Tal como se esperaba y anunciaba,
la votación en el Senado del pacto con los fondos buitres tuvo un resultado contundente a favor del gobierno, alcanzando a más de la mitad de los votos del bloque
PJ FPV, según se afirma por la presión de los gobernadores; que con la sola
excepción de Alicia Kirchner habían desfilado antes por el Congreso para apoyar
el acuerdo.
Incluso senadores y senadores que
habían anticipado su voto en contra lo terminaron haciendo a favor, y hasta el
propio Rodríguez Saá (que no forma parte del bloque PJ/FPV, por supuesto)
contradijo a su hermano el gobernador, que se manifestó en contra del proyecto
en su visita al Congreso.
Puestos a buscar razones de tan
extendido “consenso” (incluso el de los conversos de última hora) aparece
flotando en los análisis la sombra de la Banelco, cuestión que eventualmente
conoceremos -si ocurrió más- adelante. ¿Acaso cuando Carrió decida convertirse
definitivamente en la Chacho Alvarez de “Cambiemos”?
Más allá de esas especulaciones y
dentro de las razones confesables del apoyo, se apela como la principal a la
necesidad de fondos de los gobernadores, que se puede entender en más de un
sentido, todos ellos no necesariamente excluyentes entre sí. Corresponde
entonces analizar someramente su consistencia.
Un probable motivo “de pesos”
para el acompañamiento de los gobernadores del peronismo/kirchnerismo son las
necesidades financieras más acuciantes e inmediatas, que el gobierno de Macri
atendió mediante “transferencias especiales” en estos meses de gobierno.
Sin embargo si se analizan los
números, esa explicación no parece muy convincente: por diferentes decretos
dictados desde enero para acá, Macri otorgó 20.510 millones de pesos a 9
provincias, de las cuáles solo 2 (Entre Ríos y Catamarca) son gobernadas por el
FPV/PJ. Otras 4 corresponden a terceras fuerzas (el delasotismo, el MPN, el
dasnevismo y el socialismo santafesino), y 3 a “Cambiemos” (Jujuy, Buenos Aires
y Mendoza).
En plata, las provincias “K”
recibieron apenas el 3,90 % de esos fondos, lo que debe contrastarse con las
oficialistas, que se llevaron el 80,74 % de los “anticipos financieros”, porque
eso fueron en todos los casos: fondos que se anticipan de la coparticipación
federal que le corresponde a cada provincia, y que luego se le descontarán de
las transferencias por coparticipación en el transcurso del año. Es decir que
ni siquiera estamos hablando de recursos adicionales por fuera de los que
legalmente les corresponden, como sería el caso de los Aportes del Tesoro
Nacional (ATN).
Se adujo también que los
gobernadores canjearon su apoyo al proyecto por la normalización de los pagos
de la nación a las obras públicas que se ejecutan en las provincias y que
estaban interrumpidos, provocando suspensiones y despidos. Sin embargo, la
Inversión Real Directa (es decir, la obra pública) del Estado nacional acusa
una caída interanual del 30 %, y si se consideran las “Transferencias de
Capital” (es decir el dinero que la nación gira a las provincias para que
paguen obras que contrataron ellas pero financia el Estado central) la caída fue aun mayor, del 33,2 % interanual.
Otro de los presuntos “caramelos”
ofrecidos a los gobernadores para que apoyaran el arreglo con los buitres,
fueron los cambios prometidos en el régimen de coparticipación federal. En ese
sentido las reuniones con Frigerio no pasaron de promesas, y analizábamos acá como Macri trató de evitar que le voltearan en el Congreso
el DNU que derogó el de Cristina que les reintegraba a las provincias la parte
de la coparticipación que se destinaba a la ANSES con una engaña pichanga,
prometiendo una devolución gradual de los fondos.
Que aun no se ha concretado, y
que pasa por devolver un 3 % de ese 15 % de la masa coparticipable éste año en
efectivo y otro 3 % con un bono del Estado nacional, pero en el caso de los
fondos “cash”, a cambio de esos recursos dejarían de llegar a las provincias
otros que actualmente les llegan por “transferencias especiales”: o sea, suma
cero.
En el caso de la coparticipación,
lo real es que el 91 % de los fondos nacionales que llegan a las provincias lo
hacen en forma directa, automática y en base a índices preestablecidos, que por
ende no dependen del humor presidencial, o la lapicera de Macri; y la
coparticipación secundaria (es decir la parte que le toca a cada provincia en
el reparto) se mantiene inalterable desde la Ley 23.548 (1988), cuyos
indicadores favorecen a las provincias del NEA/NOA y Patagonia. Por esa razón
en la reforma constitucional del 94’ establecieron un mecanismo para reformar
el régimen que lo hace políticamente imposible, y por esas razones la oferta
del gobierno de llevar adelante “negociaciones bilaterales” es absurda.
