La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, organismo encargado de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, ha sufrido desde el mes de enero de 2016, un vaciamiento sin precedentes en su estructura y funcionamiento, incluyendo el despido masivo de técnicos, profesionales y personal de distintas áreas pertenecientes al organismo.
Los recientes 200 despidos decididos en éste mes de marzo por la gestión Macri, se suman a los ya efectuados durante los meses de Enero y Febrero de éste año, totalizando alrededor de 500, que resultan la tercera parte de la estructura de personal existente en la Secretaría al mes de diciembre de 2015.
El vaciamiento se encuentra planificado en función de lo solicitado por las cámaras empresarias, quienes requirieron en nombre del “libre mercado”, que el organismo dejara de controlar estructuras de costos y de efectuar el seguimiento de los precios de los productos y su variación.
Por ello, por Resolución del actual Secretario, se derogó el Régimen Informativo de Precios (Sirip); un esquema de monitoreo por el cual las grandes empresas del país estaban obligadas a informar mensualmente los precios de sus productos, lo que posibilitaba además ante un incremento de precios, establecer que rentabilidad obtenía cada sector de la cadena (productor, intermediario o supermercados). Ya no es posible acceder a esos datos, porque el organismo derogó ese importantísimo sistema de información.
Las cámaras empresarias también solicitaron la eliminación del Programa Consumo Protegido, puesto en marcha a partir del mes de diciembre de 2014 en base a la sanción de la Ley 26.993, que estableciera el sistema COPREC (Concilación Previa del Consumidor), consistente en la conciliación obligatoria previa en los reclamos originados en la Ley 24.240 y demás normativa referida al consumo.
Las empresas y comercios conforme a la Ley 26.993, debían presentarse obligatoriamente a la conciliación, y de no hacerlo, eran sancionados con multas por la Secretaría de Comercio Interior. El COPREC durante el año 2015 tramitó más de 50.000 denuncias efectuadas por usuarios y consumidores contra las empresas, por deficiencias en productos o en la prestación de servicios..
En una entrevista efectuada por radio Del Plata, Augusto Costa , quien fuera Secretario de Comercio Interior hasta Diciembre de 2015, manifestaba que el Programa Consumo Protegido contaba para su funcionamiento (para atender 50.000 casos en un año), con una estructura de 70 personas, entre profesionales y demás personal. De las 70 personas vinculadas al programa, fueron despedidas 50 durante el año 2016.
El plan comenzó primero a ser desmantelado con la quita de publicidad en la vía pública y medios de comunicación, y ahora con los despidos, más la decisión de archivar las causas en trámite iniciadas por la gestión anterior.
Otra área desmantelada, es la perteneciente al Programa de Precios Cuidados, cuya eficacia y éxito hasta el año 2015, solo puede ser discutida por quien ignora deliberadamente datos de la realidad. Al programa se lo redujo en 2016 a menos de 200 productos (suprimiendo carne, frutas y verduras), cuando antes involucraba más de 500 productos.
En ese marco, fueron despedidos un elevado número de los trabajadores encargados de efectuar los relevamientos para conocer el grado de cumplimiento del programa, Y también los empleados que recibían los llamados con las denuncias sobre incumplimientos.
A través de los despidos, se desintegraron deliberadamente equipos de trabajo consolidados y con experiencia tanto de campo como en el manejo estadístico, y que por ejemplo, tenían a su cargo recolectar información de las empresas en relación a volumen de ventas a través de programas como el Ahora12.
Los despedidos no se limitan a los programas Precios Cuidados y Consumo Protegido: también fue despedido numeroso personal perteneciente a las áreas de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y Comercio Exterior.
En la Subsecretaría de Comercio Exterior se dejó de planificar el flujo anual de importaciones de cinco mil empresas, lo que se hacía en función de la inversión y las exportaciones estimadas. Ese trabajo dejó de realizarse por completo desde enero de 2016, y las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones, que permitían administrar todo el abanico importador, quedaron limitadas a menos del 20% de las posiciones arancelarias.
La invasión de productos importados con impacto negativo en la producción argentina, y por lo tanto en el empleo, se torna inevitable; y ya se está verificando en algunos rubros. Y en el área de Lealtad Comercial fue eliminado el Sistema de Fiscalización de Rótulos , que se aplicaba para regular el engaño o falsedad de datos en las etiquetas que poseen los productos.
A partir de las medidas tomadas por la gestión Macri, hoy la desprotección de los usuarios y consumidores argentinos es alarmante .
Si bien siempre queda la posibilidad del reclamo judicial, muchas veces éste se vuelve inviable por lo que significa litigar y por el bajo costo de muchos productos, como un secador de pelo, una plancha o un reproductor de música, por poner solo algunos ejemplos.
Ni hablar en otros casos, como por ejemplo si alguien advirtiera en el actual reducido Precios Cuidados, la falta de productos o la falta de exhibición de precios. Nadie iniciaría una demanda personal, y si el organismo encargado del cumplimiento de la ley no la hace observar, el consumidor sufre un perjuicio sin que el Estado intervenga como es su deber, según lo establece en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Con las medidas adoptadas por la gestión Macri, el Derecho del Consumidor se vuelve letra muerta.
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