"El fallo tiene implicancias económicas, financieras y políticas. Al declarar inconstitucional la norma que reorienta una porción del dinero de los impuestos coparticipables hacia la Anses, a partir de demandas impulsadas por Santa Fe, San Luis y Córdoba –a las que se sumará el resto de las provincias–, el sistema de seguridad social perderá ingresos por un total de 100 mil millones de pesos de un presupuesto anual de 620 mil millones de pesos. Si la Anses va a tener menos recursos, menos prestaciones estará en condiciones de otorgar, consecuencia básica que Lorenzetti no desconoce." ("Para tener una idea sobre como impactará el fallo en las finanzas de la ANSES vamos a las cifras del presupuesto 2016 aprobado por el Congreso: sobre un total de 679.000 millones (todas las cifras son redondeadas) los impuestos coparticipables afectados representan 179.000 millones, de los que más o menos 101.000 millones aportan las provincias (hay que dar por descontado que todas las demás que no hicieron juicio lo harán ahora a partir del fallo de la Corte), y los otros 78.000 la nación.")
"No sólo desfinanciará al organismo de seguridad social, sino que también impactará negativamente en la suma futura que recibirá cada uno de los jubilados. Los haberes suben cada seis meses a partir de una fórmula de movilidad aprobada por ley. El fallo de Lorenzetti reduce uno de los componentes de ese cálculo que arrojará variaciones menores, probablemente por debajo de la tasa de inflación, afectando el poder adquisitivo de los jubilados." ("Pero también el fallo afecta los futuros aumentos según la Ley 26.417 (que la Corte cita en el fallo con total cinismo) de movilidad semestral de los haberes, y que ahora se aplica también a los aumentos de la AUH: hemos explicado acá que la "formulita" que determina los aumentos tiene en cuenta la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad registrados en la seguridad social (en blanco), los aportes personales de esos trabajadores y la contribución patronal de sus empleadores, y la parte de la recaudación de impuestos afectada específicamente a financiar la seguridad social, todo dividido por el número de beneficiarios del sistema.")
"El puntapié inicial de Lorenzetti para la restauración conservadora no está limitada a bajar jubilaciones y el gasto público, obsesión de economistas de la ortodoxia. El fallo también apunta a debilitar la sustentabilidad del sistema de seguridad social basado en la solidaridad intergeneracional. No sólo decidió afectar el flujo futuro de dinero hacia la Anses, sino que dispuso la devolución de los fondos a las tres provincias demandantes desde 2006. Es una deuda acumulado de 90 mil millones de pesos, que subiría de 400 mil millones (con intereses) al extender la sentencia al resto de las provincias. La clave de ese reconocimiento de la deuda, que lo más probable es que gran parte de consolide en bonos (un golpe al inmenso esfuerzo social de desendeudamiento), se encuentra en la sugerencia que Lorenzetti le hace a la Anses: si en estos años no alcanzaban los recursos para mejorar las jubilaciones en lugar del recibir el 15 por ciento de la masa coparticipable, debería haber liquidado activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para atender sus necesidades de financiamiento. Como abogado no tiene por qué saber la diferencia entre un flujo de dinero y un stock de activos, pero esa debilidad conceptual podría haberla eludido consultando especialistas financieros que le hubieran explicado que ese camino hubiera sido inviable." ("La Corte le tira dos ideas a la ANSES en el fallo para cubrir el "bache" que le crea: que el organismo revise sus "Gastos figurativos", y que apele al Fondo de Garantía de Sustentabilidad si no le alcanzan los recursos para pagar las jubilaciones, pensiones y asignaciones todos los meses. La propuesta (impropia además de un tribunal, que no gobierna sino que debe decidir causas judiciales) de usar los recursos del FGS para pagar las jubilaciones, pensiones y asignaciones es un disparate económico: baste decir que todo el Fondo no es líquido (o sea disponible de inmediato), y aun siéndolo alcanzaría para poco más de un año de beneficios previsionales. ¿Cómo seguiría luego la cosa, cuando esos recursos ya no estén?")
"Incorporar como sugerencia vender activos del FGS para compensar la merma de ese 15 por ciento de recursos coparticipables comulga con el interés de los grupos económicos que ansían recuperar sus acciones en poder de la Anses, participación que le permite al Estado nombrar directores que facilitan la fiscalización de empresas que tienen posiciones dominantes en el mercado o tienen mucha influencia en sectores sensibles de la economía. La liquidación de esos activos es uno de los objetivos del gobierno de Macri. Lorenzetti ha realizado su aporte brindando argumentos para concretarla. Francisco Cabrera, ministro del Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, presidente de la Fundación Pensar –think tank macrista– y futuro ministro de Producción, reveló el año pasado en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, que una gestión un gobierno de Macri impulsaría “vender en bloque las acciones de empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (activos recuperados luego de la estatización del sistema previsional y eliminación de las AFJP) a fondos de pensión internacionales, que podrían colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías y así obtener beneficios para sus inversores”. Cabrera había detallado que el dinero en efectivo que ingresaría al FGS (como resultado de las ventas) significaría un ingreso neto de divisas y se podría reinvertir con una estrategia de renta fija, ya sea deuda corporativa, papeles comerciales o hasta inclusive un bono de infraestructura. Es una estrategia de especulación financiera en beneficio del sector privado con activos previsionales. Lorenzetti avanzó sobre esa lógica y sugirió que esos recursos se deberían destinar a cancelar la deuda con las provincias o a financiar el ahora deteriorado presupuesto de la Anses. La propuesta de liquidación de patrimonio estratégico del Estado deberá superar los límites aprobados por una reciente ley aprobada en el Congreso que exige dos tercios de los votos para autorizar la venta de esas acciones." ("Lo que no sería nada raro es que el próximo gobierno (que tiene la excusa perfecta para ajustar el gasto previsional y suspender las leyes de movilidad de las jubilaciones y la AUH, o dejarlas que arrojen un índice menor sin ensuciarse las manos) apele por ejemplo a vender las acciones del Estado en las empresas en las que la ANSES tiene participaciones accionarias, para pagarles a Santa Fe y San Luis (y detrás por efecto cascada a las demás provincias) el retroactivo por los descuentos de impuestos ahora declarados inconstitucionales, desde el 1º de enero del 2006 para acá; o para pagar las jubilaciones y pensiones. Que es ni más ni menos que lo que propusieron los economistas de la Fundación Pensar, según veíamos acá. Sería una vuelta al menemismo explícito, privatizar empresas (o vender la participación estatal en ellas) para pagar deudas, o para "pagarles a los jubilados". Dado que tendrían que sortear la "ley cepo" que Cristina aprobó al efecto (y a la cual todo "Cambiemos" se opuso) ¿quién votaría en contra, si le tiran encima a los jubilados que quieren cobrar?")
Los entrecomillados son textual de la columna de Zaiat en Página 12 de hoy, completa acá.
La negritas son textuales de éste posteo del martes pasado.
Lorenzetti no debería dar conferencias de prensa? es un poder del estado, no debería también reclamarsele a él que se le quiere preguntar? no tendría que explicar en base a qué tomó semejante decisión?
ResponderEliminarfernandobbca
No afectará en las jubilaciones; si se hacen bien las cosas y se recortan todas las huevadas que está pagando el ANSES.
ResponderEliminar¿Serías tan amables de precisarnos un poco las "huevadas" que según vos paga ANSES y habría que "recortar", si es posible arrimando alguna cifra concreta?
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