Ahora que a raíz de los casos López y Lázaro Báez algunas almas bellas han descubierto que existe algo llamado "patria contratista" que lucra con la obra pública (aunque tengamos un presidente cuya fortuna familiar tenga ese origen), nos pareció propicio ilustrar como funciona con un ejemplo práctico, pero que tuviéramos cercano acá a la mano en Santa Fe. Que los hay, como no.
Y el ejemplo elegido (como pasa con todo representante de la patria contratista que se precie) atraviesa los gobiernos y los colores
políticos: es la empresa Dycasa, beneficiada por el gobierno de Reutemann con la concesión
por 15 años de la autopista Santa Fe-Rosario, a través del Decreto 2719 de
1994; de modo que cuando Hermes Binner llegó al gobierno en diciembre de 2007
aun estaba a cargo de la concesión, a través de AUFE, la sociedad que tuvo que
conformar para explotarla.
En agosto del 2008
Binner dictó el Decreto 2049 por el cual se “readecuaba” la concesión,,
aumentando el monto del peaje un 38 % de un saque y disminuyendo correlativamente las obligaciones de inversión en
obras que la concesionaria tenía que hacer; para "recomponer la ecuación económica de la concesión", según se dijo entonces. Además por el mismo decreto se prorrogó de hecho la
concesión hasta bien entrado el 2010, cuando había pasado más de un año del
vencimiento.
En el mismo
gobierno de Binner se le adjudicó a Dycasa la obra de la primera etapa del Cemafe, a
través del Decreto 1664 de septiembre del 2010. La obra tenía un plazo de
ejecución de 450 días corridos, es decir que debió haber estado finalizada más
o menos para fines de noviembre del 2011; y la oferta adjudicada era de $
42.375.274,19.
Sin embargo veíamos acá que recién hacia noviembre del 2014 (o sea, tres años más tarde de
lo previsto) se pudo terminar esa primera etapa, pero a un costo que se había
disparado a $ 117.061.091,83 (un 176,22 % de aumento del presupuesto oficial);
a fuerza de “adicionales de obra; “trabajos extracontractuales”,
“redeterminaciones de precios” y otras yerbas.
Ya en el gobierno
de Bonfatti y en el marco del donminado “Plan Abre” (ver al respecto acá, de que se trata), en diciembre del 2014 se le adjudicaron a Dycasa dos obras más: 134
“soluciones habitacionales” en parque Avellaneda oeste de Rosario (por el
Decreto 5128) y otras 148 “soluciones” más, en el mismo lugar (por el Decreto
5129).
La primera obra tenía un presupuesto oficial de $
64.854.243,10, y le fue adjudicada a Dycasa por $ 75.213.474,51 (o sea un 15,97
% más cara); y la segunda contaba con un presupuesto de $ 71.479.300,88, y la
empresa la cotizó a $ 82.967.362,44, es decir un 16,07 % por
encima del presupuesto oficial (¿el famoso “Movicom” de Méndez?).
Ambas tenía un
plazo de ejecución de 12 meses, con lo cual a diciembre del año pasado las 282
“soluciones habitacionales” tendrían que haber estado terminadas. Pero sin
embargo tampoco en éste caso sucedió lo previsto en los pliegos.
En el caso de las
primeras 134 “soluciones habitacionales”, en noviembre del 2015 (últimos días
del gobierno de Bonfatti) hubo una primera “redeterminación de precios” a
través del Decreto 4297, luego otra casi simultánea (por Decreto 4299) y en
junio de éste año (es decir, seis meses más tarde del plazo original de
finalización de las obras) hubo dos más, a través de los Decretos 1445 y 1446.
Como consecuencia
de las cuatro “redeterminaciones de precios” las 134 “soluciones
habitacionales” aun no finalizadas pasaron a costar $ 103.541.154,13, o lo que
es lo mismo, un 37,66 % más que el contrato original y un 59,65 % más que el
presupuesto oficial; en 18 meses.
Algo parecido
ocurrió con las restantes 148 “soluciones habitacionales”: entre diciembre del
2014 y junio de éste año el contrato tuvo un adicional de obra (Decreto 1203 de
abril de éste año) y cuatro “redeterminaciones de precios”: Decretos 4295 y
4298 del año pasado, y 1443 y 1444 de éste año; los últimos dos ya en el
gobierno de Lifschitz.
Como consecuencia,
la obra (aun no finalizada, seis meses más tarde del plazo previsto) pasó a
costar $ 112.990.060,79, o sea un 36,18 % más cara que la oferta original de
Dycasa, y un 58,07 % más que el presupuesto oficial., en un año y medio.
Resumiendo: ambas
obras (artificialmente desdobladas además) tuvieron en conjunto un presupuesto
oficial de $ 136.333.543,98, fueron adjudicadas a la misma empresa en un total
de $ 158.180.836,95 y terminarían costando (al menos por ahora) $
216.531.214,92.
La diferencia de más de 80 millones de pesos -constatada en solo dos obras públicas adjudicadas a una misma empresa- equivale
a cuatro veces el importe del subsidio que el Estado provincial invertirá para que losclubes de barrio de la provincia paguen el 50 % de la tarifa de la luz.
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