LA MESA DE TRIBUNALES

Los ribetes políticos que rodean al caso Boudou más allá del resultado final de la causa en los tribunales (que cualquiera sea, estará invariablemente contaminado por la sospecha) expone en mayor medida -probablemente por sus repercusiones institucionales- todo un modo de entender a la política; que por supuesto no es nuevo.

Un modo en el que de combatir realmente la corrupción hay poco, y de suplir los déficits de construcción y discurso político con recurrentes idas a los tribunales, bastante.

Es lo que alguno (¿fue Caparrós?) denominó en su momento el "honestismo": un planteo del debate y la lucha políticas en términos pre-iedológicos, con una división entre réprobos y elegidos, en la cual los primeros tendrían permitido todo (hasta el chantaje, la calumnia o las alianzas contra natura), y los segundos, negada hasta la propia entidad política: con un corrupto -según los cruzados de la moral política- no se puede negociar ni acordar nada, y aun si lo votaran, no se le puede reconocer la legitimidad democrática.  

En un sentido estricto, la postura ante la corrupción nunca podría ser materia de debate político ni constituir el eje central (si no único) de un discurso en ese campo, porque la honestidad es un presupuesto o pre-requisito -en términos teóricos- del ejercicio de la acción política; como de cualquier actividad humana: ni siquiera el corrupto más conocido admitiría que serlo es digno de encomio, de modo de generar una polémica sobre la cuestión.

Lo que no implica que la preocupación por los valores éticos -mas cuando está involucrada la cosa pública, y se juzga la conducta de quienes son responsables de administrarla- no sea valedera, ni mucho menos; sino preguntarse que lugar debe tener en la disputa política, y por qué canales expresarse: el propio sistema institucional que muchos de los cruzados moralistas defienden es bastante claro al respecto. 

El "honestismo" en cambio, es otra cosa; consistente en una amputación del debate político para reducirlo a una disputa entre los honestos y los corruptos, en la que se deja de lado la discusión sobre el poder (central en política), quien lo tiene y quien se lo disputa; con resultados previsibles, más temprano que tarde.

Un modo no inocente claro, porque aun dentro de la cruzada contra la corrupción eligen blancos, y dejan de lado otros: ¿o alguno ha oído alguna vez que carguen con la misma furia que usan para los funcionarios corruptos, contra los empresarios o grupos económicos corruptores?. 

Y por esa misma razón pueden por ejemplo amplificar el escándalo por el caso Boudou, mientras coinciden en Entre Ríos en un congreso ruralista (Carrió, Sanz y Macri), sin decir ni pío sobre las denuncias contra el presidente de la Sociedad Rural por trabajo esclavo, defraudaciones y evasión fiscal. 

El ejemplo de la Alianza y su modo de saldar la década menemista resulta en ese sentido el más aleccionador para comprender lo que decimos: en lugar de centrar su discurso (y consecuente programa de gobierno) en los devastadores efectos sociales, económicos y culturales de las políticas de los 90' sobre las grandes mayorías populares, la entente radical-frepasista prefirió enfatizar la naturaleza corrupta de los gobiernos de Menem; como si la denuncia del robo y una campaña moralizadora bastaran para resolver de una sola vez los graves problemas con los que se enfrentaba entonces el país.

Cuando la ilusión primermundista no se pudo sostener, porque se agotó el efecto narcotizante de la convertibilidad que estallaba en pedazos, el modesto programa de hacer simplemente un menemismo transparente, prolijo y honesto (sin revisar a fondo las políticas troncales de los 90') se volvió en contra de sus propios impulsores.

Para peor, el escándalo de los sobres del Senado dio en la línea de flotación del discurso ético de la Alianza justo cuando buena parte de sus votantes quedaban atrapados en el "corralito"; quizás sin comprender (aun por las malas) la verdadera naturaleza del problema.

En términos generales y comprobado históricamente en múltiples oportunidades (en la Argentina y en el resto del mundo) hacer de la lucha contra la corrupción un eje de acumulación política tiene efectos electorales acotados, tal como pasa con la inseguridad.

Y no se trata de que el común de la gente sea corrupta, o justifique la corrupción (el famoso "roban pero hacen"), sino que sus opciones electorales -sobre todo cuando se eligen cargos ejecutivos- están mucho mas determinadas por la evolución de sus condiciones objetivas y materiales de existencia; y la percepción que tengan al respecto: terminan votando según como les va (o como creen que les va, y les irá) respecto a su empleo, su salario, sus posibilidades de ahorrar o consumir, acceder a la vivienda, la salud, la educación de sus hijos, el transporte público, etc. 

Saber si Boudou es inocente o culpable (por tomar el caso de moda) les interesa, pero en términos de un culebrón televisivo o poco más: más aun, es probable que la mayoría ya haya establecido que es culpable, porque previamente ha determinado que "todos los políticos son iguales, unos chorros".

Pero del mismo modo que está asentada en el común de la gente esa expresión del cualunquismo político, existe la percepción de un hecho incontrastable: aunque se lograse que todos los corruptos del país fueran condenados por la justicia y terminaran presos, al día siguiente habría que pensar igual que hacer con la economía, el sistema previsional, el empleo, las paritarias o los trenes.

No entender estas cuestiones tan sencillas -o entenderlas pero negarse a adoptar una praxis política consecuente con ellas- ha sido la causa de los recurrentes fracasos políticos y electorales de los "cruzados morales", de los que Carrió es el ejemplo más ostensible, pero no el único.

Claro que el honestismo no es inocente porque provee en esos casos (cuando el electorado las da la espalda) a sus cultores el atajo de envolverse en una aureola de superioridad moral, para excusarse en que el problema es que ellos son demasiados buenos, y este país de mierda no se los merece; y por eso no los vota. 

Razón por la cual no sería nada raro que el año que viene cuando se abran las urnas y se cuenten los votos (cualquiera sea el resultado) alguno incurra en un ridículo similar al de Rodríguez Saá en el 2003, y reclame porque no se dan los resultados de la mesa de Tribunales.