ASÍ GESTIONA EL PROGRESISMO: EL CASO AGUAS SANTAFESINAS

Muchas veces hemos dicho acá que una de las "ventajas" de que en Santa Fe gobierne la oposición al gobierno de Cristina es que de ese modo se puede evaluar en concreto con que eficacia gestionan; o cuan serios son cuando critican al gobierno nacional, señalando que si ellos llegaran ahí, harían las cosas mejor.

Y muchas veces también nos hemos ocupado en éste blog del manejo de Aguas Santafesinas en manos de la alianza de socialistas, radicales y sus socios menores que gobierna la provincia: una empresa que en poco menos de 7 años obtuvo 12 aumentos de tarifas (el último rozó el 41 %, llevando el alza al 608 % desde 2008), cada uno de ellos argumentado en la necesidad de contar con más recursos para financiar un ambicioso plan de obras, y así poder mejorar los servicios que presta, y expandirla a los santafesinos que no tienen agua (que son más de un millón) ni cloacas (muchos más en éste caso, incluso dentro del ámbito de prestación de ASSA).

Para esos fines, no sólo obtuvieron aumentos de tarifas en reiteradas oportunidades, sino un "cargo solidario" que viene en las facturas de los usuarios de Santa Fe y Rosario (ver acá y acá), presuntamente destinado a financiar obras de ampliación de la cobertura de cloacas, cosa que tampoco sería taaan así (ver acá las cifras de la Cuenta de Inversión 2013).

En éste marco, el decreto al cual corresponde la imagen de apertura y la de abajo nos provee un buen ejemplo práctico sobre el modo en que gestiona el progresismo cuando le toca gobernar.

¿Qué es lo que hace el decreto? Muy sencillo: como ASSA dice que no le alcanzan sus recursos propios (aun contando el aumento de las tarifas y el "cargo solidario") para afrontar sus gastos corrientes, le transfieren 70 millones de pesos de aportes del Tesoro, que originariamente estaban asignados para gastos en Educación.   

Acá pueden ver la parte pertinente de la planilla que así lo dispone:

Como pueden ver, en la asignación original del Presupuesto los recursos no solo estaban asignados para Educación, sino para obras en escuelas: "Construcción en bienes" del dominio del Estado.

Es decir que no solo se le sacaron 70 millones de pesos a las obras en las escuelas, sino que se van a destinar a gastos corrientes en ASSA, lo cual a su vez viola el artículo 32 de la Ley 12.510 (de Administración, Eficiencia y Control del Estado), que dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo no podrá disponer o aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital...". Eso sí: después en la Nación piden "eliminar los superpoderes".

Pero dice más el decreto, y es en que "gastos corrientes" va a invertir ASSA los 70 millones de pesos que le aporta el Tesoro provincial, como pueden ver en éste cuadro: 

Los productos químicos, combustibles y lubricantes (o sea lo que se usa para tratar el agua y potabilizarla, y los efluentes cloacales antes de eliminarlos) representan apenas el 20,15 % del gasto adicional de la empresa; único rubro en el que además podría tener alguna incidencia relativa la variación del tipo de cambio (porque algunos insumos pueden ser importados), que se menciona en el decreto como uno de los fundamentos de la empresa para pedir refuerzo de partidas.

Unos 2,5 millones de pesos se van en "servicios técnicos y profesionales", lo que abarca por ejemplo la tercerización de las cobranzas o parte de la gestión comercial de la empresa, o contratos de locación de servicios (para repartir "chapitas"); mientras que otros $ 33.089.209 (es decir el  47,27 % del total de gastos adicionales de ASSA) se van entre "servicios básicos" (la luz que la empresa le debe pagar a la EPE), impuestos indirectos (IVA, Ingresos Brutos), directos (Ganancias) y "derechos y tasas" (municipales).

¿Por qué los recuadramos en rojo? para que se vean más claro los gastos de ASSA que han aumentado como consecuencia de decisiones que tomó el propio gobierno provincial, a través de la decisión de aumentar las tarifas de la empresa; porque esos impuestos dependen del nivel de facturación y de ingresos de ASSA: más factura y más le ingresa por facturación porque aumenta las tarifas, más impuestos y derechos debe pagar. En el caso de la EPE la decisión de aumentar también sus tarifas (tomada por el gobierno provincial varias veces desde el 2007) también impacta en los gastos de la otra empresa estatal.

Más de 9,6 millones de pesos (el 13,78 % del total) se van en pagarle intereses al banco de Eskenazy (agente financiero del gobierno provincial) por girar en descubierto una empresa que obtiene año tras año más recursos, como consecuencia de que aumenta sus tarifas, y desde fines del 2012 recibe los recursos extras del "cargo solidario": una maravilla de gestión.

¿Y con qué hace las obras ASSA entonces, si es que las hace? Muy sencillo, y éste otro decreto (del mismo día que el anterior te lo demuestra): 

Por si no se entiende: están empleando 29 millones de pesos del Fondo Soja que transfiere la Nación a las provincias (conformado por el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja) para financiar las obras de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria, que es a su vez la obra clave para darle plena funcionalidad (cuando esté construido) al acueducto del Gran Rosario.

Ese mismo acueducto que viene retrasado en su ejecución, retraso por el cual el socialismo y sus socios culpan al gobierno nacional por -supuestamente- no permitirles endeudarse en el exterior en dólares: recordemos que en el otro decreto se quejaban de que la suba del tipo de cambio los complicaba por el lado de los gastos, sin precisar en que rubros.

Y esas mismas retenciones que los radicales y socialistas prometen eliminar o disminuir si llegan al gobierno, "para sacarle el freno de mano al campo".

Pero hay más todavía en éste segundo decreto:

Explicamos: de los 29 del Fondo Soja transferidos a ASSA, 5 se irán en pagarles anticipos financieros a las empresas contratistas de obra pública (plata que se les adelanta antes de empezar a ejecutar las obras), con lo cual la provincia (que paga además sobreprecios y redeterminaciones por un sistema de indexación de la obra pública instaurado en tiempos de Reutemann) se convierte en una especie de financiera de las empresas contratistas; mientras le paga millones de pesos en intereses a Eskenazy por préstamos de corto plazo de su banco, para tapar agujeros.