Pero además queda la cuestión de
lo que nosotros en esta entrada llamamos “oportunismo fiscal”: las
provincias (y no sólo las que Caballo podría llamar “inviables”) prefieren
reclamar a la nación mejoras en la coparticipación en lugar de cobrar más
impuestos propios, captando rentas disponibles localmente como la agropecuaria
o la minera; cuestión que a su vez tiene relación directa con la voracidad por
“volver a los mercados de capitales” y tomar deuda.
Precisamente por ese lado
-entendemos- es que hay que buscar las razones determinantes del amplio apoyo
de los gobernadores peronistas al acuerdo con los buitres: la tentación del
endeudamiento es muy grande, porque permite no pagar costos políticos hoy y
diferirlos al futuro, con precedentes que lo alientan: tras el festival de
endeudamiento de los años 90’, las deudas en moneda dura contraídas por las
provincias y municipalidades fueron pesificadas en el 2002 a $ 1,40 + CER por
dólar, y la diferencia con el tipo de cambio oficial terminó siendo
íntegramente absorbida por la nación, y pasó a engrosar la deuda externa con
los organismos multilaterales, que no fue defolteada ni ingresó en los canjes
del 2005 y 2010.
Si es por obtener fondos para
obras de infraestructura en las provincias ya estaban disponibles hoy, sin
necesidad de arreglar con los buitres, líneas de diferentes organismos
multilaterales (CAF, BID, BIRF, Banco Mundial); y con condiciones de plazos y
tasas seguramente más beneficiosas que las de la banca privada.
Porque precisamente lo que brilló
por su ausencia en el debate del pacto buitre fue precisar que deuda se piensa
tomar, con quién, para qué y en qué condiciones, si tiene o no capacidad de
repago en dólares (por ejemplo financiando proyectos que mejoren las
exportaciones, o permitan sustituir importaciones y alejar la restricción
interna); requisito éste que no necesariamente cumplen todas las obras de
infraestructura.
¿O acaso se piensa en deuda con
la banca privada en condiciones gravosas, destinada a financiar gastos
corrientes y que no sólo agravará la situación de las cuentas públicas
provinciales, sino la restricción externa de la economía en general?
Pero además, tuvieron un rol
protagónico en el debate senadores como Pichetto o Perotti, que no tienen
detrás suyo un gobernador del mismo signo que les exigiera levantar la mano; y
en el caso de Santa Fe, con una provincia cuyo gobierno ha sub-ejecutado
recursos provenientes del endeudamiento ya acordado antes del levantamiento del
“cepo” y el arreglo con los buitres, y contará con recursos adicionales
provenientes del fallo de la Corte por los fondos de la ANSES, que son mayores
que los que quiere obtener Lifschitz endeudándose en dólares; y que por ley de
la Legislatura provincial deben destinarse -precisamente- a obras de
infraestructura.
Paradojas del destino: justamente
por esas razones, el PRO santafesino se opone a autorizarle al gobierno del
FPCYS endeudamiento por 500 millones de dólares, aunque Macri invita a los
gobernadores a apoyar el acuerdo con los buitres para sumarse a la fiesta del
endeudamiento; de resultas de lo cual Perotti resultó ser en ésta cuestión más
papista que el Papa.
Apoyando el acuerdo con los
buitres, los gobernadores peronistas y los senadores que respondieron a sus
pedidos lo que están haciendo en la práctica es en lo económico, convalidar la
vuelta del país al modelo de endeudamiento para financiar la fuga de capitales;
y en lo político consolidar al macrismo asumiéndose como co-gobierno, tal como lo destacaba ayer Pagni en su columna en La Nación.
Aunque en un inverosímil debate
-donde vimos el desfile absurdo de los que abundaban en argumentos para votar
en contra, para terminar votando a favor- muchos senadores se esforzaran en vano
por demostrar lo contrario.
Si mal no entendí tu tesis sobre la conducta del peronismo realmente existente se debe a la futura posibilidad que tendrá cada provincia de endeudarse en dólares, pasarlos por el BC, y, con los pesotes correspondientes al tipo de cambio, levantar muertos varios, alguna obrita porái y sostener empleo estatal.....
ResponderEliminarSi es así.... el pragmatismo cortoplaicista nos va a hacer pelota en menor tiempo de lo que llevó al 2001...
De todas maneras y a pesar de ello, creo yo que es hora que en nuestro partido se den cuestiones que aborden un cacho de ideología.... digo...
Saludos
101 % de acuerdo
ResponderEliminarEl problema, lo que subyace, es que lejos de todo el rosquerío hay una población que está empobreciéndose a toda velocidad. Y no encuentra en los dirigentes que deberían defenderla la voluntad de ponerle un freno al macrismo. Por lo tanto, y al quedar anulados los caminos institucionales para dirimir conflictos, éstos se harán más virulentos y se desplegarán fuera de los caprichos de los legisladores. Una vez más, la bases están a punto de desbordar a su dirigencia.
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