UNA LEY PARA UN PAÍS COMUNICADO

El ingreso al Senado de la Ley enviada por el Poder Ejecutivo denominada Argentina Digital, en un paso más dado a instancias de un Gobierno Nacional que se propuso -y lo está consiguiendo- democratizar y universalizar las comunicaciones en el país.

Y ésta ley es un paso más que será posible de implementación, porque previamente hubo inversiones importantes, por ejemplo a través del Plan Argentina Conectada, por el cual se construyeron 30.000 kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red troncal federal y 4.200 de redes provinciales, con lo cual se lograron incorporar 1.461 localidades del país, como se consigna en los considerandos del proyecto de ley.

También el Estado inició la instalación de 2.428 estaciones satelitales de conectividad a Internet para Establecimientos Educativos Rurales y de Frontera y además se entregaron 4.500.000 netbooks a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas desde el año 2010 a la fecha a través del programa Conectar Igualdad.

Las inversiones del Estado Nacional alcanzaron también la tecnología satelital,  y en estos días, Argentina marcó un hito científico y tecnológico, lanzando un satélite de telecomunicaciones propio, construído en el país por científicos y técnicos nacionales, el ARSAT 1. A su vez,  la TV Digital instalada por éste Gobierno,  muestra hoy 83 estaciones digitales operativas en todo el país y cobertura del 82% de la población.

Solamente la ceguera y la ignorancia de ciertos sectores políticos explican no acompañar determinadas políticas, no reconocer los indiscutibles avances, como así también explica la resistencia de grupos económicos concentrados afectados en su facturación por la democratización de las comunicaciones. Pero el país sigue avanzando, y en el marco de un cambio histórico en las comunicaciones,  se presenta éste Proyecto de Ley Argentina Digital.

Vamos a analizar algunos aspectos del proyecto desde la óptica del hombre común, por ejemplo del usuario de telefonía o Internet, servicios que se han masificado en los últimos años. Y hablamos del común de la gente, porque las políticas económicas implementadas por Gobierno Nacional desde el año 2003 a la fecha, algo tienen que ver con el  crecimiento del poder adquisitivo y el acceso masivo de la población a las comunicaciones.

En el año 2003 existían 4,5 millones de líneas celulares activas, mientras en el 2014, las líneas activas llegan a 45 millones, diez veces más.  El servicio de Internet, entre el año 2008 hasta el año 2013, creció más de un 400%, y el 43% de los hogares urbanos del país acceden a la conexión principalmente a través de la red fija en el hogar, mientras que los servicios de Internet móvil, registraron un crecimiento exponencial en los dispositivos conectados a la red, ya que el 85% de hogares urbanos cuentan con al menos una línea de teléfono móvil en funcionamiento, mientras que a la telefonía fija accede el 61,9% de los hogares del país.

Frente a ésta realidad y en protección del interés de los usuarios, el proyecto reivindica la naturaleza del espectro radioeléctrico en su carácter de recurso intangible, de dominio público y cuya administración, gestión y control es responsabilidad indelegable del Estado Nacional. Se reconoce por eso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva del país, y promueve el rol del Estado como planificador, incentivando la función social de éstas tecnologías.

Y en consecuencia, se declara el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en relación al acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios.

Para los eternos partidarios de las sospechas y autodesignados guardianes de la opinión pública , hay que destacar lo que se establece claramente en el proyecto:

“Esta norma es de orden público y excluye de su objeto cualquier tipo de regulación de los contenidos, cualquiera fuere su medio de transmisión.” (art. 1- Ultimo párrafo). Es decir, todas las prestadoras podrán utilizar la infraestructura de la red pública, para transmitir los contenidos que prefieran o gusten generar o difundir. 

El acceso a la red posibilitará la oferta de servicios por parte de nuevos licenciatarios, y como el acceso tendrá un precio regulado, el objetivo es la disminución de la tarifa final que abona el usuario, a través de un menor costo que provoca un servicio conjunto, cuando se brinda telefonía, Internet y cable (triple play).

También se establece una velocidad mínima de transmisión de datos, la que será obligatoria para todos los prestadores, y se actualizará cada dos años, y al establecer un solo área nacional de prestación, se eliminan los costos de “larga distancia” en telefonía.

Asimismo, se crea el Fondo del Servicio Universal, un fondo que conformado por el aporte que deben realizar los licenciatarios de acuerdo a su facturación, permitirá conectar aquellas regiones del país en las cuales las empresas no brinden su servicio, para lograr así el objetivo de garantizar el derecho a las comunicaciones en todo el territorio.

Más de cuarenta años después de la sanción por un gobierno de facto de Ley de Telecomunicaciones (Ley 19.798 del año 1972), éste Gobierno a través del proyecto de ley, propone adaptar la normativa a la realidad tecnológica de las comunicaciones en el mundo de hoy.

Además de la adecuación a las exigencias del presente, el proyecto tiene por finalidad posibilitar el acceso en todo el territorio a los servicios de información y comunicación en condiciones de igualdad, garantizando el derecho humano a las comunicaciones a todos los habitantes del país.

Y como llegará en breve el tratamiento del proyecto en Diputados, entonces podremos apreciar a través de la votación, quienes son los legisladores que defienden el interés de la población, y quienes son los acérrimos defensores de los grupos económicos concentrados.