LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS

Leemos en Síntesis de la Región: "Intendentes y jefes comunales justicialistas radicaron en las sedes de Gobierno de Rosario y Santa Fe un pedido de impugnación y suspensión inmediata de la vigencia de tres decretos provinciales que norman el manejo de fondos coparticipables para la educación, por considerarlos inconstitucionales y violatorios de la autonomía de los gobiernos locales. Tambien reclamaran el fondo de obras menores.

En ese sentido, el documento radicado ayer recuerda que en los artículos 109 y 113 de la Carta Magna santafesina se establece que "es el Estado provincial quien tiene a su cargo el sostenimiento del sistema educativo en su jurisdicción, de donde resulta que los recursos a tales fines, en modo alguno pueden ser obtenidos de los fondos que por vía de la Ley de Coparticipación provincial le corresponden a los municipios y comunas". Por otra parte, "la misma Constitución provincial le garantiza a éstos la administración directa de sus intereses, entre ellos, la determinación del destino de sus recursos como derivación lógica de la elaboración de su presupuesto".

Al respecto, el foro de intendentes remarcó que "aún sin ser una carga que debieran asumir, los municipios destinan recursos propios de sus magros presupuestos para el sostenimiento del FAE conforme lo establecen el Art. 13 de la Ley 2756, circunstancia que se vería ahora agravada por la creación, vía decreto, de esta nueva asignación específica de los recursos coparticipables", fijada en las tres normas con pedido de impugnación."

Si te acordás sobre el filo del año pasado hicieron bambolla con que el gobierno provincial iba a poner de su parte lo que les tocaba aportar a los municipios y comunas (echándole la culpa al presupuesto nacional) de la ley 26075 de financiamiento educativo, y lo presentaban como casi una dádiva, por la que la provincia "cedía" recursos a las municipalidades y comunas:

Más aun, en la nota (que como siempre replica los partes oficiales del gobierno sin chequear la información), el diario del Loco Lindo decía: "el Poder Ejecutivo aseguró ahora con la sanción de una ley “el reparto automático de los recursos a los municipios y comunas para cubrir los gastos ligados a la finalidad educación”." (las negritas son nuestras)

Cosa que el tiempo demostró que era falsa, como éste blog anticipó acá: primero sacaron éste decreto, luego éste otro y finalmente éste otro ya en febrero de éste año; que son los tres que impugnan los intendentes y presidentes comunales del PJ.

Por esos decretos Bonfatti incorporó al presupuesto provincial recursos que no son de la provincia, sino de las municipalidades y comunas; y creó un mecanismo para otorgarles esos recursos (que son de ellos) a los municipios y comunas igual al del Fondo del Conurbano, y al que hicieron con el Fondo de Obras Menores: una unidad ejecutora que aprueba los proyectos que presentan las municipalidades y comunas. 

Si no los aprueba, no hay plata, y esos proyectos a presentar por los municipios y comunas tienen que ser vinculados a la educación, además de los aportes que ya hacen al FAE; como lo señalan los intendentes y presidentes comunales del PJ en su presentación.

Algunas municipalidades podrían zafar diciendo que con esa plata bancan los liceos municipales (Santo Tomé, Santa Fe); pero no es el caso de la mayoría; y aun esos pocos casos ¿deberán esperar que el gobierno provincial les apruebe el "proyecto" de tener un liceo que tienen hace años para -por ejemplo- pagar los sueldos de los docentes?

A cifras del año pasado (las que toma en cuenta el decreto del 2013 de modificación presupuestaria) son más de 195 millones, lo que hay que relacionarlo con ésto otro: casi la totalidad de la inversión del gobierno de Santa Fe en infraestructura educativa, se financia con recursos aportados por el Estado nacional.

Porque esa cifra (195 millones) supera incluso lo que (según el Presupuesto 2014) recibirá Santa Fe de la nación para obras en Educación (casi 150 millones de pesos), y representa más de tres veces el Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) para obras menores en las escuelas; que son 60 millones, todos provenientes del fondo soja que envía la Nación.

Si se repara a su vez en que esos 60 millones son la misma cantidad que tenía el FANI el año pasado (pese a que el presupuesto provincial contempla mayores ingresos a la provincia por el fondo soja), parece claro que desde el gobierno provincial piensan utilizar esos 195 millones de pesos que les corresponden a los municipios y comunas para arreglar las escuelas; aparte de las partidas que ya ponen con ese fin para el FAE (Fondo de Asistencia Educativa). Y que los arreglos los contraten y paguen las municipalidades y comunas.

Lo que implica en la práctica una municipalización de la obligación de mantener la infraestructura educativa, que constitucionalmente le corresponde al Estado provincial.

Sería interesante ver que hacen a partir de la presentación de los intendentes y presidentes comunales del PJ los legisladores que votaron la Ley 13365, que ratificó el primero de los decretos de Bonfatti que ellos cuestionan, que era un DNU.