DE CHANCHOS Y DUEÑOS

A esta altura del partido no deberían asombrarnos las obscenas contradicciones de una oposición que pide cosas un día, para oponerse al siguiente cuando el gobierno da muestras de avanzar en el sentido reclamado: hasta la cadena nacional de Cristina del lunes pasado era una tarea impostergable disolver la ex SIDE y reformular el aparato de inteligencia estatal, pero bastó que la presidenta lo anunciara, para que se convirtiera en algo que debe dejársele al futuro gobierno, y sobre lo cual éste no puede avanzar. 

No deja sí de causar perplejidad el nivel de estupidez de ciertas críticas, que dicen bastante sobre el nivel argumental y la densidad política de los que las hacen: que si la silla de ruedas, que si la ropa blanca, que si se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la muerte de Nisman; como si tal cosa fuera posible, con la verdadera cadena nacional replicando en torno al tema las 24 horas del días, por infinidad de bocas mediáticas.

Mientras nos acusan a nosotros de sostener un relato sin anclaje en la realidad, nos venden otro en el que ellos son los asépticos defensores de las instituciones, que no tienen otro propósito que el de sostener los valores de la república; amenazados por el autoritarismo gubernamental.

Pero lo cierto es que lo que defienden en cada caso -y la frustrada reforma judicial lo dejó muy claro- son, por el contrario, personas bien concretas estratégicamente dispuestas en enclaves importantes del aparato estatal, operando con fines muy concretos también; y que no son necesariamente aquéllos que inspiraron en su momento la creación de las "instituciones" que encarnan. ¿No es cierto, doctor Recondo?

El súbito enamoramiento opositor con la Corte Suprema (cuyas competencias, conviene recordar, provienen de la Constitución, y no pueden ser ampliadas por leyes comunes) se inscribe en esa lógica; porque no es casual que sea contemporáneo con la renuncia de Zaffaroni y con el pedido (incoherente y opuesto a la Carta Magna, de esa misma oposición) de que su vacante no se cubra hasta el próximo gobierno; aunque se trate de un atributo constitucional del presidente, y desde que Kirchner dictó el Decreto 222/03 existe un procedimiento para objetar a cualquier candidato al tribunal, amén de que su pliego debe votarse en el Senado con mayoría calificada, en sesión pública convocada al efecto.

Y si no veamos además lo que ocurre con Gils Carbó, a propósito del proyecto de ley para reformular el aparato de inteligencia nacional que anunció Cristina y enviará al Congreso.

Que el Ministerio Público Fiscal es un órgano extra poder, independiente de los demás poderes del Estado no lo dice Cristina ni es un invento: es la letra pura y dura del artículo 120 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994 a pedido precisamente de Alfonsín, en el marco de las negociaciones del pacto de Olivos.

Y Gils Carbó pasó el filtro del acuerdo en el Senado (tras el fracaso de la postulación de Reposo) con 63 votos a favor y sólo 3 en contra, en una Cámara de 72; previa audiencia pública y el procedimiento de publicación de sus antecedentes que estableció Néstor Kirchner, igual al de los ministros de la Corte Suprema: transparencia y consenso, como siempre se pide. 

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se acaba de aprobar (con la oposición de los opositores) es -respecto al mecanismo de escuchas telefónicas en causas judiciales- mucho más restrictivo que el vigente actualmente; que debería aplicarse en caso de causas judiciales ya iniciadas y en trámite.

Si bien en ambos casos se exige la autorización judicial para interceptar teléfonos (y en tanto resulte necesario para la investigación de un delito), dice el artículo 143 del nuevo Código: "La intervención de comunicaciones tendrá carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo máximo de TREINTA (30) días, pudiendo ser renovada, expresando los motivos que justifican la extensión del plazo conforme la naturaleza y circunstancias del hecho investigado. La solicitud deberá indicar el plazo de duración que estime necesario según las circunstancias del caso. El juez controlará la legalidad y razonabilidad del requerimiento y resolverá fundadamente.". 

El artículo 236 del Código vigente sólo exige que las escuchas sean autorizadas por el juez por resolución fundada, sin límites de duración; y la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 fija un plazo de 60 días, prorrogables por otros tantos, a pedido del titular de la SI (artículo 19).  

De modo entonces que la oposición de pálpito de los opositores a un proyecto que ni siquieran conocen (fue particularmente patético leer a Macri reclamando un debate en el Congreso al cual ahora se niegan) no se basa realmente en escrúpulos institucionales.

Ni Macri (con su SIDE particular a cargo del "Fino" Palacios y Ciro James), ni los radicales con sus Banelcos, De Santibáñez y Cotis Nosiglias, ni los requechos del "peronismo disidente" que orbitan en torno a Massa con sus Tomas y Tatas Yofres, nos pueden hacer creer realmente eso. 

Apenas se conocieron los cambios dispuestos por Cristina en la ex SIDE, dijimos acá que estaban directamente vinculados con la escalada golpista protagonizada por un sector importante del Poder Judicial, en complicidad con los entramados mediáticos; y con ramificaciones hacia el oscuro mundo del espionaje. 

Del mismo modo que los cambios anunciados el lunes tuvieron como catalizador la operación Nisman, que es parte indudable de la misma escalada destituyente; de modo que lo que Cristina hace es no solo una reforma estructural trascendente en términos institucionales (de la cual se autoexcluyen los "defensores de las instituciones); sino encarar el problema de la disputa por el poder en el Estado democrático, o sea el dilema político por excelencia.

De allí que la decisión del gobierno de avanzar igual con las reformas si no se logran los famosos "consensos" es absolutamente lógica: la actitud de la oposición en éste caso (que replica la observada en tantos otros, como el apuntado de la vacante en la Corte, o la reforma del Código Penal) revela que se trata de muletillas vacías de contenido; porque lo que se desconoce es -en definitiva- la legitimidad del gobierno como tal, y del kirchnerismo como sujeto político como decíamos acá. 

Lo dijo ayer en su extravío habitual Margarita Stolbizer, al señalar que este gobierno no tiene legitimidad moral ni política para plantear cambios en el sistema de inteligencia; en un giro autoexculpatorio de sus propias incoherencias (el lunes por la mañana reclamaba disolver la SI), que pretende ocultar la verdad central de todo esto: el proyecto que enviará Cristina al Congreso corta uno de los nudos gordianos de la conspiración en marcha; y es natural que produzca ruidos.

Si hasta hay quienes -como el "Tata" Yofre- recorren los medios advirtiendo sobre las represalias que pueden tomar los servilletas desplazados en el nuevo esquema (un tema del que conocen, y mucho); y mas de uno estará pensando si no le puede tocar algún carpetazo en el reparto.

No se trata entonces ni mas ni menos que la vieja cuestión de chanchos, chirlos y dueños.