Sobre el tema al que hace referencia el título del post, leíamos en la semana detalles en Tiempo Argentino: un fondo buitre compró el juicio que tiene Marsans contra el Estado argentino en el CIADI por la expropiación de Aerolíneas, en el cual el país reconvino (o sea: contrademandó a Marsans), por la plata que tuvo que poner para salvar a la empresa de la bancarrota.
De acuerdo a la denuncia de la Procuración del Tesoro (no Gils Carbó) y la PROCELAC, la compra fue fraudulenta para evadir a la masa de acreedores de la quiebra de Marsans abierta en España, y con la posibilidad de perjudicar al Estado argentino; que si fuera condenado en el CIADI podría tener que pagar dos veces la misma deuda.
En la maniobra intervinieron argentinos, concretamente del estudio Fargosi y Asociados: curiosamente acá en la página del estudio no se puede acceder a la nómina de integrantes del bufete, y aparece "en construcción".
Si bien el implicado es Diego Fargosi, estaría bueno saber cuanto hay de cierto en que se desvinculó hace tiempo de la firma Alejandro, el Fargosi famoso: el que representa a los abogados en el Consejo de la Magistratura, y aparece a menudo en los diarios -siempre en abierta oposición al gobierno nacional- dando lecciones de moral y transparencia: acá lo podés ver por ejemplo en Infobae; y acá en El Cronista opinando sobre la renuncia de Fayt.
De cualquier modo, y tal como lo dijeron los funcionarios denunciantes, cualquiera de los argentinos que participaron de la maniobra fraudulenta podrían ser penados por lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 14.034, de los tiempos del segundo gobierno de Perón: "Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino.".
Que cosa che esa costumbre peruca de perseguir a los argentinos que piensan distinto.
Distinto de los intereses del país.
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