SISTEMA UNICAMERAL

Hace un tiempo atrás te contábamos el caso de la licitación convocada por el gobierno provincial para la compra de 600 cámaras de seguridad a ser instaladas en diferentes ciudades de la provincia; una licitación en la que se presentó una sola oferta (la de la empresa NEC Argentina S.A.); que terminó quedándose con el contrato en una adjudicación irregular, porque no cumplía con las exigencias y requisitos del pliego (ver acá).

Sea porque la inseguridad demanda respuestas, o porque alguien ha determinado que poniendo más cámaras se resuelven los problemas (el caso Nisman comprobaría que no es tan así, pero bueno) parece que el gobierno de Bonfatti lanzó una segunda etapa, para comprar e instalar otras 600 cámaras más (dentro de poco te van a poner una en el baño).

Para lo cual convocó a una nueva licitación, que adjudicó por el decreto de abajo, del pasado 30 de diciembre:

Una disgresión: en éste caso que tiene que ver estrictamente con la inseguridad (o al menos con ese argumento compran las cámaras), no invocan la ley de emergencia en seguridad como para las obras del Plan Abre (ver acá), y en la gestión no interviene el Ministerio de Seguridad (?). 

¿Y a que no sabés que empresa se presentó a la licitación? Sí, adivinaste: NEC Argentina S.A., que además -sorpresas y media- volvió a ser la única oferente.

¿Habrán retocado los pliegos para que esta vez no tuviera problemas para calzar, o las cámaras que pide la provincia son tan sofisticadas que sólo una empresa en el país las puede proveer?

Lo que no retocaron es la exigencia del pliego de que los oferentes coticen en dólares, algo que como vimos acá ya se está haciendo costumbre en las licitaciones provinciales.

Y no estamos hablando de dos mangos, eh. Si no mirá:

Casi 14 millones de dólares, a un tipo de cambio calculado por el decreto en $ 9,50 (después tenés que escucharlos protestar si hay devaluación), lleva el gasto previsto a unos $ 130.621.200: más de 130 palitos, sin considerar el costo unitario de reposición de equipos (también cotizados en dólares) que se mencionan en el artículo 3. 

130 palitos que se suman -en parafernalia supuestamente garantizadora de la seguridad- a los 160 millones que (como mínimo) se van a gastar en radares y fotomultas, según contábamos acá.

Con el detalle que en éste caso -el de las cámaras- el Ministerio de Seguridad de la provincia es completamente ajeno a la gestión: no inició la licitación, no la tramitó y no va a pagar el equipamiento y la puesta en funcionamiento, porque lo hará Gobierno y Reforma del Estado.

Como si la prioridad en todo esto fuera cualquier cosa, menos la seguridad.