Sobre la causa judicial contra el principal promotor del motín policial de diciembre, leíamos a Tizziani en Rosario 12 de ayer: "El fiscal López Rosas pidió la declinatoria de Luna el jueves, veinticuatro horas antes de la indagatoria de Martinez, prevista para ayer, a las 9.30. Ante el requerimiento fiscal, la jueza suspendió la audiencia con el líder de Apropol y al mediodía resolvió apartarse de la investigación para que ésta se unifique en la justicia federal.
El dictamen de López Rosas generó cierto pataleo en el despacho del procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre. "Yo no estoy de acuerdo", le dijo Barraguirre a un interlocutor que tenía a mano, pero ya era tarde para una contraorden. Barraguirre recordó que una parte sustancial de la prueba -las escuchas telefónicas a Martínez ordenadas por el juez Javier Beltramone (Instrucción 9ª)- se logró en la primera etapa de la causa, en los Tribunales de Rosario. Después, otro juez subrogante, Juan Andrés Donnola (Instrucción 7ª) declinó la competencia ante la jueza Luna, de Santa Fe. Y ahora la magistrada decidió girar el expediente al juez federal Rodríguez.".
Lo primero que sorprende es que el procurador Barraguirre siga opinando sobre causas judiciales en trámite, cuando ya hizo pública su decisión de renunciar a su cargo; y que piense que podría dar instrucciones en contrario al fiscal que interviene (para que planteara mantenerla en la justicia probincial); cuando mañana empieza a regir el nuevo Código Procesal Penal, y pasará a depender del Ministerio de Público de la Acusación.
Como también que se contraríe porque la causa pasará a jurisdicción de la justicia federal; que ya tramita otra por el delito de sedición, que es lo que corresponde a la naturaleza de los hechos.
Una causa en la que -dicho sea de paso y como señalábamos acá- resulta cuanto menos sugestivo que el gobernador haya dicho que se sintió amedrentado por sentarse a negociar el aumento policial con gente armada, pero no puede precisar quienes eran.
El delito de sedición (por el cual la causa que comenzó caratulada como amenazas pasaría a la justícia federal) está tipificado por el artículo 229 del Código Penal como aquél por el cual alguien "sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. " (las negritas son nuestras).
Que fue justamente lo que pasó en Santa Fe. los policías alzados en armas (con los fierros en la mano, en la propia mesa de negociación, como dijo Bonfatti) lograron lo que querían: un aumento del 40 %, impunidad administrativa y el definitivo archivo de la reforma policial votada en el 2006.
A lo mejor el "pataleo" de Barraguirre tiene que ver con el hecho de que, si todas las causas derivadas del motín se tramitan en el fuero federal y por el delito de sedición, todas estas cuestiones se terminen ventilando; y se ponga en tela de juicio la validez de las medidas tomadas por el gobierno provincial (como pasó por ejemplo en Entre Ríos con el aumento salarial, del que luego se dio marcha atrás); haciendo lugar a los planteos sediciosos, formulados a punta de pistola.
Lo que supondría para el gobierno del FPCyS dar por tierra con su política de pactos con la fuerza policial; como se vio también hace poco en el veto "propositivo" a la ley que creaba la policía judicial; y en la creación de una "policía de investigaciones", comandada nada menos que por el hasta entonces jefe de la Unidad Regional de Rosario; que ostentaba al asumir sus nuevas funciones el triste récord de 253 asesinatos en el Departamento bajo su custodia, durante todo el 2013.
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