DISCUTEN COMO REPARTIR LA TORTA, PERO DE AGRANDARLA NI HABLEMOS

En la previa de la reunión de los gobernadores con Frigerio se había generado tanta expectativa sobre todos los temas que estarían en la mesa, que uno podría pensar que estábamos poco menos que ante la refundación del federalismo en el país: la nueva ley de coparticipación (adeudada desde 1996), la situación de las Cajas de Jubilaciones provinciales y la “armonización de los sistemas previsionales”, la actualización del fondo del conurbano bonaerense -entre otros temas- iban a entrar en la discusión.

Lo que terminaron firmando no tuvo nada que ver con todo eso, y fue bastante pobre. La ratificación del compromiso que asume la nación de devolver progresivamente el 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a financiar a la ANSES, en parte en plata y en parte en préstamos del Fondo de Garantía (“la plata de los jubilados”), de acá al 2020.

O sea lo mismo que estaba en el DNU de Macri que dejó sin efecto otro DNU que había sacado Cristina, cuando se conocieron los fallos de la Corte Suprema en los reclamos de San Luis, Santa Fe y Córdoba; y lo mismo que ya estaba ratificado por ley en los artículos 24 a 26 de la “ley ómnibus” que contenía el blanqueo de capitales: es decir, una foto para los medios, humo y espejos, y casi nada más.

El famoso “pacto fiscal” planteado por el gobierno en busca del “déficit cero” (dos retornos de los 90’, que no son casualidad) quedó en una mera “carta de intención”, por una razón muy sencilla: los gobernadores (todos, los propios, los ajenos y los que están en tránsito de un lugar a otro) le esquivan el bulto a asumir compromisos concretos de ajuste, y compartir así con Macri el costo político de hacerlo; justo la semana en que el presidente nos anunciaba a todos que el ajuste vino para quedarse, y apenas comenzó con el tarifazo. Si el gobierno sabe ver, le han puesto un límite concreto al “acompañamiento y trabajo en equipo”, al menos por ahora.

Como otro dejavú de tiempos pasados, Schiaretti reflotó la vieja idea de Cavallo (al fin y al cabo, un invento político de De La Sota) de reemplazar Ingresos Brutos por un “IVA provincial”, algo que con seguridad tendrá poco eco: IB representa el grueso de la recaudación proveniente de impuestos propios en la mayoría de las provincias; y prescindir de esos ingresos por otro impuesto de dudosa percepción las obligaría a buscar otras fuentes de ingresos, políticamente complejas, como el impuesto a la herencia o aumentar los avalúos fiscales del inmobiliario rural.

Ni falta hace aclarar que la posibilidad de alumbrar una nueva ley de coparticipación federal (como se prometía en las vísperas del encuentro) corresponde hoy por hoy al territorio de la política ficción: las consabidas restricciones constitucionales (acuerdo unánime de todas las jurisdicciones, revalidado por las legislaturas de cada una de ellas y el Congreso nacional, con mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara) son imposición de las restricciones políticas existentes en 1994, que conservan vigencia hoy.

Ya hemos dicho en diferentes oportunidades que el esquema vigente de coparticipación secundaria (es decir la parte que le toca a cada provincia, dentro del total de las provincias) que viene de la Ley 23.548 (1988) y sus parches posteriores es -en términos relativos- favorable a las provincias “chicas” de menor desarrollo relativo. Por otro lado abrir esa discusión sería para el gobierno de Macri una caja de Pandora, cuando acaba de triplicarle por decretazo la coparticipación a la CABA, y la gobernadora de Buenos Aires (provincia históricamente postergada en la distribución de los recursos coparticipables) va a la Corte demandando la actualización del fondo del conurbano.

Y hablando de restricciones políticas para que la discusión sobre el punto avance, es oportuno reiterar lo dicho acá respecto al “oportunismo fiscal” de las provincias, que sopesan el costo político y administrativo de recaudar impuestos, y prefieren dejarlo en manos de la nación; en lugar de captar rentas disponibles localmente, sosteniendo en el tiempo estructuras fiscales regresivas; apoyadas justamente en Ingresos Brutos, en desmedro de otras fuentes de ingresos.

