El Decreto 394 (completo acá) que instrumentó los cambios en Ganancias determinó que empezaran a pagar el impuesto 220.000 trabajadores que no lo hacían desde el 2013, y unos 110.000 jubilados, entre beneficiarios nacionales y provinciales.
Es el que fijó el mínimo no imponible en 30.000 pesos, aunque técnicamente lo que hace es fijar el monto de las ganancias no imponibles, y de las deducciones generales y por cargas de familia.
Pero es además una norma de legislación delegada, en los términos del artículo 76 de la Constitución: al dictarlo Macri hizo uso de la facultad que le delegó el Congreso al Poder Ejecutivo por el artículo 4 de la Ley 26.731 (2011) de "incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,...".
Por ende, y de acuerdo a los artículos 1 inciso b), 2 inciso b), 11, 12 y 13 de la Ley 26.122 (2006), tiene que ser remitido al Congreso, por intermedio de la Comisión Bicameral Permanente que también analiza los DNU. Así lo dispone el mismo decreto en su artículo 4.
De modo que cuando la norma aterrice en el Congreso tiene Massa la oportunidad al alcance de la mano pasra demostrar que lo suyo no es simplemente jarabe de pico, e instruir a su diputado estrella en la Bicameral para votar en contra del decreto; con el argumento de que hace que empiecen a pagar el impuesto más trabajadores y más jubilados, y que fija el mínimo en la mitad del que él estima adecuado.
¿O va a encontrar otra "solución creativa" al estilo del DNU sobre el 15 % de la coparticipación?
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