Sobre el recurso que presentarán en la justicia las entidades empresariales nucleadas en el "G6 ", leemos en El Cronista: "Fuentes empresarias precisaron que la presentación consta de más de 100 páginas y, según trascendió, podría ir acompañada de un amparo para intentar que la norma quede en suspenso mientras se investiga el tema de fondo.
Desde su sanción, el 18 de septiembre, el Gobierno no encontró oportunidad para aplicarla y pese al temor generado incluso durante el tiempo que estuvo tratándose en el Congreso, muchos empresarios creen que no es intención oficial aplicarla. De todos modos, el sector privado considera que si la ley existe, pueden utilizarla en cualquier momento los actuales gobernantes y los que vendrán.
Las demoras en concretar la presentación radicaron, en buena parte, en las dudas que existían respecto de si las entidades podían realizar la acción en abstracto o debían esperar la aplicación de la ley sobre un caso concreto. Pese a la opinión contraria de varios abogados de las mismas instituciones, finalmente Cassagne concluyó que era posible porque la mera sanción de la ley implica un daño inminente.
Firmaron el documento los presidentes de las entidades, Luis Miguel Etchevehere (SRA); Gustavo Weiss (Camarco); Héctor Méndez (UIA); Adelmo Gabbi (Bolsa) y Jorge Brito (Adeba)..."
El tema, por supuesto, no es nuevo: todavía la ley se estaba discutiendo en el Congreso y estos muchachos ya amenazaban con ir a la justicia. Decíamos por entonces (hace tres meses) acá que "...con toda seguridad (ya lo están advirtiendo, por otra parte) y al igual que ocurriera con el Grupo Clarín en el caso de la ley de medios, los empresarios nucleados en el G 6 intentarán interponer una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en algún juzgado del fuero Civil y Comercial de la Capital; fuero absolutamente colonizado por los intereses empresariales, como quedó demostrado justamente en el caso de la ley de medios.
Para eso recurrirán nada menos que al estudio Cassagne, el mismo que patrocinó a la Rural para obtener la cautelar que le permite seguir ocupando hoy el predio de Palermo comprado a precio vil; y del mismo Cassagne que en los 90' estuvo de los dos lados del mostrador: primero como funcionario del gobierno de Menem preparando los pliegos para las privatizaciones y los marcos regulatorios, luego como asesor de las empresas que se presentaban para quedar como concesionarias de los servicios públicos que se privatizaban.
No hace falta ser adivino para darse cuenta que una presentación tal hará seguir a la ley de abastecimiento el mismo camino que siguió la ley de medios: cautelar dictada inaudita parte y en tiempo récord por un juez casi con seguridad incompetente, y luego todo el recorrido por los tribunales para revertirla hasta llegar a la Corte; que probablemente falle en el 2020, más o menos, si es que antes la ley no es derogada por otro gobierno, y terminan declarando abstracta la cuestión.
Lo que de darse comprobaría que -una vez más- el debate no es jurídico ni sobre exquisiteces constitucionales (así como la ley de medios no fue simplemente un debate sobre la democratización de las comunicaciones), sino sobre la cuestión del poder en la Argentina; como se reparte, quien lo tiene y qué está dispuesto a hacer para conservarlo. ". (las negritas son nuestras)
A los pocos días y desde su columna habitual en Clarín, Bonelli (ver acá) anticipaba que los popes empresarios se habían reunido con ministros de la Corte Suprema de la Nación (sin decir cuáles) que les habrían anticipado su opinión de que la ley era inconstitucional, y si les llegaba la causa, ellos resolverían en ese sentido. La información nunca fue desmentida desde la Corte, ni por Lorenzetti ni por nadie.
Mas aun, un mes después (allá por los primeros días de octubre) los miembros del "G 6" se reunieron directamente con el presidente de la Corte, con la excusa de hablar de su preocupación por el narcotráfico; desmintiendo que hubieran tratado éste tema: el mejor modo de confirmar que efectivamente lo hicieron.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la cosa sigue exactamente igual que hace tres meses, cuando la ley entró en vigencia: no se ha aplicado en un caso concreto (las sanciones a algunas empresas fueron en el marco de la ley de defensa del consumidor) de modo que los afectados puedan alegar daños probados, subsiste la discusión sobre el fuero en el cual podría plantearse el reclamo (si el civil y comercial o el contencioso administrativo), y es muy dudoso que algunos de los miembros del G 6 estén legitimados para interponerlo; porque la ley no los alcanza (por ejemplo a los bancos, o a la Bolsa de Comercio), o es dudoso que lo haga.
¿Qué ha cambiado entonces desde aquél momento? : que desde el Poder Judicial (última barrera de defensa de los intereses corporativos empresariales, bastión del conservadurismo político y social) se han dado firmes señales de torpedear al gobierno a como dé lugar. Hay que ser muy ingenuos para no vincular esto con los exabruptos de Bonadío, o con la molestia de Lorenzetti por haber perdido el manejo de la "caja" judicial, con los cambios en el Consejo de la Magistratura.
Ojalá nos equivoquemos pero lo vemos poco probable; después de todo no sólo sigue firme la cautelar de la Rural (obtenida -como decíamos- por el propio Casagne) sin posibilidad a la vista de que la Corte trate el fondo del asunto: la propia Corte acaba de validar la cautelar eterna de La Nación con argumentos inverosímiles (ver acá); y Clarín logró frenar -una vez más- en la justicia la adecuación a la ley de medios (ver acá).
En ese tipo de cuestiones a los jueces su reputación los precede, y su pasado los condena.
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