Como para que no quede lugar a ningún tipo de dudas de que el lado en el que están, y con la precisión de un mecanismo de relojería, en apenas cuestión de días la justicia argentina produjo una serie de decisiones (a cual más controversial) para exculpar de responsabilidades en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a importantes protagonistas del poder económico y mediático del país; entonces y ahora.
Magnetto, Mitre, Ernestina Herrera, Blaquier y Vicente Massot pudieron zafar de las causas que los involucran, aunque los procesos en su contra continúen; pero sin demasiadas expectativas de que progresen, tras años de chicanas y dilaciones; por los meandros de una justicia cómplice, también entonces y ahora.
No bastan las graves evidencias acumuladas en su contra, incluyendo las propias actas secretas de la junta militar que documentaron en el sigilo y el secreto, el pacto de sangre por negocios.
Los jueces confirman así -una vez más, por si hiciera falta- que se detienen ante el muro invisible pero no menos impenetrable de la impunidad del verdadero poder en la Argentina; y más aun: que el poder judicial es el resguardo último de los intereses de los dueños del país.
Ese poder que instrumentó los golpes de Estado cada vez que perdía transitoriamente su control efectivo y directo del país, y cada vez que le fue necesario para sostener e incrementar sus negocios.
Si los juicios por la verdad, la memoria y la justicia fueron avanzando en el país para condenar a los responsables materiales de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por obra de la lucha y el esfuerzo de los organismos -y a partir del 2003 porque los gobiernos de Néstor y Cristina los convirtieron en una política de Estado-; y no precisamente por la decisión de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales del país.
Y también -para ser justos- porque las fuerzas armadas perdieron gravitación como factor de poder político, aunque éste último aspecto no disuadió por ejemplo a Menem de firmar los indultos, o a De La Rúa de negar la extradición de los represores para que fueran juzgados fuera del país.
Pero cuando el proceso de verdad, memoria y justicia alcanza a los actores civiles del golpe (y sus máximos beneficiarios, en definitiva), la cosa cambia; porque siguen conservando aun hoy, a más de 30 años de recuperada la democracia, inmensas cuotas de poder efectivo, concreto y real.
Un aspecto que suele ser deliberadamente omitido en los análisis mediáticos (porque los medios hegemónicos son parte del pacto de impunidad), y en el discurso político de una oposición que para atacar al gobierno, defiende también a esta misma justicia.
Que carece en absoluto de autoridad moral para pretender convertirse en la guardiana de la república y las instituciones; y hasta ayer organizaba marchas movilizando a la ciudadanía para reclamar lo que ellos mismos deben garantizar.
Si en el marco de la iniciativa política sostenida por el kirchnerismo desde el 2003 en materia de derechos humanos y juzgamiento del pasado dictatorial algún sector de la justicia se sintió en condiciones (o quizás compelido) a continuar con los juicios, hoy el "partido judicial" le está diciendo a quien oírlo (empezando por caso por el mismísimo Lorenzetti, que hasta acá llegó la cosa; y debe quedar estrictamente circunscripta a los culpables de uniforme.
Lo que supone un desafío político abierto e intolerable a las instituciones de la democracia.
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