Como decíamos acá: cobrar impuestos tiene un costo político y administrativo, que las provincias prefieren que corra la Nación. Tomemos el ejemplo de Santa Fe con los datos de éste año: el presupuesto contempla ingresos por coparticipación de impuestos nacionales por $ 38.904.020.000, que la provincia recibe sin gastar un peso en recaudarlos, porque le ganó el juicio a la Nación para dejar de aportar el 1,9 % de esa coparticipación que recibía, a financiar los gastos de funcionamiento de la AFIP. Si esa contribución estuviera vigente, a Santa Fe recibir la coparticipación federal le “costaría” $ 739.176.380; o lo que es lo mismo 52,63 pesos por cada peso que aporte para financiar al organismo recaudador nacional.

La Administración Provincial de Impuestos (API) tiene asignado un presupuesto de $ 886.490.000 para recaudar (según el presupuesto) $ 26.248.757.000 en concepto de impuestos provinciales; o sea 29,60 pesos por cada peso que le cuesta a la provincia su organismo recaudador. La relación costo-beneficio era casi el doble con los fondos coparticipables antes de ganar el juicio, ni hablemos ahora.

Por otro lado no se puede obviar el contexto de la discusión, con marcada caída en términos reales de los ingresos fiscales en general, y de los coparticipables en particular; por el combo de la ostensible caída de la actividad económica y los “beneficios fiscales” que se vienen otorgando desde el cambio de gobierno: devolución del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, cambios en Ganancias de la 4º categoría por suba del mínimo no imponible, exenciones y diferimientos contenidos en la ley Pyme (que generaron quejas de algunas provincias en la discusión en el Senado) y los cambios en Ganancias, Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta (apuntando en los dos últimos casos a su derogación) contenidos en la ley del blanqueo. Ver más detalles en ésta nota de Claudio Scaletta en Página 12 de ayer.

A todo lo cual hay que sumarle la reducción de las retenciones a las exportaciones de soja (que impactan en las transferencias del Fondo Federal Solidario para que las provincias hagan obras), más la presión de los gremios por cambios de fondo en Ganancias, y la de los empresarios para ajustar los balances por inflación, licuando su carga fiscal por el impuesto.

Macri busca insistentemente comprometer a los gobernadores en un ajuste, que -por otro lado- ya avisó que vino para quedarse (en tarifas y en contención del gasto público), lo cual desnuda la cortedad de miras de muchos gobernadores: a cambio de apoyo a proyectos que le interesaban al gobierno, obtienen en términos reales menos plata; porque la caída en la recaudación, la rebaja del fondo sojero, y el brusco freno a las transferencias de capital (el paráte en la obra pública es notorio, y está haciendo sentir sus efectos en el empleo); que no se compensan por haber recuperado los fondos que iban a la ANSES. 

Por otro lado, poner en riesgo la sustentabilidad a futuro del sistema de seguridad social en sentido amplio (incluyendo por ejemplo la AUH) como lo hace la "reparación histórica a los jubilados es una bomba de tiempo que les explotará políticamente a las provincias, y no solo al Estado nacional. No se pone en discusión el modelo de reparto de competencias entre la Nación y las provincias, y ante las dificultades fiscales de éstas, el gobierno nacional les da la alternativa de endeudarse para cerrar la brecha, de allí el apoyo de los gobernadores al acuerdo con los hold outs, aunque se dijera que la salida a los mercados era para financiar obras (ver acá los datos que aporta Zaiat sobre el nuevo endeudamiento). Pero luego se les exige a cambio un ajuste, que deprime la actividad y los ingresos provinciales, y suma presión al gasto social que en buena medida corre por cuenta de las provincias.

La discusión no es financiera (como suponen algunos gobernadores con mentalidad puramente administrativa o comarcal), sino sustancialmente política y así la entiende el macrismo. Y si los gobernadores no lo comprenden, se los van a llevar puestos: ya se está hablando de “industrias no competitivas” que deben “reconvertirse", como antes se hablaba de “provincias inviables”, otro giro idiomático de los 90’ que podría reaparecer en breve en el discurso oficial.

Mientras todos discuten como se reparte una torta cada vez más exigua (aunque el capital se queja de “la excesiva presión tributaria”) nadie habla de agrandarla, captando local o nacionalmente grandes rentas disponibles mediante una reforma tributaria integral, de sentido progresivo y equitativa, que genere mayores recursos que luego se puedan distribuir vía coparticipación.

Eso sería discutir el poder, o “con” el poder real, y ahí está el problema, porque la mayoría de los gobernadores no quieren hacerlo (la capacidad de lobby de ese poder para eludir impuestos es mayor a escala provincial), y Macri no puede, porque lo representa, ése es todo el asunto.