viernes, 15 de enero de 2016

RECORDAR PARA ENTENDER



En estos días donde los Lanatta y Schilacci se escaparon de un penal de máxima seguridad después de haber sido útiles a la campaña de la AlianzaPROcambiemos;  que vimos los papelones de los gobiernos de Macri y de Heidi en los intentos por recapturarlos; que se multiplican operaciones de propaganda para disimular esos papelones (efedrina, Granero, Anibal F., maldita policía y servicio penitenciario, Mallo, etc., etc.); que la gestión del Estado es transferida a los representantes del poder económico concentrado; que las unidades de investigación de delitos son asignadas a los profesionales de los investigados, conviene detenerse un poco, recordar información disponible y sacar algunas conclusiones.

Verbitsky en Página 12 (5.12.2010)informó: Hace diez meses, en esta página se describió la operación contra Aníbal Fernández impulsada por el jefe del Sedronar, el odontólogo patagónico José Granero, quien no sólo abasteció de datos tendenciosos a la embajada, sino también a Elisa Carrió, de la CCL, y a Graciela Camaño, del Peronismo opositor. Las cámaras federales de la Capital y de San Martín ordenaron que se investigara al jefe de la Sedronar. La primera le atribuyó “fallas notorias en los procedimientos de control” de precursores químicos. Un procesado en la causa Ascona obtuvo su inscripción presentando una fotocopia de su DNI, y la Secretaría ni siquiera constató si sus domicilios declarados eran reales. 

También se otorgaron los certificados de importación sin averiguar “cuáles eran las empresas que adquirirían la efedrina”. La de San Martín fue aún más directa: Granero “no habría cumplido con el ejercicio del poder de policía”, por lo cual ordenó que se lo indagara como partícipe en los delitos con estupefacientes investigados en la causa Poggi. También compromete a Granero la causa que lleva el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a raíz del hallazgo de más de siete kilos de cocaína en la puerta de una camioneta del Sedronar. Granero dijo que provenía de un procedimiento realizado en Santa Fe, pero ni el tipo de producto ni su envase coincidían. Ya han sido procesados dos de sus colaboradores y Granero ha logrado postergar ese destino mediante una serie interminable de chicanas, primero en la Cámara de Casación, que retuvo el expediente más de un año, y ahora en la justicia federal de Quilmes, ante la que apeló la citación a indagatoria, una anomalía jurídica. El informe del Departamento de Estado encomia la tarea del Sedronar y lamenta que carezca de recursos suficientes para cumplirla, de lo cual culpa a la débil coordinación con el Ministerio de Justicia. 

En la investigación de Elisa Carrió sobre presuntas vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales con el “Narcotráfico y el crimen organizado”, se mencionan “maniobras de Aníbal Fernández para limitar el accionar de la Sedronar en el combate del consumo de drogas y narcotráfico, limitando y obstruyendo el normal ejercicio de sus competencias”. Como fuente, Carrió sólo menciona una visita de Granero al Congreso. 

La respuesta de la Comisión a la embajada recuerda que las competencias de la Sedronar fueron fijadas por decreto, “de rango inferior a las leyes, lo que el informe desconoce”, y que las responsabilidades competen en realidad a los ministerios de Salud, de Justicia y a la jefatura de gabinete. Agrega que “...la Sedronar carece de competencias para intervenir en procedimientos judiciales, si interviene las causas judiciales son nulas; tampoco puede dar órdenes a las fuerzas de seguridad ni tiene competencia para relacionarse con los magistrados y menos puede ordenar a los ministros”. 

Ése órgano de jerarquía inferior fue colocado en la órbita de la presidencia durante el gobierno de Néstor Kirchner, según un diseño del especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI. La embajada lo menciona como una de sus fuentes. Luego de ser relevado de su cargo por CFK pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por lavado de dinero. 

En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del fiscal anti-lavado Raúl Plee. El gobierno contraatacó, relevando a la titular de la UIF, Rosa Falduto, pero ahora debe enfrentar los embates contra su sucesor, José Sbatella, quien no es un especialista en la materia pero de quien nadie puede sospechar que trabaje en contra de los intereses del país, en colusión con enemigos internos y potencias externas....”

Leídas ahora sus afirmaciones permiten ser consideradas en perspectiva y vinculadas a distintos temas de actualidad:

- la operación mediática que pretende vincular a Aníbal F con el tráfico de efedrina es de vieja data;

- la habría filtrado tendenciosamente Granero;

- la Embajada de EEUU procesó el pescado podrido y se lo dio en grageas a Elisa Carrió y otros;

- para Carrió eso fue suficiente para tener por cierto y denunciar;

- su actualización publicitaria ahora, descontextualizada y cuando los presos se les escaparon a los macristas, es agigantada de manera directamente proporcional a su inconsistencia por todos los funcionarios en ejercicio, que pasaron pública vergüenza (están tan sucios que perdieron todos los escrúpulos, si no relean lo dicho por Ritondo);

- el especialista en lavado de dinero Juan Félix Marteau, asesor en la materia del FMI, asesoró a Néstor Kirchner;

-  el estudio de Marteu se pasó de asesorar a entes de naturaleza pública internacional o nacional a hacerlo con personas físicas  y jurídicas denunciadas por lavado;

- miembros de su estudio o profesionales directamente vinculados a Marteau están propuestos por el Ministerio de Justicia para cooptar la Unidad de Investigación Financiera (de presidente, Mariano Federici, asesor del FMI, consejero de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera presidida por Marteau; de vicepresidenta, María Eugenia Talerico, abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos; de directora de supervisión, María Celeste Plée; de Secretario Ejecutivo, Ignacio Hagelstron y de Director  de Asuntos Jurídicos, Federico Di Pasquale;

-  Juan Félix Marteu representa directamente a varios –y coordina la estrategia defensiva del conjunto- de los denunciados a partir de la filtración de Hervé Falciani;

-  con esto se desarticula el andamiaje operativo de la gestión de Sbatella, que se había hecho cargo de las posibilidades que brindaban  las normas anti-lavado aprobadas durante la gestión kirchnerista y las había aprovechado para acciones concretas en la lucha contra el delito (para ver la evolución normativa consultar acá);

- si no se ha avanzado más sobre el particular, se debió al entramado judicial connivente con el poder económico y financiero, y la complicidad mediática (el grupo Clarín es uno de los denunciados) y legislativa de los parlamentarios que antes eran opositores y ahora son oficialistas.

Todo tiene que ver con todo. Hacer el ejercicio de traer información disponible y tamizarla con lo que pasa en estos días nos aclara por donde pasan muchas de las cuestiones actuales. Ver más información sobre el tema de los propuestos para la UIF, acá.

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