ESTADO, MERCADO, CAPITALISMO Y DEMOCRACIA

Por Raúl Degrossi

Como lo demuestra el video de apertura, la polémica entre "el dirigismo estatal agobiante" y la "liberación de las fuerzas productivas" no es nueva, pero se reactualizó en éstos días: primero fue Betnaza del Grupo Techint en el Foro de Convergencia Empresarial, augurando que con el futuro gobierno, el mercado le ganaría al Estado; y ya nadie discutiría al respecto, porque gane quien gane (aun el oficialismo), habría cambios para -justamente- "liberar las fuerzas productivas" (algunos ni siquiera se toman el trabajo de renovar los lugares comunes).

Lo que motivó la respuesta de Débora Giorgi en la conferencia de la UIA, como leemos acá en Tiempo Argentino; con un pequeño pero imprescindible recordatorio histórico de como nos fue "liberando las fuerzas productivas" en tiempos no tan remotos; sumado a la contextualización que hizo Kiciloff en la misma conferencia (ver acá en Ambito Financiero) para poner en claro de que hablamos cuando hablamos de más o menos Estado, o más o menos mercado. 

El debate teórico al respecto siempre es interesante, tanto como apuntar que lo que usualmente conocemos como "el empresariado" son sus fracciones más poderosas y concentradas, pero no "todo" el sector: ver acá en Página 12 otras voces que toman partido en el debate, desde una mirada diferente.

Sin embargo la tensión trasciende la disputa académica (donde todas las posturas son válidas y respetables), y hasta la lectura que desde allí se haga respecto a nuestros ejemplos históricos; para introducirse en las complejas relaciones entre el capitalismo como sistema económico, y la democracia como modelo político.

Porque lo que la discusión deja claro con particular virulencia a partir del amplio triunfo de Cristina en el 2011, es una disputa de poder entre un gobierno elegido democráticamente para llevar adelante un programa determinado (por el cual lo -justamente- lo votaron), y poderosísimos actores no institucionales que no se constriñen a los resultados electorales, que le quieren imponer otro. 

Y allí las diferentes posturas (respecto a la aceptación o no de las consecuencias de seguir las reglas democráticas) ya no son tan respetables: vivir en democracia implica (el primero entre múltiples sentidos) aceptar que gobierna el que el pueblo vota; para hacer o intentar hacer aquéllo para lo que fue votado.  

A lo que hay que sumar que en la disyuntiva "Estado versus mercado" el pueblo argentino (al menos las grandes mayorías nacionales) ha optado sistemáticamente por lo primero, en desmedro de lo segundo; hecho que no sólo puede constatarse con los registros de nuestra historia electoral, sino con cualquier encuesta de opinión que se levante por estos días: el ciudadano común (la "gente" del discurso simplificador tan en boga) sitúa al Estado como el lugar de la queja, porque lo supone también el de las soluciones, y las respuestas.

No obstante la prédica sistemática de los medios hegemónicos que amplifican a diario el discurso neoliberal (cuyos voceros asoman la cabeza hoy, como si no fueran parte principalísima de nuestros fracasos), el grueso de los argentinos descree de los "derrames" y las "manos invisibles"; y tiene sobrados motivos históricos para que esa conducta parezca perfectamente racional: sin ir más lejos, el espejismo primermundista de los 90' (cuando Neustadt logró popularizar en ciertos sectores el credo de Alsogaray, y Menem y Cavallo lo pusieron en práctica) se hizo trizas en la mega crisis de principios de éste siglo.

Las creencias políticas, sociales y económicas de una buena parte de los argentinos (mayoría indiscutida, que atraviesa transversalmente las estructuras partidarias) contrastan con el molde liberal de la Constitución, cuya última reforma no avanzó sino tibiamente en modificar el texto de Alberdi en éstas cuestiones; como que además se produjo cuando la convertibilidad estaba en su apogeo, antes de la crisis del "tequila", y con Cavallo supervisando a la distancia a los constituyentes.

Una hendija por la que, producido los cruces entre el Estado y el mercado, el Poder Judicial (estructura conservadora, si las hay) se termina convirtiendo en la trinchera última de defensa del status quo; y de los intereses más concentrados. 

La idea de un Estado activo y presente, para intentar regular o disciplinar al mercado y equilibrar a la sociedad, ha sido además la constante histórica del discurso y la praxis de los dos grandes partidos populares (el radicalismo y el peronismo); con las excepciones del entrismo liberal durante el menemismo para el caso del PJ (un riesgo latente a futuro), y lo que parece ser la ya inexorable transformación en una fuerza conservadora en el caso de la UCR, en los tiempos actuales.

Para poder aplicar su credo económico, nuestros liberales (a su vez profundamente conservadores) siempre tuvieron que negar el político: desde 1853 hasta 1912 gobernaron por medio del fraude, y luego de la ley Sáenz Peña apelaron a los golpes de Estado, desde 1930 hasta 1983.

Incapaces de generar una fuerza política que expresara sus ideas y fuera a su vez competitiva en términos electorales (justamente porque el grueso de la sociedad no adhiere a esas ideas), se vieron forzados a reconvertir sus opciones políticas hacia los "golpes de mercado"; para condicionar a los gobiernos imponiéndoles la agenda, o poniendo en riesgo la misma sustentabilidad de las instituciones democráticas.

Herramientas poderosas para lograrlo no les faltan: hiperinflaciones, fuga de capitales, corridas bancarias, mega-devaluaciones, estatización de deudas privadas, despidos y suspensiones masivas; entre otras.

Esta disociación entre política y economía es una fuente constante de tensión entre "lo votado", y una supuesta única racionalidad económica posible, inmune a las contingencias electorales: lo que está pasando con el gobierno de Dilma en Brasil tras su reelección nos aporta un ejemplo bien claro a la mano; como para ver además que el fenómeno no es exclusivamente nuestro. 

Y mientras ocurre, la mayoría de la oposición política al gobierno nacional deserta de su compromiso democrático, yendo sistemáticamente al pie de las demandas corporativas, a recitar el catecismo que desde allí se imparte: ver al efecto acá a Sergio Massa comprometiéndose ante la UIA a derogar la ley de abastecimiento.

Algo que salvo algunas excepciones (la más notoria, Macri) ni siquiera se puede atribuir a convicciones ideológicas profundas sobre la organización de la economía y la sociedad, o las relaciones entre Estado y mercado, sino a una suerte de ofrenda a la gobernabilidad futura; lógica política que convalida la extorsión del poder económico a las instituciones democráticas, y que Néstor Kirchner vino a dejar de lado aquél 25 de mayo del 2003.