le dan sus fierros mediáticos- a cualquier otro que pudiera ocupar el cargo, o a cualquier juez que pueda en el futuro tener que ver con la causa; sabedor además de que si hay un Poder especializado en leer y decodificar mensajes políticos y semblantear climas, son los jueces.