POBLACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Por Raúl Degrossi

La infografía de apertura corresponde a ésta nota, en la que leemos: "Hace dos años que lo advirtió una publicación de un investigador del Conicet: la ciudad de Buenos Aires constituye el cuarto distrito electoral del país, y sin embargo mantiene el número de diputados de cuando era el segundo.

Aquella investigación de Diego Reynoso (licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, doctor en Ciencias Sociales de Flacso) se apoyaba en los primeros datos que difundió el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010. Hoy, el Padrón Electoral Nacional -previsiblemente- ratificó que la distribución de las bancas por provincias no cumple con lo que manda la Constitución.

El número de representantes que debería tener la provincia de Santa Fe es de 20, pero cuenta con 19. Y Córdoba -que ya ocupa el segundo lugar que años atrás correspondía a Capital Federal- debería contar con 21 escaños y apenas suma 18.

De todas formas, no son esas dos provincias de la Región Centro las más perjudicadas. Peor es la situación que vive el distrito electoral de mayor volumen en todo el país: la Provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados pero deberían ser 97.

Capital Federal -de actualizarse la representación según ordena la Constitución- perdería 7 diputados nacionales. Los porteños cuentan en la Cámara Baja del Congreso con 25 representantes y su Padrón Electoral muestra que deberían ser sólo 18.".

La investigación original fue analizada en éste post sobre la autonomía porteña; y brinda material para más de un análisis, aun cuando pueda hacerse acá una primera constatación: la sobrepresentación porteña en la Cámara de Diputados (como consecuencia de su progresivo decrecimiento poblacional desde que se dictó la Ley 22.847) sobrevivió a la consagración constitucional de la autonomía de la ciudad.

Con lo que lo que en un momento se pensó como compensatorio de una "capitis diminutio" de la ciudad en términos políticos (los porteños no podían siquiera elegir su intendente), hoy no tiene demasiado sentido; como no sea el mismo que tiene la autonomía: jerarquizar -con estructurales institucionales ad hoc- el peso y la importancia política de un distrito dominado por un electorado tradicionalmente conservador, en el que predominan las opciones de derecha.

Tampoco debe perderse de vista que la reforma constitucional de 1994 estableció la elección directa del presidente con balotaje, eliminando los colegios electorales; y por ende el peso político que pierden de ese modo las provincias más chicas, lo compensan estando sobre-representadas en la Cámara de Diputados.

El sistema de la Ley 22.847 (aun vigente) hace que, mientras en Tierra del Fuego basten 22.815 para tener un diputado, en la provincia de Buenos Aires sean necesarios 162.795, o sea 7,13 veces más. 

Claro que una modificación que adaptara la representación política estrictamente a la población (que no es ni más ni menos que lo que manda la Constitución en su artículo 45) acrecentaría aun más el ya decisivo peso político del distrito bonaerense y, aunque el sistema se modificara, siempre quedaría como contrapeso institucional la representación provincial en el Senado, propia del régimen federal adoptado por nuestra Constitución.

Hablando de Constitución: ni siquiera una modificación de la Ley 22.847 que favoreciera a la PBA (llevando su bancada de diputados a lo que le correspondería por población), podría facilitarle a la provincia más grande recuperar los puntos de coparticipación de impuestos perdidos con el acuerdo que dio lugar a la Ley 23.548, porque para eso sería necesaria una nueva ley en la materia; con el complejísimo trámite que demanda el artículo 75 inciso 2) de la CN: inicio por el Senado (donde enfrentaría la previsible oposición de las provincias que deban ceder recursos), mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, y ratificación de todas las legislaturas provinciales.

A menos claro, que se reforme la Constitución, pero vemos como hoy desfilan por las escribanías los opositores comprometiéndose a no hacerlo. Señalamos el caso de la coparticipación, porque para los bonaerenses sería el principal incentivo que podría tener un cambio en el sistema de representación política en Diputados.    

Las valoraciones que se hacen en la investigación sobre el conservadurismo de las provincias del interior (en especial del NEA-NOA) deben, cuanto mínimo, matizarse: si bien son estrictamente ciertas en cuestiones que tienen que ver por ejemplo con todo lo relativo a la regulación de las relaciones sociales y de familia (el autor del trabajo pone el ejemplo del matrimonio igualitario), cuando de lo que se trata es de abordar otras cuestiones, la cosas es más compleja; añadiendo además lo dicho sobre la autonomía porteña y su contexto político. El conservadurismo político o social no tiene una ubicación geográfica exclusiva en el mapa nacional.

Tomemos si no como ejemplo lo sucedido en el 2008 con el conflicto con las patronales del campo por las retenciones móviles: las provincias más pobladas (las de la pampa húmeda) vieron atravesadas transversalmente sus estructuras políticas de representación por encima del clivaje oficialismo-oposición, y se generó desde ellas un fortísimo bloque de defensa del interés patronal del "campo"; como traducción al terreno político-institucional, del boom generado por la expansión del modelo sojero.

Las supuestas provincias más "progresistas" (con sociedades más diversificadas, de clase media ampliada, de base inmigratoria) expresaron entonces -a través de sus representaciones políticas- la postura más conservadora; tomando partido por la corporación sectorial empresaria frente al Estado, en la disputa por el excedente de la renta agraria extraordinaria. 

Para eso fue decisivo el peso político que en cada una de esas provincias tiene el llamado "campo" (como consecuencia del modelo de desarrollo que ha predominado en nuestra historia, implantando justamente con la Constitución de 1853); que se traduce a su vez en que logran mantener su contribución a los fiscos provinciales en niveles irrisorios: un subsidio estatal a la mega-rentabilidad empresaria (más aun tiempos de valorización financiera de la actividad agropecuaria), que constituye a su vez el combustible principal del discurso "federal" de buena parte de la dirigencia política de la pampa húmeda.   

Fue de esas mismas provincias desde donde surgió mayoritariamente el experimento político de los "agrodiputados"; un rotundo fracaso aun medido desde la estrecha óptica de la defensa del interés corporativo; y una abdicación de la política ante el poder corporativo.

Y aun hoy, en las provincias de la pampa húmeda muchos de sus dirigentes políticos replican el alineamiento del conflicto del 2008, cuando cuestionan por ejemplo la distribución del Fondo Federal Solidario creado por el Decreto 206/09 de Cristina con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja; en base a los criterios del régimen general de coparticipación federal.