¿ACLARAN U OSCURECEN?

Las contradicciones no deberían extrañar en un gobierno que -como dijo Cristina- denuncia sobreprecios en la obra pública, y saca un decreto para "redeterminar" (o sea, indexar) los contratos de esas mismas obras en las que aduce que existen sobreprecios.

O en todo caso sí debería extrañar que en un gobierno donde los funcionarios que vienen de la patria contratista (empezando por el propio presidente) son legión, se diga que se busca transparentar la obra pública para evitar la cartelización, la corrupción y los sobreprecios.

Para lo cual y como leíamos acá en El Cronista, enviarían un proyecto de ley al Congreso para -entre otras cosas- crear un registro de contratistas de obras públicas, un régimen de sanciones para los mismos, publicarán en Internet los pliegos (que serían gratuitos) y adoptarían medidas para prevenir la cartelización de ofertas en las licitaciones.

Que es como decir que el agua moja, o descubrir el agujero del mate: el registro existe desde que se sancionó en 1947 en el primer gobierno de Perón la Ley 13.064 (ver su artículo 13), y el régimen de sanciones vigente por incumplimiento data del Decreto 1724 de 1993. Ni hablar de la publicación de los pliegos en la web, que es algo que existe desde que existe la web.

Lo de la gratuidad de los pliegos solo puede atribuirse al deseo de hacerles ahorrar una manguitos a Calcaterra o Nicky Caputo: nadie puede creer que en contratos del volumen de los que se manejan en la obra pública una empresa no pueda pagar por un pliego.

Ni hablemos de la cartelización: la Ley 25.156 (1999) ya tipifica en su artículo 2° inciso d) como conducta distorsiva de la competencia "Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos". A propósito ¿alguien sabe en que anda la tan mentada "reactivación" del área de Defensa de la Competencia que prometió Macri como herramienta para luchar contra la inflación?   

Aun así, el artículo destaca que el proyecto contempla que en algunos supuestos los contratos podrían ser declarados "confidenciales" y en consecuencia inaccesibles para el público, poniendo el ejemplo del acuerdo YPF-Chevrón. Lo cual es preocupante porque YPF es una sociedad anónima, y en éste caso estamos hablando de contratos administrativos del Estado, celebrados en su condición de administración pública: ¿acaso están pensando en extender el precedente a más casos, violando el régimen de acceso a la información pública vigente (Decreto 1172/03), mientras dicen impulsar en el Congreso una ley en la materia? 

Tal comportamiento sería sin embargo coherente con otros actos del propio gobierno en materia de contrataciones del Estado, que solo aportan oscuridad: veíamos acá como fue el propio Macri el que aumentó en un 650 % el tope de los contratos a partir del cual es obligatorio hacer licitación pública; y ya envió al Congreso un proyecto de ley creando el régimen de "asociación pública-privada", pensado para atraer inversores extranjeros a que vengan al país a ejecutar obras públicas, o asumir la concesión de servicios públicos.

De acuerdo al proyecto (considerado "fundamental para atraer inversiones"), no sería obligatorio en esos casos contratar por licitación pública, ni aplicar la ley de obras públicas o el reglamento de contrataciones del Estado (Decreto 1023/01), ni publicar las adjudicaciones en el Boletín Oficial, ni respetar las normas del régimen de "compre argentino".

Y además estaría prevista la posibilidad de pactar arbitrajes (incluso en el exterior), y disponer prórrogas de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros, sacando a los contratos de la justicia contencioso administrativa federal como lo dispone la Ley 13.064 en su artículo 55.

Las empresas podrían interrumpir la ejecución de los contratos cuando lo crean oportuno (aunque el Estado cumpla regularmente con las obligaciones a su cargo), y podrían ceder los contratos o subcontratar con terceros, sin necesidad de previa autorización del organismo público comitente.

Con el antecedente cercano a la vista de la tergiversación por decreto de la ley de tierras también pensado para favorecer a inversores extranjeros, cabría preguntarse si lo que el gobierno quiere hacer en materia de contrataciones del Estado es aclarar u oscurecer más las cosas.

Y que harán al respecto en éste caso los "opositores responsables": ¿repetirán el papelonazo de los fondos buitres, el blanqueo y el saqueo del fondo de la Anses?

Todo parece indicar que sí: acá Laspina dice que "la propuesta tuvo “buena recepción” en la cámara alta, y agregó que “lo esperamos en Diputados para mediados o finales de agosto”...". O sea que del Senado por lo menos saldría con fritas.