Hace un tiempo te contábamos en éste post la historia de los contratos que ligó el Banco Municipal de Rosario del gobierno provincial, desde que gobierna el socialismo; un modo de oxigenarlo considerando sus crónicos problemas financieros y patrimoniales.
Entre esos contratos, está el de la "Tarjeta Unica de Ciudadanía", a través de la cual se instrumentan las trasferencias de dinero a favor de los sectores más vulnerables, fundamentalmente para la compra de alimentos.
Como se contaba en el post linkeado, primero se la adjudicaron en forma directa, y luego en una licitación "a medida", en la que fue el único oferente.
Cosa que se volvió a repetir ahora, como se puede ver en el decreto de abajo:
A la hora de evaluar la conveniencia de la oferta del Banco, el decreto destaca que cobraría un canon mensual de 0,10 $ por cada tarjeta emitida, pero es lo que le cobra a la provincia, sin considerar la comisión que a su vez percibe de los comercios adheridos al sistema de compras con la tarjeta.
Lo dice específicamente el pliego de la licitación : "El oferente deberá indicar los aranceles a aplicar a los comercios que serán los máximos que podrán aplicarse, netos de impuestos, debiendo observar la legislación nacional que resulta aplicable (Ley nacional N° 25065 y modificatorias)."
Pero además hay otra trampita: el pliego de la licitación daba cuenta de que en la actualidad habría emitidas y activas unas 190.000 tarjetas, cuyos beneficiarios perciben de la provincia $ 170 por mes (casi la cuarta parte de la AUH; y más de una tercera parte de las transferencias de la Tarjeta son fondos nacionales).
Sin embargo, el pliego dice esto otro: "En el caso que por la emisión inicial, las nuevas altas y las reemisiones consideradas en conjunto, se supere las doscientas mil (200.000) tarjetas emitidas, la Provincia pagara por cada tarjeta emitida que exceda el límite establecido la suma de pesos ocho ($ 8) por cada tarjeta.".
O sea que basta con que una de cada 20 tarjetas activas se pierda, inutilice o destruya (algo muy frecuente), para que por reemplazarla el Banco ya no le cobre a la provincia 0,10 $, sino 8 pesos por tarjeta nueva.
Y el pliego contempla también que la emisión pueda aumentarse hasta 250.000 tarjetas, con lo cual por cada una de las 60.000 adicionales el Banco embolsaría $ 8 mensuales.
Y todo eso durante los 36 meses de vigencia del contrato, incluyendo las prórrogas.
No es un mal negocio (para el Banco al menos); con lo que sorprende que no haya habido otros oferentes.
¿Por qué será?
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