MACRI Y SU FEDERALISMO A LA MENEM, CON LETRA DE MASSA Y LORENZETTI

Todo indica que el oficialismo se encamina a convalidar en la Comisión Bicameral el DNU que dejara sin efecto el de Cristina que les devolvía a las provincias el porcentaje de la coparticipación que se destina a la ANSES, luego de que sus dos fracciones internas se pusieran de acuerdo: o sea, la que lidera el propio Macri (que serían los "ultras", y el macrismo crítico (en los ratos libres) que encarna Sergio Massa.

Que es el que ha aportado la letra para el Decreto 406 (verlo completo acá en el Boletín Oficial) con el cual pretenden zanjar la cuestión, estableciendo un cronograma de 5 años (véase el detalle del título militante de la tribuna de doctrina, para el cual Macri ya devolvió lo que devolverá) para el reintegro total de los fondos; a cambio de una serie de condicionamientos de claro cuño menemista, plasmados en el mismo decreto.

En efecto, el artículo 1 del decreto crea el "PROGRAMA ACUERDO PARA EL NUEVO FEDERALISMO" (pavada de nombre se echaron, y eso que decían que no venían con ínfulas refundacionales), "...con el objetivo de alcanzar una propuesta para la eliminación de la detracción del quince por ciento (15%) de la masa de impuestos coparticipables..." (parece la famosa canción de Serrat), lo que a su vez se dará "...respetando la forma, el plazo y las condiciones establecidas en el artículo 4° de la presente medida...". 

O sea que no es simplemente cuestión de fijar un cronograma de devolución de fondos a las provincias de acá al 2021, sino del cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 4 del mismo decreto, a saber: 

"b) Se establecerá como parte del ACUERDO PARA EL NUEVO FEDERALISMO un régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el ESTADO NACIONAL, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de facilitar la extinción de las obligaciones recíprocas que se encontraren pendientes.

c) El Gobierno Nacional podrá proponer un régimen de transferencia de asignaciones, bienes y servicios actualmente administrados por el Gobierno Nacional, a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del ACUERDO PARA EL NUEVO FEDERALISMO.

d) Deberá propiciarse un incremento en la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecerse nuevas metas y parámetros superadores de los fijados por la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, así como un incremento de la inversión por parte de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en infraestructura básica, fundamentalmente en el sector de servicios.

e) El ACUERDO PARA EL NUEVO FEDERALISMO deberá garantizar el no agravamiento de la situación fiscal de la República Argentina a la fecha del dictado del presente decreto.

f) A los fines de alcanzar la conclusión del ACUERDO PARA EL NUEVO FEDERALISMO, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán brindar la información correspondiente a la ejecución presupuestaria, stock de deuda pública y demás datos requeridos por el artículo 7° de la Ley N° 25.917, a fin de garantizar la transparencia de la gestión y permitir un adecuado control del uso de los fondos públicos." (las negritas son nuestras)

La idea de meter en la discusión las deudas de las provincias con la Nación, la aportaron Lorenzetti y los cortesanos en un reciente fallo en el que rechazaron el planteo de Formosa reclamando la devolución del 15 %, que el decreto transcribe en parte: "..el Tribunal debe examinar en cada caso concreto los alcances y consecuencias de los comportamientos provinciales jurídicamente relevantes adoptados en el marco del derecho intrafederal por cada uno de los estados parte”, y que “...También debe analizar los compromisos asumidos en los sucesivos convenios suscriptos por las provincias con la Nación desde la instauración del ‘Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas’ (Decreto N° 660/10 y demás normas complementarias) y dilucidar aquello que hubieran resignado con el propósito de obtener el refinanciamiento del universo de deudas provinciales contemplado en dicho régimen...". (el decreto citado es el que creó el Programa Federal de Desendeudamiento, en el gobierno de Cristina).

De las otras condiciones, vemos que el gobierno pretende traspasarles exclusivamente a las provincias el esfuerzo financiero para garantizar la inversión en educación, ciencia y tecnología: en efecto, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (2005) ponía la meta de alcanzar el 6 % del PBI destinado a esos fines, pero los recursos necesarios los aportaban el conjunto de las provincias (el 60 %) y la Nación (el 40 % restante). 

Ahora la nación se retiraría del esfuerzo por sostener, o incluso mejorar esa meta: un dato a tener en cuenta cuando aun no se ha cerrado la paritaria docente (el fondo compensador salarial tuvo su origen en la misma ley), recordando además que en su momento la UCR (hoy aliado al PRO en "Cambiemos") se abstuvo con el argumento de que avanzaba sobre la autonomía de las provincias.

Y entre las demás condiciones que impone el decreto para el reintegro del 15 % de la coparticipación a las provincias -además de un monitoreo de sus cuentas por la Nación, al estilo del que el gobierno se prepara a aceptar por parte del FMI- está la de exigirles que hagan obras de infraestructura (¿y el Plan Belgrano?), que no agraven la situación fiscal del sector público (cosa que a Macri no le preocupa cada vez que rebaja o elimina retenciones o impuestos a los sectores más concentrados de la economía, o endeuda al país en dólares) y transferirles bienes, servicios "y asignaciones" (¿los ferrocarriles, la AUH, las pensiones no contributivas?) que hoy gestiona la Nación, a las provincias. Cualquier parecido con las políticas del menemismo en los 90' (cuando transfirió las escuelas y los hospitales) sería pura casualidad.  

Un cambio absoluto de paradigma respecto al modelo de relación entre la nación y las provincias construido por el kirchnerismo, en el que como decíamos nosotros acá "...funcionó un esquema compensatorio de la transferencia de los servicios sociales (escuelas, hospitales) a las provincias en los 90', absorbiendo por contrapartida el Estado nacional el peso de las políticas destinadas a morigerar los efectos sociales del neoliberalismo a través de mecanismos de protección social: ampliación de la cobertura previsional, AUH, ampliación de las pensiones no contributivas; sumado luego a la devolución al conjunto de las provincias de parte de la captación de la renta agraria diferencial del modelo sojero, a través del "Fondo Federal Solidario" creado por Cristina en el 2009 por el DNU 206..."

En el mismo Boletín Oficial de hoy también está publicado el Decreto 399 (verlo completo acá), por el cual se "corrige" el que le triplicara la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires; dejando establecido que el aumento de fondos no afecta los criterios de distribución del Fondo Federal Solidario (fondo soja) y no influye "...en la de otros sistemas o regímenes análogos actualmente existentes..."; lo que podría interpretarse como una referencia a la distribución de los recursos del FONAVI de acuerdo con la Ley 24.464.

Pero de ningún modo da marcha atrás en la decisión central que tomó Macri, que es la de triplicarle los recursos al distrito más rico del país; decisión de dudosa legalidad toda que echó mano a atribuciones otorgadas al presidente por la Ley 23.548 de coparticipación federal (1988); anterior a la reforma constitucional del 94' que estableció un riguroso esquema para aprobar modificaciones al régimen de distribución de los recursos entre la Nación y las provincias.

Así las cosas los "decretos correctivos" parecen espejitos de colores destinados a embaucar a los gobernadores y facilitar la aprobación del DNU por el Congreso; mientras se los intenta convencer de que aportes los votos de los legisladores que les responden para la derogación de la ley cerrojo y la de pago soberano local; con la promesa de que de tal modo accederán a endeudamiento para hacer obras.

Un endeudamiento que no sería necesario si les devolvieran lisa y llanamente los recursos, y no pretendieran tirarles por la cabeza responsabilidades que son de la Nación.