La decisión del ministro de Seguridad de la provincia de recibir a los diputados Rico y Toniolli del Movimiento Evita (de la que da cuenta ésta nota de Rosario 12), por el caso de los militantes de la agrupación baleados por narcos en Rosario es un gesto de madurez política, acorde con la gravedad del asunto; y con la representación institucional que los dos invisten.
Sin embargo, no puede pasarse por alto que no fue ésa la primera e inmediata respuesta del socialismo ante el hecho; sino que, muy por el contrario, la línea argumental y política del gobierno provincial y de los referentes partidarios fue estrechar filas de inmediato en defensa de la policía santafesina (para variar, fuertemente sospechada de connivencia y vínculo con los narcos, también en éste caso), y echar sombras sobre las víctimas; aduciendo que estaban vinculadas al narcotráfico, y que el episodio era un simple ajuste de cuentas dentro de ése contexto.
Y para eso el gobierno provincial (específicamente el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet) se valió de mecanismos que el socialismo ya ha utilizado con anterioridad, en similares circunstancias: compra pescado podrido provisto por la propia fuerza policial (interesada en salvar su pellejo), y lo difunde a través de las redes sociales y los medios por intermedio de periodistas que ofician de voceros part time del gobierno provincial; del cual reciben generosa pauta.
Un modus operandi ya utilizado en el sonado caso de la camioneta hallada con droga, y que supuestamente pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; contado con detalle acá, en el que quedaron clarísimos los vínculos fluidos existentes entre la policía, los funcionarios provinciales y los referentes del socialism,o y los periodistas militantes (que los hay acá también, aunque no del kirchnerismo, claro), cuando de lo que se trata es de desplazar culpas hacia el gobierno nacional; o distraer la atención sobre hechos que ponen en el ojo de la tormenta los graves problemas de inseguridad que tiene la provincia en general, y Rosario en particular.
En éste caso -el de los militantes del Evita baleados por soldaditos narcos-. la cosa fue más lejos, porque para filtrar la información (reiteramos: pescado podrido generado dentro de la propia fuerza policial) se utilizaron los servicios (pocas veces tan apropiado el término) del portal en Internet de una agrupación que nuclea a policías exonerados, y que -so pretexto de la defensa gremial de los policías- reivindica abiertamente las políticas de mano dura, la idea del autogobierno policial y (tiempos ha) hasta la mismísima participación policial en la represión ilegal durante la dictadura.
Y la maniobra puso en peligro a las propias víctimas que denunciaron el hecho, como que "misteriosamente" sus declaraciones en sede policial llegaron a conocimiento de los narcos, y recibieron amenazas de éstos.
Estos "favores" que pide y da el socialismo a la policía para conseguir un objetivo político los terminamos pagando todos, y muy caro; y son los propios socialistas los que deberían haber advertido hace rato que están jugando con fuego.
Sobre el marco general que plantea el crecimiento del narcotráfico en Rosario y su zona de influencia, y sus efectos, es altamente recomendable ésta columna de Luis Bruchstein en Página 12 de hoy.
Más allá de eso, subsisten los interrogantes públicos sobre los que los santafesinos merecemos respuestas, porque no termina de quedar en claro de que modo el gobierno provincial ha metabolizado las consecuencias del escándalo Tognoli para sacar provecho de la desgracia; y cuan profundos son sus compromisos con la corporación policial, que le impiden avanzar, de una buena vez, en su reestructuración.
Por citar sólo un ejemplo, a casi siete años de sancionada la Ley 12.521, y después de dos meses de anuncios grandilocuentes de reformas, aun sigue sin aprobarse el nuevo régimen de ascensos dentro de la Policía de Santa Fe (por concursos, con participación de funcionarios civiles en la selección); aunque sólo depende de un decreto de Bonfartti.
Las operaciones mediáticas y de las otras de Drivet con el caso de los militantes del Evita baleados responden estrictamente al modus operandi del gobierno provincial en éstos casos; y que también fuera utilizado en su momento por ejemplo en el caso Tognoli, o en la extorsión contra Norma Castaño, haciendo circular un video armado por policías hoy procesados por la justicia, justamente por eso.
Las similitudes son muy grandes como para pensar que se trató de una iniciativa personal del funcionario, sin conocimiento ni aprobación de la primera plana política del gobierno de Bonfgatti.
Porque si así fuera (sobre todo después de que Lamberto recibió a los diputados del Movimiento Evita), ya deberían haberle pedido la renuncia; y si no lo hacen, están dejando en evidencia que no hizo más que obedecer órdenes.
Sea como sea, el grave asunto de meter en cintura de una vez por todas a la fuerza policial santafesina (cuestión imprescindible para empezar a poner en marcha una política de seguridad en serio), exige ponerse de una buena vez los pantalones largos, y dejarse de chiquilinadas.
Y no nos referimos justamente a la edad de Matías Drivet.
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