¿LOS FICHÓ SPADARO, GOBERNADOR?

Casi que podríamos decir que sin sorpresa, leemos en La Capital las declaraciones de Bonfatti sobre la aprobación de la ley de descanso dominical para los empleados de los supermercados; en las que se alinea con lo que ha sido hasta acá la postura del Frente Progresista: están en contra (ver acá).

Tampoco nos sorprende el revisionismo histórico que ensaya Bonfatti sobre las iniciativas de Alfredo Palacios al respecto (un recordatorio histórico, acá).

Quizás sorprenda que diga que "...dio indicaciones al vicegobernador Jorge Henn para que denuncie las agresiones anoche en la Legislatura provincial. "Ayer cuando el vicegobernador para contarme lo sucedido, que estaban con armas, que rompieron la Legislatura, le dije que fuera a hacer la denuncia a la Fiscalía porque es inadmisible que nos estemos expresando de esta forma en democracia"".

¿El vicegobernador -y por ende, presidente del Senado- necesita instrucciones del gobernador para hacer una denuncia judicial por destrozos e incidentes en la Legislatura durante una sesión?

Curiosa idea la que tiene ésta gente sobre la división de poderes.

Sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que las patotas -condenadas por todos- enviadas por Coto lograron su objetivo: la ley sancionada deja librado a cada municipalidad definir por ordenanza si la aplica o no, y de que modo.

O sea que en Santa Fe seguro no se aplicará, y en Rosario veremos (justo donde tiene sucursales Coto); por lo que las patotas lograron su cometido.

Pero lo más grave en las declaraciones de Bonfatti pasa por sus referencias a la desaparición seguida de muerte de Franco Casco; que tal como se dijera acá antes de que el joven apareciera muerto, tiene todas las características para ser considerado el caso Arruga santafesino; con serias sospechas sobre la policía en la muerte del joven, y con una bochornosa actuación en el caso del fiscal de la causa, y de los funcionarios provinciales del área de seguridad, que contribuyeron a difundir pistas falsas sembradas por los propios policías; que ponen en serio riesgo la investigación. 

Hace dos días, frente a la seccional de policía donde Franco estuvo detenido y presumiblemente golpeado (último lugar en el que se lo vio con vida) Gendarmería allanó un prostíbulo, en el que se rescató a personas en situación de trata.

En ese contexto, son inquietantes las palabras del gobernador, al referirse por primera vez al caso: "En el caso del chico Casco soy el primero que quiero que se resuelva ya, pero hay pericias, hay forenses, intervino un fiscal, esperemos que se resuelva, pasó una semana", dijo y señaló que las pintadas fueron realizadas por "grupos de militantes oportunistas, identificados perfectamente, que a siete días de ocurridos los hechos, ya están condenando".". (las negritas son nuestras)

Dejemos de lado -a propósito de las semejanzas con el caso de Luciano Arruga- el hecho de que -con el mismo criterio de Bonfatti- los que reclaman por justicia en el caso ocurrido en Buenos Aires (entre ellos, aliados políticos del socialismo) podrían ser calificados del mismo -y erróneo, en nuestro entender- modo: "militantes oportunistas".

De las marchas en reclamo de justicia en el caso de Franco Casco participaron organizaciones políticas y sociales, acompañando a los familiares de la víctima; y hasta donde sabemos, eso en democracia, no constituye delito.

¿A qué se refiere o qué quiere decir Bonfatti con que esos militantes estarían "identificados perfectamente"?

Porque ninguna de las organizaciones que participó de las marchas -como el Movimiento Evita, u otras- lo hicieron desde la clandestinidad, u ocultando su pertenencia política. Al fin y al cabo -como dijimos- estaban ejercitando un derecho reconocido por la Constitución Nacional.

¿Quién "identificó perfectamente" a los militantes que participaron de las marchas pidiendo justicia para Franco Casco, acaso el nuevo organismo a cargo del ex gendarme Spadaro, creado supuestamente para "monitorear las redes sociales"?

¿Será por eso entonces que esta misma semana 7 "asesores" de Sapadaro fueron "ascendidos" en sus cargos por sendos decretos de Bonfatti, para pasar a cobrar más sueldo?:

¿El "ascenso" obedecerá a que esta buena gente debió ampliar sus funciones, y además de "monitorear las redes sociales", se tiene que dar una vueltita por las manifestaciones para "identificar perfectamente" militantes, o algo por el estilo?

¿Estaremos acaso ante el "Proyecto X" del socialismo?

Como sea, poco felices las declaraciones del gobernador, sobre todo cuando las principales sospechas por el caso Casco recaen sobre la ya vapuleada (por méritos propios) policía santafesina; y los mayores cuestionamientos, sobre la actuación del fiscal de la causa.

Poner el foco (nunca tan bien empleado el término) en los que reclaman justicia luego del ya señalado lamentable papel de los funcionarios del área (en especial el "Secretario de Control" de la fuerza de seguridad, Del Vecchio) no es la mejor señal de que en Santa Fe las cosas empiecen a cambiar, y la policía -de una buena vez por todas- responda al mando del poder político, y deje de ser "atendida por sus propios dueños".

Porque en ese marco, las declaraciones del gobernador sonaron demasiado a más incienso quemado en el altar de las gorras, para asegurarse un diciembre tranquilo, sin sobresaltos; y no como el del año pasado, con autoacuartelamientos sediciosos, y zona liberada para los robos y saqueos.

Un camino que el socialismo viene emprendiendo en forma sistemática desde el 2007, con los resultados por todos conocidos.