Tal como lo muestra la imagen de apertura, el gobierno provincial acaba de adjudicar la compra, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un "sistema integrado de comunicaciones de misión crítica con tecnología digital troncalizada".
Un sistema que (de acuerdo al pliego de la licitación) tiene por objeto diferentes cuestiones, a saber: "Interoperabilidad de los diversos organismos de seguridad y atención de emergencias (seguridad, salud, bomberos, protección civil, etc.) Municipales, Provinciales y Nacionales. Privacidad y seguridad en las comunicaciones, eliminando la intrusión de equipos no registrados en la red, y evitando escuchas no autorizadas. Eficiencia, confiabilidad y alta disponibilidad del servicio. Capacidad de grabación de las comunicaciones. Capacidad de implementación de aplicaciones móviles ad-hoc (Ej: consulta de pedidos de captura de vehículos y/o personas). Eficiencia en el uso del espectro radial y de los recursos. Agilizar el funcionamiento de los Centros de Despacho del Sistema de Atención de Emergencias 911. Mejorar la calidad de voz de las comunicaciones radiales. Identificación de origen y localización física de los equipos móviles. Posibilidad de realizar llamadas en grupo e individuales. Posibilidad de intercomunicar a los distintos organismos de seguridad y atención de emergencias ante situaciones de contingencia que requieran operación en conjunto. Mejor respuesta ante emergencias con personal policial, a través de un botón de pánico integrado a los dispositivos móviles.".
Lo cual es curioso porque para algunas de esas cuestiones (como por ejemplo la intercomunicación entre los diferentes servicios estatales de emergencia) se suponía que ya existía el 911, por ejemplo.
La licitación en sí tuvo un desarrollo bastante tortuoso, como que desde el gobierno se emitieron cuatro "circulares aclaratorias" (ante diferentes puntos oscuros del pliego) y se pospuso dos veces la fecha de apertura de las ofertas; originariamente prevista para septiembre del año pasado, y que terminó siendo en enero de éste año.
Y si bien hubo tres empresas que compraron pliegos, sólo dos presentaron finalmente propuestas: BGH S.A. y la UTE conformada por Storey S.A. y Petersen Thiele y Cruz S.A.C.; empresa éste del grupo Eskenazy que es el dueño del Nuevo Banco de Santa Fe; agente financiero del Estado provincial.
El contrato es bastante importante, como pueden ver en ésta otra imagen del decreto de adjudicación:
El precio fue pactado en dólares, y con un tipo de cambio establecido en $ 9,10, lo que supone que el contrato cuesta -hoy, mañana no se sabe- $ 345.675.000, es decir casi 346 millones de pesos.
Ambos oferentes se impugnaron recíprocamente, pero mientras el gobierno rechazó la impugnación presentada por la UTE contra BGH S.A., admitió la de ésta contra aquélla; razón por la cual la oferta quedó afuera y BGH S.A. quedó como "única oferta". Lo curioso es que siendo así y en un contrato de tanta magnitud, el decreto no dice absolutamente nada respecto a cuáles fueron las razones concretas por las que una impugnación corrió, y la otra no.
Telecom Argentina S.A. había comprado el pliego, pero desistió de presentar oferta luego de que la Administración Provincial de Impuestos (API) le denegara el otorgamiento del certificado de capacidad fiscal para contratar; presuntamente por registrar deudas impositivas con el fisco provincial, o no tener regularizada su situación en ese aspecto.
Lo cual es curioso también, porque a la misma empresa (Telecom Argentina S.A.) el gobierno de Binner le adjudicó los servicios de Internet del Estado provincial por Decreto 869/11; y el de Bonfatti a su compañía de telefonía celular (Telecom Personal), la compra y servicio de los celulares de los funcionarios, por el Decreto 451/14.
La oferta original de BGH era de U$D 39.564.648, lo que significa que luego -a pedido del gobierno- aceptó hacer un impresionante 4 % de descuento; y es interesante ver lo que dice al respecto el decreto: "Que seguidamente los miembros de la referida COMISIÓN EVALUADORA, luego de analizar minuciosamente la única oferta declarada como admisible como resultado de la evaluación técnica-, concluye en que si bien el cotizado por la misma se encuentra dentro del rango de valores de mercado, considera conveniente solicitar a la empresa BGH S.A. una mejora en la oferta económica presentada, con el objeto de preservar las finanzas públicas del Estado Provincial;".
Que fácil era preservar las finanzas públicas de la provincia, con un 4 % de descuento bastaba. Un párrafo aparte merece la forma de pago del contrato previsto en el contrato, como se ve en ésta otra parte del decreto:
Primero se paga en forma anticipada el 10 % del contrato (casi 4 millones de dólares), antes de que se instale el sistema, y antes también de probar si funciona o no (ver que otro 5 % se paga contra la comprobación de que es así).
Y luego el 85 % restante deberá ser afrontado por el futuro gobierno que suceda al de Bonfatti, con un contrato pactado en dólares.
Cosa que ya fue analizada acá como una perniciosa costumbre de la gestión del FPCyS, que genera a futuro compromisos para el Estado provincial cuyo monto definitivo no se puede prever, porque dependerá de una variable que la provincia no controla, como es la oscilación del tipo de cambio.
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